El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, por no cumplir las órdenes judiciales para llevar acueducto y alcantarillado a los sectores El Pinar y Manantiales, en la vereda Granizal. La sancionó con una multa de 20 salarios mínimos mensuales, que deberá pagar de su propio bolsillo.
La decisión fue tomada por la Sala Séptima de Decisión. Es la tercera sanción por este caso contra el representante legal del municipio en seis años, y la segunda contra González Ospina desde que se posesionó, el 1 de enero de 2024.
Lo que dice el Tribunal
Las órdenes vienen de la sentencia de primera instancia del 14 de marzo de 2019, modificada por el Consejo de Estado el 20 de febrero de 2020. El plazo inicial para ejecutar las obras era de nueve meses. Según el Tribunal, han pasado más de seis años (78 meses) y el cumplimiento sigue en etapas muy tempranas.
La Sala encontró que se cumplieron las medidas provisionales, como el suministro de agua en carrotanques, las campañas de educación sanitaria y la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. Pero concluyó que las órdenes estructurales, es decir, las obras definitivas de acueducto y alcantarillado, no se han cumplido. El proyecto sigue en evaluación en el Ministerio de Vivienda y, según el municipio, solo cuatro de sus diez componentes están avalados.
Cuestionamientos por recursos y estudios
El Tribunal señaló que el municipio no gestionó recursos en los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 para los estudios de riesgo de detalle, que son requisito para avanzar en las obras. Esos estudios costarían entre $1.285 millones y $2.789 millones, y el municipio los proyecta hasta el 31 de diciembre de 2027. Para el fallo, el gasto en medidas provisionales, como los más de $8.000 millones en carrotanques, es casi 450 % superior al costo de esos estudios.
"No se observa a más de 33 meses una voluntad seria de cumplir", concluyó la Sala, que habló de una conducta "omisiva y dilatoria" de la alcaldesa. También reconoció la complejidad técnica y financiera del proyecto y que las demás entidades vinculadas, como EPM, el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Antioquia, tampoco han sido eficientes. Aun así, dijo que eso no justifica que después de seis años la gestión esté en un punto tan básico.
El Tribunal se abstuvo de enviar copias a la Procuraduría, como pedían los demandantes. Las solicitudes de abrir incidentes de desacato contra EPM, el Ministerio y la Gobernación se resolvieron en un auto del 18 de septiembre.
Alcaldía defiende su gestión
En un comunicado, el Municipio de Bello dijo que respeta las decisiones judiciales y que usará "los mecanismos jurídicos procedentes" para que se valoren integralmente sus actuaciones y las circunstancias técnicas, jurídicas, institucionales y presupuestales que han incidido en el desarrollo de las soluciones definitivas.
La Alcaldía recordó que la sanción debe pasar por el grado jurisdiccional de consulta ante el Consejo de Estado, por lo que el asunto "aún debe surtir esta instancia de revisión". Dijo también que presentará argumentos y pruebas ante el superior.
El municipio defendió su gestión: más de 30 mesas técnicas con el Ministerio de Vivienda y la Gobernación, la radicación y el ajuste del proyecto de acueducto alternativo, la modificación excepcional del POT y el avance de la ruta de legalización urbanística. Afirmó que desde marzo de 2023 garantiza agua potable en carrotanques, que ha intervenido las vías de acceso y que ha hecho campañas de educación sanitaria. Según el comunicado, entre 2023 y 2025 invirtió más de $20.000 millones de recursos propios.
La Alcaldía agregó que la solución definitiva es interinstitucional y requiere estudios de riesgo de detalle, definición de espacio público, regularización territorial, viabilización y recursos. Reiteró que no es la única entidad demandada en la acción popular: también lo son el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Antioquia y EPM.
Claves de la noticia en cuatro preguntas:
¿Por qué el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a la alcaldesa de Bello?
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró en desacato a Lorena González Ospina por considerar que no se han cumplido las órdenes judiciales relacionadas con la construcción de las obras definitivas de acueducto y alcantarillado para los sectores El Pinar y Manantiales, en la vereda Granizal. La orden inicial establecía un plazo de nueve meses para ejecutar las obras, pero, según el Tribunal, han transcurrido más de seis años y el cumplimiento de las medidas estructurales continúa en una etapa temprana.
¿Qué sanción recibió la alcaldesa de Bello?
La Sala Séptima de Decisión le impuso a Lorena González Ospina una multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales, que deberá pagar de su propio bolsillo. Esta constituye la segunda sanción por este caso contra González Ospina desde que asumió la Alcaldía, el 1 de enero de 2024, y la tercera sanción relacionada con este proceso contra el representante legal del municipio en un periodo de seis años. La decisión todavía debe pasar por el grado jurisdiccional de consulta ante el Consejo de Estado.
¿Qué ha cumplido y qué sigue pendiente según el Tribunal?
El Tribunal reconoció que se han cumplido algunas medidas provisionales, como el suministro de agua mediante carrotanques, las campañas de educación sanitaria y la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, señaló que las obras definitivas de acueducto y alcantarillado siguen sin cumplirse. El proyecto continúa en evaluación ante el Ministerio de Vivienda y, según el municipio, solo cuatro de sus diez componentes cuentan con aval.
¿Qué cuestionó el Tribunal sobre los recursos destinados al proyecto?
La Sala señaló que el municipio no gestionó recursos en los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 para financiar los estudios de riesgo de detalle, que son necesarios para avanzar en las obras. Estos estudios tendrían un costo estimado entre $1.285 millones y $2.789 millones, mientras que el municipio proyecta realizarlos hasta el 31 de diciembre de 2027. El Tribunal comparó esta cifra con los más de $8.000 millones destinados a carrotanques y señaló que el gasto en estas medidas provisionales es casi 450 % superior al costo estimado de los estudios.