La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó, en fallo de segunda instancia, que no hay pérdida de investidura para los ocho congresistas que en marzo de 2024 hicieron aportes a la llamada “vaca por las 4G”, una campaña impulsada por la Gobernación de Antioquia para recaudar recursos y terminar las vías 4G que atraviesan el departamento.
Se trata de los senadores Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina, y de los representantes a la Cámara por Antioquia Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jhon Jairo Berrío López y Julián Peinado Ramírez.
¿Por qué los demandaron?
El ciudadano Carlos Mario Patiño González presentó la demanda de pérdida de investidura al considerar que, al consignar dinero a la cuenta habilitada por la Gobernación para este mecanismo de "aportes voluntarios", los congresistas habían celebrado en la práctica un "contrato de donación" con una entidad pública.
Según el denunciante la Constitución prohíbe a los congresistas celebrar cualquier tipo de contrato con entidades estatales, así sea por interpuesta persona, para evitar que usen su investidura para obtener beneficios propios o de terceros. Violar esa incompatibilidad es una de las causales para perder la curul, según el artículo 183 de la Carta.
El demandante insistía en que el propio decreto con el que la Gobernación reglamentó el mecanismo calificaba los aportes como "donaciones" y los daba por aceptados, por lo que, a su juicio, el contrato sí se había perfeccionado y merecía sanción.
¿Por qué el Consejo de Estado los absolvió?
El alto tribunal concluyó que ese contrato nunca nació a la vida jurídica, por dos razones:
En primer lugar, el alto tribunal señaló que no hubo acuerdo por escrito. La ley exige que los contratos con entidades públicas consten por escrito para perfeccionarse, y aunque el decreto de la Gobernación llamó "donación" a los aportes y dijo aceptarlos "de manera general", eso no basta: este tipo de contratos requiere una aceptación expresa y particular frente a cada donante, y no una fórmula genérica para todo el que consignara dinero.
En segundo lugar, la Sala consideró que tampoco hubo interés particular. Aun si hubiera existido el contrato, los beneficiarios de las obras viales eran la comunidad en general, no los congresistas ni terceros determinados, por lo que tampoco se cumpliría ese elemento que exige la causal para poder sancionarlos.
Al no probarse el primer elemento, la Sala ni siquiera entró a estudiar si hubo dolo, argumento con el que el demandante buscaba sustentar que la verdadera intención de los congresistas era obtener réditos políticos en medio de la tensión que por esos días sostenían el entonces gobernador de Antioquia y el presidente de la República.
El caso aparte de Miguel Uribe Turbay
El proceso también incluía al senador Miguel Uribe Turbay, pero la acción en su contra ya se había extinguido antes de este fallo, tras confirmarse su muerte.
Esta noticia en cinco preguntas
¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre los ocho congresistas que aportaron a la llamada “vaca por las 4G”?
El Consejo de Estado confirmó en segunda instancia que no hay pérdida de investidura para los ocho congresistas que realizaron aportes a la campaña impulsada por la Gobernación de Antioquia para financiar las vías 4G.
¿Por qué fueron demandados los congresistas?
Fueron demandados porque el ciudadano Carlos Mario Patiño González consideró que sus aportes constituían un contrato de donación con una entidad pública, algo que estaría prohibido para los congresistas y que podría generar la pérdida de su curul.
¿Por qué el Consejo de Estado determinó que no existió ese contrato?
El tribunal concluyó que el contrato nunca nació a la vida jurídica, principalmente porque no hubo un acuerdo escrito ni una aceptación expresa y particular de cada donación por parte de la entidad pública.
¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre los beneficiarios de las obras?
La Sala señaló que, incluso si hubiera existido el contrato, las obras beneficiarían a la comunidad en general, y no a los congresistas o a terceros determinados. Por eso tampoco se configuraría ese elemento de la causal de pérdida de investidura.
¿Qué pasó con el proceso contra Miguel Uribe Turbay?
El proceso también incluía al senador Miguel Uribe Turbay, pero la acción en su contra ya se había extinguido antes del fallo, luego de confirmarse su muerte.