La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley para que los cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de nicotina oral sean gravados con impuestos en Colombia.
En términos prácticos, esta iniciativa elevaría el costo de estos productos en alrededor del 50%, que correspondería al pago de un componente específico que equivaldría a 2.000 pesos por mililitro, que es una tarifa fija, y un ad valorem del 20%, que variará de acuerdo al precio de venta al público.
El senador Juan Caicedo, quien fue coordinador ponente de esta iniciativa, explicó cuánto pasaría a costar un vapeador que hoy en el mercado actual tiene un valor de alrededor de 50.000 pesos.
“Eso depende de la cantidad de mililitros que tenga el vapeador. Si viene uno de cinco mililitros, le costaría otros 10.000 pesos, más el 20% del valor final. Entonces en ese sentido el de 50.000 pesos va a pasar a valer alrededor de 70.000 pesos”, explicó.
Explicó que “es una presión fiscal de un poco menos del 50%, pero cuando nosotros lo comparamos con otros países del mundo está más o menos en el 50%. Nosotros hicimos un estudio comparado y revisamos como son las tarifas en el resto del mundo, porque si en Colombia nos vamos a unas tarifas muy altas que se nos vuelvan confiscatorias, el contrabando se nos va a disparar”.
El congresista dijo que si se aumentan los precios en porcentaje mayor, como el 80%, se correría el riesgo de promover el contrabando en todo el territorio nacional y las importaciones podrían caer a cero.
¿De cuánto será el recaudo?
Los recursos recaudados con estos nuevos impuestos que tendrán los cigarrillos electrónicos y vapeadores se inyectarán directamente al sector de la salud y al deporte.
“Con esto vamos a conseguir un recaudo de alrededor de un billón de pesos, que va destinado el 16% al deporte y el 84% restante a la salud, primero al aseguramiento en salud y luego a los programas de prevención y a la infraestructura de inversión que deben hacer los departamentos en salud”, sostuvo Caicedo.
Los impuestos comenzarán a aplicarse seis meses después de que sea sancionada la ley por parte de presidente de la República.
¿Qué viene ahora? El proyecto ahora pasa a su etapa de conciliación con la Cámara de Representantes y una vez sea votada en las dos plenarias, será enviado a sanción presidencial.