La Universidad Nacional de Colombia informó que no encontró registros del título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín habría obtenido en 2021 en la sede Medellín. Además, señaló que el registro del diploma presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no fue expedido por esa institución.
La respuesta de la universidad se conoció en medio de los cuestionamientos públicos sobre las credenciales académicas de la congresista del Pacto Histórico, luego del intercambio que sostuvo el pasado 17 de noviembre con el canciller Ómar Bula durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara.
Ese episodio puso a la representante bajo atención pública y dio mayor visibilidad a las dudas sobre la documentación con la que acredita su formación profesional.
Sin embargo, la verificación de la Universidad Nacional es anterior a esa discusión. El Copnia solicitó la información el 16 de octubre de 2025 para establecer si Estrada Holguín había obtenido el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia el 16 de noviembre de 2021.
La institución académica respondió el 23 de octubre de ese año. En la comunicación dirigida al organismo profesional, la División de Registro y Matrícula explicó que revisó los archivos físicos y digitales de la sede Medellín. Después de esa búsqueda, indicó que no encontró registro de que la congresista hubiera recibido el título en ese programa académico.
La universidad también precisó que la copia del registro de diploma presentada ante el Copnia “no fue expedida por esta Universidad”.
Ante estos resultados, anunció que pondría la información en conocimiento de las autoridades judiciales competentes por la posible falsedad en documento público.
Las consultas en la plataforma del COPNIA
En las consultas efectuadas en la plataforma del COPNIA con los datos de la congresista, el sistema no arrojó resultados. Al ingresar su número de identificación, apareció el mensaje: “No se encontraron matrículas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado”.
En otra búsqueda, correspondiente al consecutivo de un certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios, la plataforma respondió: “No se encontró un Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios asociado al número de consecutivo registrado”.
Tras conocerse la respuesta de la Universidad Nacional, la representante Jennifer Pedraza cuestionó la autenticidad de los documentos académicos de Estrada Holguín y pidió que renuncie a su curul mientras responde por los señalamientos.
“Según este documento formal de la @UNALOficial, la Representante del @PactoCol @Veronicaho88 habría falseado su título de ingeniería y accedido a contratos con el Estado sobre la base de esta mentira”, escribió Pedraza en su cuenta de X.
La congresista también sostuvo que Estrada Holguín debería defenderse de las denuncias sin ocupar su curul.
Por su parte, Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, negó que una firma atribuida a ella en uno de los documentos cuestionados fuera auténtica.
“Es falso completamente. Esa no es mi firma”, manifestó en una publicación en X.
Adicionalmente, una consulta realizada en el sistema del Copnia con el nombre de Botero tampoco arrojó coincidencias. No obstante, ese resultado no permite establecer por sí mismo la autenticidad o falsedad de la firma. La exdecana sí negó expresamente haberla suscrito.
El Pacto Histórico activa su Comité de Ética
Frente a las denuncias, el Pacto Histórico informó, mediante un comunicado del 18 de noviembre, que remitió el caso a su Comité de Ética y solicitó activar los mecanismos disciplinarios para investigar lo ocurrido y adoptar una decisión con celeridad.
La colectividad reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia y aseguró que no protege ni justifica conductas que atenten contra la fe pública o el ejercicio de la función pública.
También señaló que la investigación deberá respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Finalmente, manifestó su confianza en que tanto la justicia ordinaria como sus instancias internas contribuyan a esclarecer los hechos.
La controversia ahora queda en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existieron irregularidades en la documentación presentada y establecer las posibles responsabilidades, incluidos los señalamientos sobre eventuales contratos con el Estado.