En medio de las manifestaciones que se han presentado en Colombia y de las discusiones sobre la actuación de la fuerza pública, la Cámara de Representantes debatirá iniciativas que buscan establecer reglas para el ejercicio de la protesta social y la intervención de las autoridades frente a hechos violentos.
Entre las iniciativas que concentran la discusión están la llamada ley antivandalismo, la ley anti capuchos y el proyecto de ley garantías para la protesta pacífica.
¿Qué busca la ley antivandalismo?
El Proyecto de Ley Estatutaria 041 de 2026, conocido como ley antivandalismo, fue radicado por el representante y primer vicepresidente de la Cámara Simón Molina, del partido Creemos. Su objetivo es entregar herramientas a las autoridades y a la fuerza pública para atender hechos de violencia durante las protestas, además de regular el derecho a la manifestación.
"Cuando se empiezan a afectar los bienes públicos, los bienes privados y cuando se interrumpe la vida normal de las personas, queremos que nuestras autoridades tengan unas herramientas claras de intervención, en ese momento para proteger los derechos de todos los ciudadanos", aseguró Molina.
Molina defendió la iniciativa y sostuvo que busca garantizar la protesta pacífica, pero permitir una intervención de las autoridades cuando las movilizaciones deriven en hechos violentos, daños a bienes públicos o privados.
También explicó que la propuesta pretende que la Policía tenga claridad sobre cómo actuar cuando se presenten situaciones que afecten los derechos de otras personas durante las manifestaciones.
Uno de los puntos que destacó es la propuesta de dar facultades a los alcaldes para intervenir en universidades cuando se registren hechos de violencia, terrorismo o vandalismo. Molina sostuvo que se necesitan mecanismos para actuar con mayor rapidez frente a estas situaciones, un planteamiento que abre el debate sobre los alcances de la intervención de las autoridades dentro de los campus universitarios en Colombia.
"Dentro de este proyecto de ley le queremos dar facultades a los alcaldes para que intervengan dentro de las universidades cuando hay de violencia, terrorismo, vandalismo al interior de las universidades [..] entonces lo que queremos es que haya herramientas claras, eficientes, contundentes, insisto respetamos la protesta pacífica, pero queremos que las autoridades puedan tener claridad y tranquilidad de intervenir rápidamente." afirmó Molina.
Ley anti capuchos: sanciones por delitos durante las protestas
La ley anti capuchos busca establecer sanciones penales para quienes oculten deliberadamente su identidad con el propósito de cometer delitos durante manifestaciones públicas. Esta iniciativa es liderada por el representante de Centro Democrático por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta.
El proyecto contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años, además de multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También establece circunstancias agravantes cuando se utilizan elementos peligrosos o cuando los hechos afectan determinados bienes e infraestructuras.
"El proyecto consiste en sancionar penalmente el ocultamiento de identidad para cometer actos vandálicos en medio de protestas. Algunos dirán que estoy en contra de la protesta, al revés, con esto lo que estoy haciendo es darle herramientas a la fuerza pública para garantizar la protesta pacífica", aseguro Jaime Arizabaleta.
Según el representante, la propuesta no se refiere únicamente al uso de capuchas, sino al ocultamiento de la identidad utilizado para facilitar la comisión de delitos. Sus promotores sostienen que la iniciativa busca proteger la protesta pacífica y establecer consecuencias penales para quienes aprovechen las movilizaciones para cometer actos vandálicos.
El proyecto del Pacto Histórico defiende el diálogo
A diferencia de los proyectos de ley presentados desde la bancadas de gobierno, desde la oposición el representante de Pacto Histórico, Daniel Monroy defendió el Proyecto de Ley Estatutaria 263 de 2026, denominado Garantías al Derecho Fundamental a la Protesta Social y la Manifestación Pública.
La propuesta busca establecer principios y mecanismos para garantizar el ejercicio de este derecho, reconocido en el artículo 37 de la Constitución Política.
Monroy aseguró que el diálogo y la concertación deben ser las primeras alternativas durante las manifestaciones, mientras que el uso de la fuerza pública debe quedar como último recurso. El congresista afirmó que los plantones pacíficos no siempre cuentan con suficientes espacios de interlocución con las autoridades nacionales y distritales.
"Buscamos es básicamente que los mecanismos de diálogo, los mecanismos que se puedan realizar previamente a la acción de la fuerza pública sean los prioritarios, y donde el uso de la fuerza sea el el último recurso que se pueda utilizar en el marco de una protesta pacífica", dijo Monroy.
El representante también cuestionó el decreto del Gobierno nacional que regula la actuación de las autoridades durante las protestas. Explicó, que junto con otros representantes del Pacto Histórico, presentaron una demanda contra esa normativa del ejecutivo y una acción de tutela que busca suspender provisionalmente sus efectos.
"Nosotros demandamos ese decreto, junto al representante Camilo Torres y la representante Laura Beltrán, demandamos el decreto decreto Abelardo de la Espriella, una demanda que ya fue admitida, y una acción de tutela que busca suspender provisionalmente los efectos", aseguró el representante de Pacto Histórico.
El debate sobre las reglas para las manifestaciones
Las diferencias entre los proyectos de ley radicados están en las condiciones para intervenir durante una protesta y en las herramientas que deben tener las autoridades cuando se presentan hechos violentos. Desde las bancadas de gobierno se defiende una actuación más rápida de la fuerza publica frente al vandalismo, la violencia y las afectaciones a terceros, mientras que desde la oposición se insiste en que el diálogo debe ser prioritario y que la fuerza pública debe actuar como último recurso.
La discusión legislativa también se produce en medio de la controversia sobre la regulación nacional de las manifestaciones, lo que ha hecho que el Pacto Histórico convoque a movilizaciones para el próximo 24 de noviembre.
Claves del tema en 4 preguntas
¿Qué proyectos buscan regular la protesta social en la Cámara?
Entre las principales iniciativas están desde las bancadas de gobierno la ley antivandalismo, la ley anti capuchos y desde la oposición el proyecto de garantías a la protesta social.
¿Qué propone la ley antivandalismo en Colombia?
El proyecto busca dar herramientas a las autoridades para intervenir frente a hechos violentos durante las manifestaciones y proteger los derechos de terceros. Su promotor, Simón Molina, también destacó la propuesta de permitir intervenciones de alcaldes en universidades ante hechos de violencia o vandalismo.
¿Qué sanciones plantea la ley anti capuchos?
La iniciativa contempla penas de prisión de entre 54 y 96 meses y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes oculten deliberadamente su identidad con el propósito de cometer delitos durante manifestaciones públicas.
¿Qué propone el Pacto Histórico sobre el uso de la fuerza pública?
El proyecto de garantías a la protesta social busca proteger el ejercicio de la manifestación pública. Daniel Monroy sostiene que el diálogo y la concertación deben ser prioritarios y que el uso de la fuerza pública debe quedar como último recurso.