Sigue creciendo el contrabando de cigarrillos: autoridades reportaron el 38% del consumo en Colombia para 2025

Según las autoridades, las pérdidas registradas por este fenómeno superan los $1,18 billones en 2025.
La Ley 1335 de 2009, en su artículo 19, prohíbe el consumo de productos de tabaco en áreas cerradas de lugares de trabajo y/o públicos, lo que incluye las zonas comunes de conjuntos residenciales. Crédito: Colprensa

El contrabando de cigarrillos en Colombia continúa en ascenso y alcanzó un consumo nacional del 38% el año pasado, dos puntos porcentuales más que en 2024 y la cifra más alta registrada desde 2011.

Así lo reveló el ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’, elaborado por la firma Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

“El aumento del contrabando y de la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia. Este flagelo hace parte de economías criminales estructuradas que financian grupos armados ilegales y están asociadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos”, advirtió Didier Tavera, director ejecutivo de la FND.

El informe reveló que el incremento del comercio ilegal permitió estimar una pérdida de $1,186 billones en el recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos para los 32 departamentos y el Distrito Capital, durante el último año.

“En los últimos cinco años, el país ha dejado de percibir más de $4,8 billones por este fenómeno, recursos que estaban destinados principalmente a financiar sectores como salud y educación”, aseguró.

Según el directivo, el impacto va más allá de la pérdida fiscal y representa una amenaza para la seguridad, la sostenibilidad territorial y la inversión social en los departamentos.

Caribe, la región con mayor incidencia

El estudio evidenció que la Región Caribe concentra los mayores niveles de consumo de cigarrillos ilegales. La Guajira lidera con una incidencia del 94%, seguida por Cesar (79%), Magdalena (76%), Sucre (72%) y Bolívar (71%).

En otras zonas del país, los departamentos que superan el promedio nacional son Norte de Santander (69%), Antioquia (51%), Chocó (44%) y Tolima (41%).

En contraste, algunos territorios lograron reducir el consumo de cigarrillos ilegales en 2025, entre ellos Guaviare (-18 puntos porcentuales), Córdoba (-15 pp), Cauca (-12 pp), Caquetá (-8 pp) y Caldas (-6 pp). Además, en Amazonas, Casanare y Guainía no se reportó consumo de estos productos durante el periodo analizado.

Marcas ilegales más consumidas

El informe identificó que la marca ilegal Rumba lidera el mercado con el 12,8% del consumo, seguida de Carnival (6,3%), Marshal (2,1%) y Nashville (1,5%). También se detectó la presencia de Cherokee, una nueva marca ilegal que ingresó al mercado con una participación del 1,3%.

El precio, principal motivación de compra

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que pese a conocer que se trata de un producto ilegal y las consecuencias que genera, los fumadores siguen optando por estas marcas principalmente por su bajo costo.

“Ante la pregunta sobre las tres principales razones para elegir la marca comprada, el 87% de los encuestados afirmó que lo hizo porque “es la más barata”; el 70% señaló el sabor y el 41% mencionó la disponibilidad”, dijo Martín Orozco, gerente general de Invamer.

Actualmente, la diferencia de precio entre una cajetilla legal y una ilegal es de $7.580, brecha que continúa favoreciendo el comercio irregular y se mantiene como uno de los principales motores del contrabando en el país.

Metodología del estudio

El ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’ se ha realizado durante 13 años —de manera no consecutiva— mediante metodología de encuesta directa al consumidor.

“Para la edición 2025, se aplicaron 3.908 encuestas a personas entre 18 y 64 años, residentes en zonas rurales y urbanas de los 32 departamentos y Bogotá”, sostuvo.

Como elemento diferencial, cada cajetilla ilegal reportada fue adquirida directamente al consumidor en el momento de la encuesta, lo que permitió verificar las marcas y obtener un muestreo más preciso sobre la realidad del consumo.

La FND reiteró el llamado a fortalecer las acciones de control y prevención frente al contrabando, al considerar que este fenómeno no solo afecta las finanzas públicas, sino que también alimenta estructuras criminales y debilita la inversión social en las regiones.