El Partido Conservador fue la colectividad que avaló la candidatura de Wadith Manzur, en un escenario que recuerda lo ocurrido hace cuatro años con Mario Castaño y el Partido Liberal, cuando esa colectividad respaldó su aspiración pese a los cuestionamientos que posteriormente derivaron en procesos judiciales.
En diferentes ocasiones, los partidos políticos han sostenido que el otorgamiento de avales debe respetar el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, este argumento ha sido objeto de debate, pues en algunos casos las colectividades terminan beneficiándose electoralmente de los votos obtenidos por candidatos que posteriormente enfrentan procesos judiciales, incluso si finalmente no llegan a ocupar su curul. Situaciones similares se registraron en 2018 con Aída Merlano, entonces avalada por el Partido Conservador, y en 2022 con Mario Castaño, quien había sido respaldado por el Partido Liberal.
En el caso actual, el impacto electoral de Manzur resulta significativo. Pese a los cuestionamientos surgidos por el escándalo relacionado con la UNGRD y a la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia avance hacia una acusación formal, el dirigente obtuvo cerca de 134.000 votos, una cifra que contribuyó a fortalecer la votación del Partido Conservador en un escenario electoral en el que la colectividad enfrentaba una reducción de su influencia política.
Sobre esta situación se pronunció el veedor nacional del Partido Conservador, Juan Pablo Cepero, quien en entrevista con La FM explicó los criterios que utiliza la colectividad para otorgar avales y los procedimientos disciplinarios que pueden activarse cuando uno de sus integrantes enfrenta investigaciones judiciales.
Durante la conversación, Cepero señaló que las decisiones del partido deben ajustarse a principios constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Al referirse al caso de Manzur, quien obtuvo una alta votación en el departamento de Córdoba pese a los cuestionamientos públicos, el dirigente explicó que el partido se enfrentó a limitaciones jurídicas al momento de decidir sobre el aval.
Según indicó, desde el punto de vista institucional se trata de una situación compleja para la colectividad. En ese contexto afirmó: “Para el partido es una situación difícil e incómoda”.
El veedor también sostuvo que el partido no puede actuar por fuera del marco legal vigente. Por ello, señaló que mientras no exista una decisión judicial definitiva, la colectividad debe respetar el principio de presunción de inocencia.
“Mientras no exista una condena firme, no se puede actuar de otra manera”, explicó Cepero al referirse a los límites jurídicos que, según dijo, condicionan las decisiones internas del partido frente a este tipo de situaciones.
¿Por qué el Partido Conservador otorgó el aval pese a cuestionamientos?
Durante la entrevista, Cepero explicó que la legislación electoral establece condiciones específicas para los integrantes de corporaciones públicas que buscan mantenerse en sus cargos. Según indicó, la Ley 1475 determina que quienes aspiren a la reelección deben hacerlo a través del mismo partido que los avaló en la elección anterior.
“El marco legal establece que los miembros de una corporación que deseen reelegirse deben hacerlo por el mismo partido”, señaló el dirigente, al referirse a la norma que regula los procesos electorales en Colombia.
Cepero también explicó que esta disposición está relacionada con el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. En ese sentido, advirtió que cualquier decisión que desconozca ese principio puede generar acciones judiciales.
“Existe el principio fundamental de los colombianos a elegir y ser elegidos. Cuando ese derecho se vulnera, aparecen tutelas y procesos legales”, expresó.
El dirigente agregó que la veeduría del partido no tiene funciones equivalentes a las de las autoridades judiciales o disciplinarias del Estado. En ese contexto, explicó que su labor tiene límites definidos por la ley.
“La veeduría no es la Procuraduría ni la Fiscalía. Tenemos limitaciones y no podemos actuar desconociendo principios constitucionales”, afirmó.
En el diálogo también se planteó el debate sobre la responsabilidad ética de los partidos políticos al momento de seleccionar candidatos. Frente a ese punto, Cepero reiteró que cualquier decisión debe estar respaldada por el respeto al debido proceso.
“Todas las personas tienen derecho a no ser condenadas sin haber sido oídas y vencidas en juicio”, manifestó.
¿Qué sanciones podría aplicar el Partido Conservador si avanza el proceso judicial?
Durante la entrevista también se abordó el escenario disciplinario que podría presentarse dentro del Partido Conservador si la situación jurídica del dirigente investigado cambia en las instancias judiciales.
Cepero explicó que el partido cuenta con mecanismos internos que se activan cuando existen decisiones judiciales formales. En ese sentido, indicó que la colectividad no respalda actuaciones que estén por fuera de la ley.
“El partido no respalda ninguna actuación que no sea la correcta”, afirmó el veedor.
Según explicó, el primer paso consiste en que la veeduría nacional inicie una investigación interna. Este procedimiento se activa cuando se presentan decisiones judiciales que modifican la situación jurídica del militante.
“Cuando exista una resolución de acusación en firme, la veeduría tiene la facultad de suspender inmediatamente al miembro del partido”, explicó Cepero.
Posteriormente, el caso es trasladado a la instancia disciplinaria correspondiente dentro de la colectividad. De acuerdo con lo señalado en la entrevista, el expediente pasa al Consejo de Control Ético, órgano encargado de tomar la decisión final.
“Después se da traslado al Consejo de Control Ético, que es el que adopta la medida definitiva”, indicó.
El dirigente agregó que dentro de los estatutos del partido existen diferentes sanciones posibles dependiendo del resultado del proceso disciplinario.
Entre ellas se contempla la medida más severa que puede aplicarse dentro de la organización política. “La sanción máxima puede ser la expulsión del partido”, concluyó Cepero al explicar el procedimiento que seguiría la colectividad en este tipo de casos.
* Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM