Una tutela presentada ante un juzgado civil del circuito de Medellín, tiene como propósito garantizar la realización de debates presidenciales antes de la primera vuelta.
La acción fue presentada desde el Centro Democrático por el exsenador Jonathan Tamayo, quien busca que un juez de la República prácticamente obligue al candidato Iván Cepeda a acudir a los debates, pese a que pareciera ser que su decisión es no participar en ellos hasta el momento.
La pretención de la tutela es “ORDENAR al candidato IVÁN CEPEDA la asistencia obligatoria a un mínimo de dos (2) debates presidenciales en medios públicos y privados antes de la primera vuelta electoral”.
Además, también solicitó una medida cautelar para que “la orden se emita de manera inmediata y no supeditada al final de la campaña, para evitar la "carencia actual de objeto" que ocurrió en el proceso contra Rodolfo Hernández (2022), garantizando que el derecho al voto no se vea vulnerado por el paso del tiempo”.
Para los que impulsan esta tutela, la decisión de la campaña de Cepeda de no participar en debates televisados, o los organizados por medios de comunicación y la sociedad civil “es una estrategia deliberada de comunicación unidireccional, la cual impide el contraste dialéctico de sus propuestas”.
Buscan que se ampare el derecho que tienen los ciudadanos de acudir a las urnas para votar bien informados en las próximas elecciones presidenciales.
“Los ciudadanos firmantes, en nuestra condición de electores estudiosos de la realidad nacional, observamos con preocupación que la ausencia de debates genera una asimetría de información insalvable, donde el candidato controla el flujo informativo, impidiendo que el votante ejerza el derecho a recibir información "veraz e imparcial" mediante la réplica y la contra-argumentación en tiempo real”, indican.
Con esta acción de tutela, desde el Centro Democrático pretenden evitar que haya una estrategia de silencio, tal y como ocurrió hace cuatro años con la candidatura de Rodolfo Hernández, que se había negado a participar en estos debates.
“Obligar a un candidato a la presidencia a participar en debates públicos es una medida estrictamente necesaria para garantizar los derechos constitucionales del electorado, fundamentándose en el derecho a la información, el principio del voto programático y los recientes desarrollos jurisprudenciales que protegen la simetría informativa en la contienda electoral”, sostiene el documento.
Los accionantes esperan que lo más pronto posible el juez resuelva esta solicitud, con el ánimo de salvaguardar el derecho ciudadano de ir a las urnas conociendo la totalidad de las propuestas y el talante de todos los aspirantes a la Casa de Nariño.