La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), anunció que evalúa interponer acciones judiciales contra el Decreto 0369 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, que limita las inversiones en el exterior de los ahorros pensionales.
La entidad señaló que con esta acción busca proteger los recursos de los afiliados colombianos, al considerar que la medida podría vulnerar el deber fiduciario que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), al restringir su capacidad de buscar las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad para los ahorros de los trabajadores.
Equipos jurídicos
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que los equipos jurídicos del sector ya analizan el alcance del decreto y las posibles vías legales para controvertirlo.
“Se están evaluando todas las acciones necesarias para cumplir con el deber fiduciario y proteger el ahorro pensional de los afiliados”, señaló.
Advirtió además que este Decreto, limita la diversificación de las inversiones y podría traducirse en menores rendimientos y, en consecuencia, en pensiones más bajas.
“Entre los principales cuestionamientos está la posible incompatibilidad del decreto con normas superiores como la Ley 100 de 1993 y otras disposiciones del régimen de inversiones”, dijo.
Conflicto con las decisiones de la Corte
Además, el gremio advirtió que la medida podría entrar en conflicto con futuras decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, especialmente en lo relacionado con la Ley 2381 de 2024”, dijo.
Asofondos también puso sobre la mesa un debate de fondo: la destinación de los recursos pensionales.
Recordó que, de acuerdo con la Constitución, estos ahorros tienen como único propósito financiar las pensiones de los afiliados, por lo que cualquier intento de orientarlos hacia objetivos distintos —como la financiación de proyectos de inversión nacional— podría ser objeto de demandas.
Implementación
En paralelo, el gremio alertó sobre las implicaciones que tendría la implementación del decreto, que obliga a las AFP a presentar en un plazo de seis meses un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera, incluyendo la destinación de nuevas cotizaciones a inversiones locales hasta cumplir con los límites establecidos.
El anuncio de posibles acciones judiciales, se suma a los reparos ya expresados por distintos sectores y anticipa una disputa legal que podría escalar a las altas cortes.
De hecho, la Contraloría General de la República de Colombia ha advertido que medidas que reduzcan la diversificación de los portafolios, podrían afectar la rentabilidad y presionar la sostenibilidad del sistema pensional.