Discriminación racial en las aulas: el desafío pendiente para la educación inclusiva en Colombia

La discriminación suele presentarse de forma sutil mediante burlas por el color de piel, el cabello o los rasgos físicos, exclusión de actividades.
Estudiantes Afrocolombianas Crédito: Movimiento Nacional Cimarrón

En vísperas del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, que se conmemora cada 25 de julio, expertos y académicos llaman la atención sobre la persistencia de prácticas discriminatorias en los entornos educativos colombianos, una problemática que continúa afectando el acceso, la permanencia y el bienestar de miles de estudiantes afrodescendientes.

Aunque el racismo suele asociarse con actos explícitos de rechazo, especialistas advierten que en colegios y universidades se manifiesta con frecuencia de manera sutil, a través de comportamientos normalizados que pasan desapercibidos o son minimizados por las comunidades educativas.

Mujeres afrodescendientes

“En la educación superior, el fenómeno se combina con estereotipos de género: se cuestiona la pertenencia académica de las mujeres afro, se asume que llegaron a la universidad por vías de excepción y no por mérito propio, se hipersexualiza su cuerpo y se les relega a imaginarios asociados al baile, el deporte o el servicio doméstico en lugar del ejercicio profesional o intelectual”, dijo Albertina Cuesta Moreno, estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia y jueza administrativa en Quibdó.

Según explicó, muchas mujeres afrodescendientes enfrentan cuestionamientos sobre su mérito académico, además de estereotipos de género que limitan su reconocimiento en espacios profesionales y académicos.

“Si la respuesta institucional es insuficiente o inexistente, la familia puede acudir a la Personería o a la Defensoría del Pueblo para solicitar acompañamiento, presentar una queja ante la Secretaría de Educación correspondiente, o instaurar una acción de tutela cuando esté en juego la vulneración de un derecho fundamental como la educación, la dignidad o la igualdad, entre otros”, agregó.

Consecuencias directas sobre la autoestima

Albertina Cuesta advirtió que estas situaciones tienen consecuencias directas sobre la autoestima, la identidad cultural y el desempeño educativo de las estudiantes. En muchos casos, generan ambientes donde las jóvenes sienten que deben demostrar constantemente que merecen ocupar un lugar dentro de la institución.

Entre las situaciones más recurrentes se encuentran las burlas relacionadas con el color de piel, el pelo, los rasgos físicos, la forma de hablar o el lugar de origen. También se presentan exclusiones en actividades académicas y sociales, sanciones desproporcionadas frente a determinadas conductas y comentarios que reproducen estereotipos sobre las capacidades intelectuales de las estudiantes afrodescendientes.

A esto se suma la escasa presencia de referentes afrocolombianos en los contenidos curriculares y materiales educativos, una ausencia que, según expertos, contribuye a invisibilizar los aportes de estas comunidades en la historia y la construcción del país.

Cualquier forma de discriminación

La Corte Constitucional ha reconocido en distintas decisiones judiciales que la raza, el sexo y el origen étnico son categorías especialmente protegidas frente a cualquier forma de discriminación. En ese sentido, ha reiterado la obligación de garantizar espacios educativos libres de exclusión y violencia.

Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, cuentan con responsabilidades específicas para prevenir y atender estos casos. Entre ellas se encuentran la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la activación de los protocolos contemplados en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y la denuncia de conductas que puedan constituir delitos relacionados con racismo o discriminación.

Los expertos también recomiendan que las familias documenten cualquier incidente, busquen acompañamiento institucional y acudan a entidades como las personerías, defensorías o secretarías de educación cuando consideren que no existe una respuesta adecuada por parte de los establecimientos educativos.

Aunque Colombia dispone de un marco legal amplio para combatir la discriminación racial, especialistas coinciden en que aún persiste una brecha significativa entre las garantías reconocidas por la ley y la realidad que enfrentan muchas niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes en las aulas.

Claves del tema en cuatro preguntas

¿Cómo se manifiesta la discriminación racial contra mujeres y niñas afrodescendientes en la educación?

La discriminación suele presentarse de forma sutil mediante burlas por el color de piel, el cabello o los rasgos físicos, exclusión de actividades, sanciones desproporcionadas y estereotipos sobre su comportamiento o capacidades académicas. Estas prácticas pueden pasar desapercibidas al ser consideradas normales dentro de los entornos educativos.

¿Qué efectos tiene el racismo en la trayectoria educativa de las estudiantes afrodescendientes?

Según expertos, estas conductas afectan la autoestima, la identidad cultural y el sentido de pertenencia de las estudiantes. Además, pueden impactar su rendimiento académico, aumentar el riesgo de deserción escolar y generar la sensación de tener que demostrar constantemente que merecen ocupar su lugar en colegios y universidades.

¿Qué obligaciones tienen las instituciones educativas para prevenir y atender estos casos?

Los establecimientos educativos deben implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, activar los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar ante casos de discriminación y adoptar medidas para prevenir y sancionar actos de racismo. También están obligados a reportar conductas que puedan constituir delitos.

¿Qué pueden hacer las familias si una niña o adolescente es víctima de discriminación racial?

Los padres o acudientes pueden presentar una queja ante el Comité Escolar de Convivencia, solicitar la activación de los protocolos institucionales y dejar constancia escrita de los hechos. Si no reciben una respuesta adecuada, pueden acudir a la Personería, la Defensoría del Pueblo, las secretarías de Educación o interponer una acción de tutela. En casos graves, también pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.