El expresidente Álvaro Uribe informó el pasado jueves 18 de junio que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por las investigaciones que ese organismo adelanta sobre las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), ambas ocurridas en el departamento de Antioquia y perpetradas por paramilitares.
"De mis abogados: 'Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja'", escribió Uribe a través de su cuenta de X.
Uribe agregó que también deberá comparecer para hablar del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en Medellín en 1998, así como por un asunto relacionado con la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia, sin entregar mayores detalles. Al revisar los antecedentes del caso, el Tribunal de Medellín ya había solicitado investigar a Uribe por su presunto conocimiento de las masacres cometidas por paramilitares en Antioquia, mientras se desempeñaba como gobernador de ese departamento.
Ante esta situación, el mismo expresidente afirmó en entrevista con La FM que su llamado a indagatoria responde a decisiones judiciales que, según dijo, buscan afectar su situación personal y política, al señalar que “quieren llevarme a morir a una cárcel”.
Durante la conversación, el exmandatario sostuvo que la citación se produjo “a dos días de las elecciones” sin que, según explicó, se hubieran practicado las pruebas previamente decretadas. Indicó que la actuación judicial ocurre en un momento específico y afirmó que existe una intención de adoptar decisiones en su contra antes de finalizar el actual periodo de gobierno. “Están empeñadas en entregarle a Petro ese trofeo”, dijo.
Sobre los hechos relacionados con la investigación, expresó que desde finales de la década de 1990 han existido indagaciones sin resultados en su contra. “Desde el año 97 han investigado y nunca encontraron nada”, afirmó, al tiempo que cuestionó la aplicación de la “teoría del dominio” en el proceso. También señaló que, en su criterio, se trata de una acusación basada en interpretaciones.
Masacre de El Aro: pruebas, bitácoras y amenazas
El exmandatario aseguró que durante su gestión como gobernador realizaba “consejos de seguridad diarios” con presencia de autoridades, y que no existieron acciones que lo vinculen con los hechos investigados. “Las bitácoras demuestran que no hubo vuelos de la gobernación en el lugar de la masacre”, indicó, al referirse al uso de aeronaves oficiales.
Además, explicó que los helicópteros mencionados en el expediente estaban bajo administración del servicio de salud departamental y no de su despacho. Según sus palabras, esa operación era independiente y verificable por registros oficiales. “Eran manejados de forma independiente al despacho del gobernador”, precisó.
En relación con otros testimonios, mencionó versiones atribuidas a Salvatore Mancuso, señalando que, según información recibida por su defensa, el exjefe paramilitar había indicado inicialmente que el crimen correspondía a decisiones de otros actores. “Hace años dijo que fue un tema de Carlos Castaño”, expresó, y agregó que posteriormente hubo cambios en dichas declaraciones.
El expresidente también se refirió al caso del asesinato de Jesús María Valle, rechazando cualquier señalamiento en su contra. “Nadie puede decir que yo he amenazado a alguien”, afirmó, y sostuvo que no consideraba al abogado como un enemigo. Indicó que incluso coincidieron en actividades públicas relacionadas con la situación de orden público en Antioquia.
Acusaciones y proceso judicial
El exmandatario insistió en que las decisiones judiciales en su contra no corresponden a pruebas concluyentes. “La Fiscalía ni siquiera lo ha escuchado y ya me llaman a indagatoria”, señaló, al referirse a Mancuso. En ese sentido, afirmó que el proceso presenta inconsistencias en la recolección de testimonios.
También manifestó que existe una intención de adoptar medidas restrictivas de su libertad. “Advierto que planean dictarme una orden de captura o medida de aseguramiento”, dijo, al explicar que percibe un riesgo inminente en el desarrollo del proceso. Afirmó que estas acciones estarían motivadas por intereses externos.
Aprovechó el momento para reiterar su posición sobre su trayectoria pública. “He servido a Colombia con transparencia”, sostuvo, al responder a las preguntas sobre su defensa. Enfatizó que continuará enfrentando las actuaciones judiciales dentro del marco legal. El expresidente señaló que el caso se produce en un contexto temporal que considera relevante. “La decisión se produce 30 años después”, afirmó, insistiendo en que la coincidencia con el calendario electoral es un elemento que, según él, debe ser tenido en cuenta en la valoración del proceso.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM