Siguen las tensiones entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el Gobierno nacional, por el reajuste tarifario en el valor de la tarifa de TransMilenio, desde este 14 de enero.
En medio del cuestionado decreto que ajustó en un 10,9% el valor del pasaje y le dejó en $3.550, el funcionario se refirió nuevamente a esa situación y agregó que el Gobierno "no puede evadir esa responsabilidad" luego de haber aumentado en un 23% el salario mínimo para este año.
"Hay que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman y estamos dispuestos al diálogo", dijo Galán.
El funcionario agregó que "respetamos la decisión del gobierno de subir el salario para esos más de 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia, pero eso tiene unas implicaciones y el Gobierno tiene que ser consciente de esas implicaciones y esas consecuencias".
Cabe mencionar que el Distrito señaló que el sistema de transporte TransMilenio tiene al rededor de 35.000 trabajadores que devengan su sueldo relacionado con el salario mínimo.
¿Qué cuestionó el Mintransporte?
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, expresó recientemente su desacuerdo con el incremento de $350 en la tarifa de TransMilenio y anunció la solicitud de un análisis técnico para evaluar ese costo.
Esa entidad advirtió que el reajuste tarifario supera el Índice de Precios al Consumidor, (IPC).
Frente a estos cuestionamientos por parte de distintos sectores, quienes aseguran que el Distrito ya tenía previsto incrementar la tarifa del pasaje antes del anuncio del incremento del salario mínimo, el alcalde Galán aseguró que sí se realizaron algunos estudios técnicos que permitían identificar cuál era la tarifa para el aumento del pasaje para el 2026.
Según el funcionario, los estudios contemplaban por un lado el aumento del IPC del 5.1% y el aumento del costo del gas del 10% en el último año.
Dijo que esos aspectos contemplaban una proyección de un aumento del 7,8% en la tarifa del pasaje de TransMilenio, estudios que posteriormente tuvieron que ser ajustados.
Mientras el Gobierno insiste en que debe haber transparencia absoluta en los costos de operación, el Distrito advierte que la sostenibilidad del sistema depende de una "política de Estado que trascienda las diferencias partidistas" y garantice el derecho a la ciudad para millones de colombianos.