El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le envió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un expediente clave en medio de las elecciones de 2026. Casi después de un mes de ordenarle al presidente Gustavo Petro parar en su narrativa de supuesto fraude, le pidió al Congreso investigar.
A través de un escueto auto de seis páginas, el magistrado Luis Manuel Lasso, de la Sección Primera del Tribunal, le remitió a la Comisión un incidente de desacato que el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Ernesto Samper, pidió iniciar contra el mandatario.
Bejarano radicó una acción popular para que el presidente dejara de difundir sin pruebas denuncias sobre fraude electoral, sobre todo a partir de sospechas del software de transmisión de resultados. El resultado fue un auto el 10 de abril con cuatro órdenes directas para que el jefe de Estado cambiara su discurso.
La tercera orden fue rectificar en su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual, sus “afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral” en los comicios de 2014, contra el partido cristiano Mira; los de 2022, contra el movimiento oficialista Pacto Histórico, y los de 2026, en los que el Pacto se impuso el 8 de marzo.
Y la cuarta fue que el presidente “se abstenga de emitir afirmaciones iguales o similares” a las de supuesto fraude de cara a la primera vuelta, en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo más de diez millones de votos, y la segunda, en la que Petro prometió estar “al frente” para “ganar”.
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el propio mandatario apelaron la decisión, que llegó a la Sección Primera del Consejo de Estado, que todavía no se pronuncia Bejarano considera que Gustavo Petro incumplió las órdenes de la medida cautelar, así que pidió “que se impongan las sanciones por desacato”.
Uno de los pronunciamientos del jefe de Estado por los que el abogado pide una penalización es el que publicó la noche del 31 de mayo, el domingo de la primera vuelta. En su cuenta de X Petro desconoció los resultados del preconteo y aseguró que solo “aceptará” los datos que publiquen las comisiones escrutadoras.
El papel de Benedetti en la defensa de las denuncias de fraude electoral
El Tribunal, a su turno, no le dio trámite al incidente de desacato que Ramiro Bejarano pidió. La autoridad judicial “carece de competencia”, dice el auto de seis páginas del 2 de junio. “El escrito allegado por el actor popular”, el demandante, Bejarano, “deberá ser remitido a la Comisión Legal de Investigación y Acusación”, agrega.
Veinte días antes de las órdenes a Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acudió como testigo del presidente a una audiencia en el Tribunal Administrativo. Era una etapa clave en el análisis de la acción popular de Bejarano que aspira a frenar del todo los señalamientos del mandatario contra el sistema electoral.
Desde antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el jefe de Estado ha objetado la legitimidad del software de transmisión de resultados de los comicios. La Procuraduría pidió imponer una medida cautelar que pare las acusaciones públicas, y el tribunal, para adoptarla, citó a la audiencia, que se desarrolló en tres partes.
Alejandro Carranza, abogado de Petro, le preguntó al ministro Benedetti sobre los fundamentos del mandatario para cuestionar a la Registraduría, el software y, en últimas, la confiabilidad de las votaciones. El excongresista, por su parte, aseguró que los dichos del jefe de Estado son en realidad opiniones.
Según Benedetti, como Petro habla de “una política pública electoral” y defiende su postura, “no tiene por qué tener la objetividad”. “Está haciendo una opinión”, sostuvo. El funcionario, en todo caso, fue esquivo cuando se le preguntó si conversaba con el presidente sobre las denuncias de fraude, que hasta ahora no tienen pruebas.
“Me he enterado, básicamente, por la prensa”, afirmó, refiriéndose a cómo ha tenido conocimiento sobre los reparos, aunque respaldó varios de ellos, como que el software del escrutinio está vigente desde “hace décadas” o que no se ha acatado la sentencia del Consejo de Estado de 2018 sobre el partido Mira.
La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó al presidente Gustavo Petro a una audiencia pública que se desarrolló entre el 13 y el 24 de marzo. El mandatario no asistió. El despacho del magistrado Luis Lasso buscaba escuchar los argumentos del recelo del mandatario hacia los resultados de las elecciones.
Las decisiones judiciales y el debate sobre el software electoral
El tribunal respondió a una solicitud de la Procuraduría, que pidió cesar “las actividades que puedan amenazar” el proceso electoral de 2026. La idea del Ministerio Público era que la autoridad judicial le ordene al jefe de Estado omitir declaraciones que pongan en duda la transparencia electoral.
Lasso analiza una acción popular contra las manifestaciones del presidente sobre un posible fraude electoral, principalmente por el software que digitaliza las actas de las mesas. Aunque el tribunal no impartió medidas cautelares antes del 8 de marzo, consideró pertinente analizar la solicitud para después de los comicios legislativos.
“Si bien el 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo la jornada de votaciones para Congreso y consultas presidenciales, lo cierto es que dicha jornada tendrá una fase posterior que haría pertinente una eventual medida cautelar”, afirmó la Sección Primera en un auto de quince páginas el 6 de marzo.
En una conferencia de prensa del 25 de febrero, el ministro del Interior dijo que existe “poca asistencia” a las capacitaciones de los encargados del escrutinio. Y que le corresponde a la Registraduría exponer detalles del software electoral que evitará que se repita un caso como el del partido Mira en 2014.
La colectividad cristiana padeció errores e irregularidades en las elecciones de hace doce años. Los resultados iniciales dictaban que no pasó el umbral para el Senado, pero una sentencia del Consejo de Estado de 2018 le dio tres curules, al revisar más de cuatro decenas de decisiones del CNE.
Benedetti ha retomado el caso, al igual que el presidente, para detallar que el software “no da la alerta en el preconteo” si el número de votantes no coincide con el de votos. La Registraduría, en todo caso, reveló ante delegados de partidos el código fuente del programa de transmisión de resultados.
Ninguna eventual decisión de la desorganizada Comisión de Acusación llegará antes de la segunda vuelta. En todo caso, la justicia ha confrontado al presidente Gustavo Petro a lo largo de la campaña. El Consejo de Estado le ordenó, al resolver una acción de cumplimiento, dejar de difundir propaganda electoral.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué le pidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la Comisión de Acusación?
El Tribunal remitió a la Comisión de Investigación y Acusación un incidente de desacato promovido por el abogado Ramiro Bejarano para que determine si el presidente Gustavo Petro incumplió órdenes judiciales que le exigían rectificar afirmaciones sobre supuesto fraude electoral y abstenerse de repetir denuncias similares sin pruebas.
¿Por qué se habla de un posible desacato del presidente Petro?
Bejarano sostiene que el mandatario continuó cuestionando públicamente la transparencia electoral pese a las medidas cautelares dictadas el 10 de abril. Entre los hechos citados figura un mensaje publicado la noche de la primera vuelta presidencial, cuando Petro desconoció el preconteo y aseguró que solo aceptaría los resultados oficiales del escrutinio.
¿Qué papel ha tenido Armando Benedetti en la controversia?
El ministro del Interior compareció como testigo en una audiencia del Tribunal y defendió que los señalamientos de Petro corresponden a opiniones sobre la política pública electoral. También respaldó algunas críticas al software electoral y recordó antecedentes como el caso del partido Mira, aunque reconoció que conocía varias de las denuncias principalmente por información divulgada en medios.
¿Qué sigue ahora en la investigación sobre las denuncias de fraude electoral?
La Comisión de Acusación debe decidir si hay méritos para avanzar en una investigación sobre un eventual desacato. El Consejo de Estado resolverá, además, una apelación del presidente Petro contra las medidas cautelares que impuso el Tribunal. Mientras tanto, el debate sobre el software electoral continúa, aunque ni la Registraduría ni los organismos de control han reportado pruebas que respalden las denuncias de fraude.