El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y anunció un plan de choque para la estabilización financiera del sistema de salud, durante una visita realizada este martes al Ministerio de Salud. En el encuentro, el mandatario fijó varios lineamientos sobre el manejo de las entidades promotoras de salud (EPS).
De la Espriella afirmó que su Gobierno adoptará frente a estas entidades una postura distinta a la del expresidente Gustavo Petro, quien las había calificado como enemigas.
¿Cuál será la postura del Gobierno frente a las EPS?
El presidente sostuvo que las EPS no son enemigas del Gobierno, pero advirtió que aquellas con mal desempeño no estarán exentas de control. Según dijo, el Ejecutivo no tendrá sesgos ideológicos hacia las entidades por su carácter privado.
De acuerdo con el mandatario, el sector contará con un interlocutor en el Gobierno y sus actuaciones se evaluarán con rigor técnico, de modo que las entidades que incumplan reciban la sanción correspondiente.
De la Espriella calificó como una “práctica gestapo” las acciones adelantadas contra las EPS durante el gobierno anterior, en referencia a la policía secreta de la Alemania nazi, al sostener que esas entidades fueron perseguidas sin sustento técnico.
Sobre las intervenciones, indicó que se trata de una herramienta de uso excepcional para proteger a los pacientes. En ese contexto anunció el plan de choque, que partirá de establecer las deudas de cada EPS.
¿Qué cambios plantea el presidente para el cálculo de la UPC?
La UPC corresponde al valor fijo que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado. Según De la Espriella, durante el gobierno anterior ese valor se usó como herramienta política para generar enfrentamientos entre las EPS y el Ejecutivo, por lo que ordenó a la ministra impulsar ajustes en su definición.
El presidente afirmó que la UPC debe regresar al ámbito técnico y que su monto no puede fijarse con criterios políticos ni emplearse como argumento ideológico. Señaló que el Gobierno debe contar con información verificable sobre el costo de atender a cada ciudadano y asignar los recursos con base en esos datos.
El mandatario citó el fallo de la Corte Constitucional que cuestionó la falta de soporte técnico en el cálculo de la UPC para 2026. Con base en esa decisión, aseguró que durante su mandato el cálculo será transparente, confiable y con sustento técnico.