La Defensoría del Pueblo afirmó que las intervenciones de la Fuerza Pública dentro de las universidades deben tener un carácter excepcional y estar sujetas a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno Nacional anunciara la creación de un protocolo para establecer los parámetros de actuación de las autoridades en los campus universitarios. Para la Defensoría, cualquier regulación debe buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de las personas, la autonomía universitaria y la preservación del orden público.
La entidad consideró fundamental diferenciar entre el ejercicio legítimo de la protesta y aquellas situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. Según la Defensoría, esta distinción debe ser uno de los elementos centrales del protocolo que prepara el Gobierno.
“Por tanto, existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad. La flagrancia es una de ellas y, en estos casos, no se requiere como regla general autorización previa de las autoridades universitarias. Sin embargo, ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación”, señaló la Defensoría del Pueblo.
Autonomía universitaria no significa extraterritorialidad
La Defensoría recordó que la autonomía universitaria está reconocida en el artículo 69 de la Constitución Política y constituye una garantía para que las instituciones de educación superior puedan autodirigirse y autorregularse, preservar la libertad académica y protegerse frente a interferencias indebidas.
Sin embargo, la entidad señaló que esta autonomía no tiene carácter absoluto y no significa que las universidades sean espacios por fuera de la Constitución o la ley.
En ese sentido, explicó que existen circunstancias excepcionales en las que la Fuerza Pública puede intervenir dentro de una universidad. Entre ellas se encuentra la flagrancia, situación en la que, como regla general, no se requiere una autorización previa de las autoridades universitarias.
No obstante, la Defensoría advirtió que incluso en circunstancias que puedan habilitar una intervención, las autoridades deben actuar con fundamento jurídico y respetar los principios que limitan el uso de la fuerza.
Protesta pacífica no justifica por sí sola el ingreso de la Fuerza Pública
La entidad también hizo énfasis en la protección de las expresiones pacíficas de la comunidad universitaria.
Las asambleas estudiantiles, la deliberación académica, las expresiones de inconformidad y el disenso político, cuando se desarrollan pacíficamente, no constituyen por sí mismos motivos que justifiquen el ingreso de la Fuerza Pública a los campus, según el pronunciamiento.
“Al mismo tiempo, la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la Fuerza Pública a los campus universitarios. Se trata de expresiones legítimas de la comunidad universitaria y del derecho de estudiantes a reunirse y manifestarse pacíficamente en las universidades”, destacó.
La Defensoría advirtió además sobre la necesidad de evitar interpretaciones que equiparen de manera general la protesta o la inconformidad con conductas violentas o delictivas.
Cuando se presenten hechos de violencia, la actuación de las autoridades debe estar dirigida específicamente contra esas conductas, sin que ello implique una intervención indiscriminada sobre estudiantes, docentes, trabajadores u otros integrantes de la comunidad universitaria que no estén involucrados en ellas.
Uso de la fuerza debe ser excepcional
En los escenarios relacionados con protesta y movilización, la Defensoría planteó que el diálogo, la mediación y la persuasión deben ocupar un lugar central.
De acuerdo con la entidad, el uso de la fuerza debe ser excepcional y responder a una necesidad concreta. Además, las autoridades deben diferenciar entre las personas que ejercen pacíficamente sus derechos y aquellas que eventualmente participen en actos de violencia.
La intensidad de cualquier intervención, agregó, debe guardar proporción con el riesgo que se busca controlar.
La Defensoría recordó que tiene competencias relacionadas con la protesta social, entre ellas promover el diálogo, mediar en situaciones de tensión y realizar llamados a las autoridades sobre las condiciones necesarias para el uso de la fuerza. También realiza llamados a los manifestantes para evitar actuaciones que desborden el ámbito protegido del derecho a la protesta.
Coordinación con las universidades
Otro de los aspectos señalados por la entidad es la importancia de mantener la coordinación y comunicación con las autoridades universitarias siempre que las circunstancias lo permitan.
Según la Defensoría, estos mecanismos pueden contribuir a reducir riesgos, proteger a la comunidad académica y preservar el funcionamiento de las universidades, sin desconocer las facultades que excepcionalmente pueden ejercer las autoridades en situaciones como la flagrancia.
La entidad también llamó la atención sobre la necesidad de tener especial cuidado en las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios, teniendo en cuenta los antecedentes históricos del país relacionados con este tipo de actuaciones.
Defensoría pide participación en construcción del protocolo
La Defensoría del Pueblo sostuvo que proteger la autonomía universitaria no significa permitir la comisión de delitos, pero también señaló que garantizar el orden público no debe traducirse en restricciones indebidas a la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica y otros derechos fundamentales.
Frente al protocolo anunciado por el Gobierno Nacional, la entidad pidió que su elaboración se realice mediante un proceso participativo, en línea con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641 de 2020.
Para la Defensoría, el documento debe establecer con claridad los escenarios excepcionales en los que puede intervenir la Fuerza Pública, las responsabilidades de las diferentes autoridades, los mecanismos de coordinación y las garantías destinadas a prevenir excesos en el uso de la fuerza.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Qué pidió la Defensoría del Pueblo sobre la actuación de la Fuerza Pública en las universidades?
La Defensoría pidió que cualquier intervención dentro de los campus universitarios sea excepcional y respete la autonomía universitaria, la protesta pacífica y los derechos fundamentales. También señaló que las actuaciones deben cumplir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
¿La autonomía universitaria impide cualquier intervención de la Fuerza Pública?
No. La Defensoría explicó que la autonomía universitaria, reconocida en el artículo 69 de la Constitución, no es absoluta. Existen circunstancias excepcionales, como la flagrancia, en las que puede intervenir la Fuerza Pública, sin que ello implique actuaciones ilimitadas.
¿La protesta pacífica puede justificar el ingreso de la Fuerza Pública a una universidad?
Según la Defensoría, la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad no constituyen por sí mismas razones para ingresar a los campus. Si se presentan hechos de violencia, la actuación debe dirigirse específicamente contra quienes estén involucrados, evitando intervenciones indiscriminadas.
¿Qué debería incluir el protocolo que prepara el Gobierno Nacional?
La Defensoría considera que el protocolo debe definir claramente los casos excepcionales de intervención, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación con las universidades y las garantías para prevenir excesos en el uso de la fuerza. Además, pidió que su elaboración se realice mediante un proceso participativo.