Gobernador de Antioquia explica la propuesta de obras por impuestos: así funcionaría el mecanismo para reconstruir Colombia tras el terremoto

El mandatario se refirió a la reunión que mantuvo con Abelardo De la Espriella y la propuesta de reconstruir el occidente de Colombia.
El proceso de reconstrucción podría tardar años, dada la magnitud del terremoto. Crédito: Colprensa

En una reciente entrevista concedida a La FM, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, puso sobre la mesa una propuesta de envergadura nacional orientada a transformar el mecanismo tradicional de obras por impuestos en un programa integral de reactivación y desarrollo denominado Reconstrucción por Impuestos (Rexi).

La iniciativa fue presentada formalmente al presidente Abelardo De la Espriella en una reunión realizada en Antioquia, con el propósito de agilizar la construcción de infraestructura social, vial y habitacional en distintas regiones del país mediante la participación activa y repotenciada del sector privado, luego del terremoto de magnitud 7,4 en su epicentro del 10 de agosto que afectó al occidente de Colombia.

¿Cómo funcionaría el mecanismo de obras por impuestos?

Durante el espacio radial, el mandatario departamental explicó que el esquema clásico de obras por impuestos ha demostrado ser sumamente exitoso para llevar condiciones de bienestar y progreso a zonas históricamente golpeadas por la violencia y las limitaciones estatales. Sin embargo, advirtió que el cupo actual del Confis se encuentra limitado a un escaso 1% del recaudo anual de renta, lo que restringe su potencial expansivo.

Ante este panorama, la propuesta central consiste en ampliar el cupo Confis hasta un 10%, destinando el 90% de dicho porcentaje de manera específica a labores de reconstrucción nacional. Para facilitar la vinculación de los contribuyentes, la Gobernación de Antioquia ideó un formato similar a una gran plataforma digital de comercio o entretenimiento, donde las empresas pueden explorar un "supermercado" de proyectos debidamente estructurados, diseñados a detalle y previamente avalados por los ministerios sectoriales correspondientes o por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

"Si hay un solo contribuyente que tiene la capacidad de hacerla, puede escoger ese proyecto o si debe juntarse con otros, se juntan y lo sacan adelante desde la estructuración del proyecto hasta la entrega final", indicó Rendón, destacando los altos niveles de transparencia del proceso.

Bajo este modelo, los privados ejecutan las obras por anticipado; si los recursos superan el costo inicial, los excedentes se devuelven al erario público, y si faltan, las empresas asumen la diferencia. La iniciativa ya ha tenido un primer acercamiento favorable con el Gobierno Nacional, el cual solicitó coordinar mesas técnicas de trabajo con equipos especializados de ProAntioquia y corporaciones de ingeniería con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de mecanismos en el departamento.

Situación de orden público y nexos criminales en Antioquia

En la última sección del diálogo sostenido con este dial, la conversación giró en torno al complejo panorama de seguridad y orden público que atraviesa la región antioqueña. Las autoridades confirmaron recientemente información oficial sobre la existencia de alianzas criminales entre cabecillas de las disidencias armadas y estructuras del Clan del Golfo en Antioquia, dinámicas que han desencadenado diversos enfrentamientos armados en los últimos días.

El gobernador enfatizó que estas convergencias delictivas demuestran fehacientemente que los grupos armados al margen de la ley carecen por completo de motivaciones ideológicas genuinas, encontrándose motivados exclusivamente por la defensa y expansión de rentas criminales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión sistemática.

Por este motivo, sostuvo que la respuesta estatal debe ser contundente y sin contemplaciones mediante el accionar de la justicia y de la fuerza pública para liberar a la ciudadanía de esta pesadilla. Asimismo, celebró las operaciones recientes contra estructuras armadas específicas y cuestionó las decisiones de administraciones pasadas en el tratamiento de ciertos actores criminales dentro de los procesos de diálogo sociojurídico.

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