El codirector del Banco de la República, César Giraldo, en el marco del Foro de Protección Social advirtió que la crisis fiscal que enfrenta Colombia tiene raíces estructurales y no puede atribuirse únicamente a decisiones del gobierno actual.
Dijo que se deben tener en cuenta un conjunto de factores acumulados durante años que le compete a toda la sociedad.
“Una de las principales causas del problema es el traslado de la financiación de la protección social hacia los impuestos generales, lo que ha incrementado la presión sobre las finanzas públicas”, indicó.
Un Estado con gastos crecientes y financiamiento limitado
El economista explicó que el país enfrenta un escenario complejo: mientras aumentan compromisos como el Sistema General de Participaciones, el pago de intereses de la deuda y obligaciones como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC), se han bloqueado mecanismos para fortalecer los ingresos fiscales.
“Se le exige al Estado que ajuste el gasto, pero cuando se presentan reformas tributarias o leyes de financiamiento, terminan siendo rechazadas”, afirmó, al señalar una contradicción en el debate público.
Según Giraldo, esta dinámica ha llevado a una “satanización” del Estado: se le critica por gastar, pero al mismo tiempo se le limita la capacidad de recaudo.
Informalidad y desempleo: el núcleo del problema
El codirector también hizo énfasis en que Colombia presenta niveles atípicamente altos de informalidad y desempleo en comparación con países de similar ingreso per cápita.
Advirtió que gran parte de la población se sostiene en economías informales o incluso ilegales, lo que implica que millones de personas están por fuera del cumplimiento de normas laborales, sanitarias y comerciales.
“Tenemos una sociedad donde buena parte de la población está por fuera del contrato social”, afirmó.
Territorios sin Estado y expansión de poderes ilegales
Giraldo alertó que la ausencia de integración de estos sectores al sistema formal ha facilitado que actores armados y economías ilegales ocupen espacios donde el Estado no logra consolidarse.
Según explicó, en muchos territorios estos grupos terminan regulando actividades económicas, otorgando créditos informales y ejerciendo control social, mientras el Estado actúa principalmente desde un enfoque punitivo.
Crítica a soluciones tradicionales
El economista cuestionó que el debate sobre informalidad se limite a temas como la formación para el trabajo o la flexibilización laboral, al considerar que estas estrategias no han dado los resultados esperados.
“Es importante la necesidad de fortalecer la protección social para trabajadores no asalariados como una vía para integrarlos al sistema y avanzar hacia una mayor formalización”, sostuvo.
Un problema de legitimidad
Giraldo subrayó que uno de los mayores desafíos es la falta de confianza en el Estado, lo que desincentiva el cumplimiento de obligaciones como el pago de impuestos.
“El ciudadano no va a tributar si siente que el Estado es su enemigo”, afirmó, al ejemplificar la situación de vendedores informales que perciben la acción estatal como una amenaza.
Salario mínimo
En relación con el salario mínimo, el codirector cuestionó las posturas tradicionales de algunos economistas, señalando que la evidencia reciente no siempre coincide con los modelos teóricos que anticipan efectos negativos sobre el empleo.
“El problema es cuando la realidad no coincide con el modelo y se cree que el error está en la realidad”, afirmó.
Llamado a un debate más amplio
Finalmente, Giraldo hizo un llamado a ampliar el debate más allá de lo económico y llevarlo al terreno político y social, con el fin de reconstruir el contrato social en Colombia.
Advirtió que, en medio de un escenario de alta polarización, el país enfrenta tensiones profundas que requieren soluciones estructurales y consensos amplios.