La Contraloría General de la República presentó el Décimo Informe de la Implementación del Acuerdo Final de Paz en el país, un balance que reconoce avances durante los diez años transcurridos desde la firma del acuerdo, pero que también advierte sobre riesgos de desfinanciación, rezagos estructurales y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios.
Durante la presentación del informe, el contralor delegado para el Posconflicto, Fabio Alberto Alzate, aseguró que uno de los principales desafíos es garantizar la sostenibilidad financiera del proceso de paz, al advertir que el componente económico previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo no ha sido actualizado pese a los cambios en las necesidades del territorio.
Según explicó, aunque hasta 2025 se han invertido cerca de 138,11 billones de pesos y se han ajustado varias metas físicas, el costo real de implementar el Acuerdo Final sigue subestimado, especialmente en materia de ruralidad dispersa y de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que continúan recibiendo el mismo 16 % de financiación del Sistema General de Participaciones desde su creación.
Persisten rezagos en la reforma rural y la atención a las víctimas
El informe también advierte retrasos en algunos de los principales compromisos del Acuerdo de Paz.
Entre ellos, Alzate mencionó que la jurisdicción agraria aún no entra plenamente en funcionamiento y que las metas de adjudicar tres millones de hectáreas y formalizar siete millones presentan importantes rezagos.
A ello se suma el incumplimiento de las metas del catastro multipropósito y las dificultades que persisten en la articulación entre los sistemas de catastro y registro de tierras, considerados fundamentales para avanzar en la reforma rural integral.
En materia de víctimas, la Contraloría alertó que la reparación colectiva apenas alcanza el 25 % de los sujetos colectivos, mientras cerca de 7,8 millones de víctimas siguen esperando el pago de su indemnización.
Violencia y brechas sociales siguen afectando los territorios
El contralor delegado señaló que los rezagos en la implementación tienen un impacto directo sobre las comunidades.
Advirtió que continúan presentándose casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, así como fenómenos de confinamiento y desplazamiento forzado, con una afectación especial sobre los pueblos étnicos.
Asimismo, indicó que el 52 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en zonas rurales no tiene acceso a la educación, mientras que mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades étnicas, firmantes del Acuerdo de Paz, periodistas y líderes sociales continúan enfrentando amenazas, estigmatización y barreras institucionales.
Falencias en los indicadores de seguimiento
Otro de los hallazgos del informe está relacionado con los mecanismos de evaluación del proceso de paz.
La Contraloría identificó debilidades en los indicadores del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), al considerar que predominan los indicadores de ejecución de actividades sobre aquellos que realmente permiten medir los resultados y las transformaciones en los territorios.
"Sin datos confiables no hay seguimiento verificable y sin este la confianza se erosiona", advirtió Alzate.
Cinco retos para la segunda década del Acuerdo de Paz
Durante su intervención, el funcionario planteó cinco prioridades para fortalecer la implementación del Acuerdo Final durante la próxima década.
La primera consiste en convertir definitivamente la implementación del Acuerdo de Paz en una política de Estado, protegida de los cambios de gobierno y de los ciclos electorales.
La segunda propone consolidar una presencia integral del Estado en los territorios, articulando seguridad, justicia, infraestructura, servicios sociales y oportunidades económicas para generar transformaciones sostenibles.
Como tercer reto, la Contraloría planteó garantizar la sostenibilidad financiera del proceso mediante la actualización de los costos de implementación, la definición de nuevas fuentes de financiación e incluso abrir el debate sobre la creación de un tributo destinado específicamente a financiar la paz.
El cuarto desafío busca mejorar los sistemas de medición mediante indicadores orientados a resultados, fortalecer la interoperabilidad de la información entre entidades públicas y hacer más transparente el seguimiento a los recursos invertidos.
Y quinto Alzate insistió en que la prioridad debe ser la protección de la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales, líderes ambientales, periodistas, pueblos étnicos y de la niñez y adolescencia, sectores que continúan siendo víctimas de amenazas y violencia.
Una paz territorial y apropiada por las comunidades
Como visión para los próximos diez años, la Contraloría propuso avanzar hacia una paz construida desde los territorios y con participación activa de las comunidades.
Entre las propuestas incluidas en el informe se encuentran fortalecer las economías locales para generar empleo digno, impulsar una democracia más incluyente con mayor participación de mujeres, jóvenes, comunidades étnicas y personas LGBTIQ+, consolidar una paz ambiental que contribuya a la restauración de los territorios afectados por el conflicto y modernizar los sistemas de información mediante herramientas como la inteligencia artificial para fortalecer el seguimiento y preservar la memoria histórica.
Asimismo, el organismo planteó crear una mesa de pedagogía para la paz coordinada por la Contraloría Delegada para el Posconflicto, con el propósito de fortalecer los procesos educativos y culturales relacionados con la implementación del Acuerdo.
"La palabra debe ser la única arma"
Al cierre de su intervención, Fabio Alberto Alzate sostuvo que el principal reto de la nueva década será pasar de una paz diseñada desde las instituciones a una paz territorial, apropiada por las comunidades, financiada de manera sostenible y consolidada como una política de Estado.
El funcionario afirmó que el balance de los primeros diez años demuestra que el Acuerdo Final ha generado transformaciones importantes, aunque persisten desafíos que requieren el compromiso del Estado y de toda la sociedad para evitar retrocesos.
Finalmente, hizo un llamado a proteger el Acuerdo de Paz y a mantener viva la esperanza como fundamento para continuar construyendo una paz duradera en Colombia.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Cuál fue la principal advertencia de la Contraloría sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz?
La Contraloría advirtió que, a diez años de la firma del Acuerdo de Paz, su implementación enfrenta riesgos de desfinanciación. Aunque se han invertido cerca de 138,11 billones de pesos hasta 2025, el componente financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo no ha sido actualizado para responder a las necesidades reales de los territorios.
¿Qué rezagos identificó la Contraloría en la implementación del Acuerdo de Paz?
El informe señaló retrasos en la puesta en marcha de la jurisdicción agraria, el cumplimiento de las metas de adjudicación y formalización de tierras, la implementación del catastro multipropósito, la reparación colectiva de las víctimas y el acceso a la educación en las zonas rurales, además de la persistencia del reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y las amenazas contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo.
¿Cuáles son los cinco principales retos que planteó la Contraloría?
Los retos son: convertir la implementación en una política de Estado; garantizar una presencia integral del Estado en los territorios; asegurar la sostenibilidad financiera del proceso; fortalecer los sistemas de medición y seguimiento mediante indicadores de resultados; y proteger la vida de los firmantes del Acuerdo, líderes sociales, periodistas, pueblos étnicos, líderes ambientales, niños, niñas y adolescentes.
¿Qué visión propuso la Contraloría para consolidar la paz durante los próximos diez años?
La entidad propuso avanzar hacia una paz territorial apropiada por las comunidades, con mayor participación ciudadana, inclusión de mujeres, jóvenes, pueblos étnicos y personas LGBTIQ+, fortalecimiento de las economías locales, restauración ambiental de los territorios afectados por el conflicto, uso de tecnologías para mejorar el seguimiento al Acuerdo y una política de Estado que garantice la continuidad de su implementación.