Durante los días 6 y 7 de mayo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en articulación con la Policía Nacional, la Personería de Cáceres, el Instituto Colombiano Agrocupecuario (ICA), la Secretaria de Gobierno y la Comisaria de Familia de Cáceres, logró la recuperación de dos predios rurales en el municipio de Cáceres, Antioquia, que suman más de 200 hectáreas.
Los predios La Ilusión, con una extensión de 158 hectáreas, y Marlengo, de 60 hectáreas, están ubicados en la vereda El Jardín, corregimiento El Jardín, en el municipio de Cáceres, Antioquia. Ambos terrenos se encontraban bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas y habían sido entregados por exjefes paramilitares como parte de los procesos de reparación integral a las víctimas de la violencia.
De acuerdo con los procesos judiciales y las labores de caracterización territorial, el predio Marlengo había sido vinculado con Hebert Veloza García, alias ‘HH’, excomandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señalado como una de las principales figuras en la expansión del paramilitarismo en Antioquia y Valle del Cauca, donde lideró el Bloque Calima. Asimismo, ha sido relacionado con hechos violentos como la masacre del Naya, ocurrida en 2001, que afectó gravemente a comunidades campesinas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
En el caso de La Ilusión, se registran antecedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, también excomandante de las AUC. Ambos exjefes paramilitares fueron señalados por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con despojo de tierras, desplazamiento forzado y graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en las subregiones de Urabá antioqueño y el Bajo Cauca.
“El predio La Ilusión, que en el pasado estuvo bajo el dominio de estructuras paramilitares del Bajo Cauca Antioquño, actualmente es utilizado de manera indebida por un exarrendatario, para actividades de ganadería de levante. Gracias al trabajo articulado logramos recuperar ambos predios, más de 200 hectáreas en el municipio de Cáceres, que serán destinadas a campesinos sin tierra”, afirmó Javier Esteban Marín, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras.
Por su parte, la Personería Municipal de Cáceres destacó que acompañó el procedimiento adelantado por la Agencia Nacional de Tierras, garantizando “los derechos humanos y el debido proceso de los ocupantes de estos dos predios”.
Operativo recuperación material
Al inicio de la diligencia en el predio La Ilusión, la autoridad nacional de tierras informó a los trabajadores que el inmueble pasaba a su administración y que debían retirarse los semovientes y bienes del ocupante, entre ellos 332 novillas, un búfalo, tres caballos, tres perros pastor belga y 183 gallinas ponedoras, dado que el predio sería recuperado para su entrega a comunidades campesinas de la región.
Durante el procedimiento, el encargado del predio estableció contacto con Jorman Giraldo Duque, propietario de Gilorandas Las Moras y exarrendatario del inmueble, quien manifestó que se desplazaría desde Medellín para atender la diligencia. Giraldo Duque cancelaba al Fondo para la Reparación de las Víctimas un canon mensual de un millón de pesos por el uso de 158 hectáreas, contrato que fue dado por terminado de manera anticipada por dicha entidad.
Tras aproximadamente seis horas de espera, la ANT sostuvo una conversación con él para explicarle la decisión administrativa y reiterar la necesidad de retirar el ganado y los enseres del lugar. Inicialmente, la entidad propuso un plazo de tres días para el retiro de los semovientes, propuesta que fue rechazada por el ocupante. Posteriormente, se ofreció un plazo de cinco días y, más adelante, la Personería Municipal de Cáceres planteó una alternativa de diez días, sin que se lograra un acuerdo. Por su parte, Giraldo Duque, manifestó que requería entre 15 y 20 días para retirar sus pertenencias.
El 7 de mayo, hacia las 8:00 a. m., la Agencia Nacional de Tierras, en compañía con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Personería Municipal y funcionarios de la Alcaldía de Cáceres, Antioquia, reanudó la diligencia de aprehensión material sobre el predio La Ilusión. Asimismo, se le informó a Giraldo que la entidad estaba dispuesta a otorgar el plazo de 15 días que inicialmente había solicitado para efectuar el retiro de sus pertenencias; sin embargo, el ocupante manifestó que NO abandonaría el predio.
Ante la negativa de Jorman Giraldo Duque de abandonar voluntariamente el predio y retirar sus pertenencias, la máxima autoridad de tierras de la Nación aplicó el artículo 225 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Decreto 1007 de 2022, ordenando el traslado de los enseres a una bodega en Caucasia y realizando el inventario de los animales presentes en el predio.
Al finalizar la diligencia, la Agencia otorgó un plazo de un mes para reclamar los enseres y 15 días para retirar los semovientes del predio La Ilusión, advirtiendo que podrían ser declarados en abandono en caso de incumplimiento.
Al momento de ser notificado sobre estas decisiones, Jorman Giraldo Duque y las personas que lo acompañaban protagonizaron episodios de agresión verbal contra los funcionarios de la ANT. Además, uno de los presentes intentó agredir físicamente al equipo y lanzó amenazas directas contra los servidores públicos.
Tras finalizar la diligencia, la Agencia Nacional de Tierras fue notificada de una acción de tutela interpuesta por Jorman Giraldo Duque, en la que un juez ordenó como medida provisional no disponer del ganado presente en el predio. Sin embargo, la entidad aclaró que no se ha realizado ninguna disposición sobre los semovientes, ya que se otorgó un plazo de 15 días para su retiro y se permitió la permanencia de trabajadores para su cuidado.
En ese sentido, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, continuará adelantando de manera articulada con las autoridades competentes la recuperación de predios en el país y reafirma su compromiso de entregar la tierra a las comunidades campesinas que la trabajan, como base de la justicia social y la soberanía alimentaria de Colombia.