El Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó condenó a Eliana Yesenia Castro Sánchez, de 41 años, a 144 meses (12 años) de prisión por los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo y sucesivo con falsedad ideológica en documento público agravado.
Apropiación de recursos públicos en San Roque
Según la decisión, entre 2021 y 2024 Castro Sánchez, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa de la Secretaría de Hacienda de San Roque, se apropió de recursos públicos del municipio por cerca de $5.275 millones.
El fallo describió los mecanismos como: transferir dineros que ingresaban a las cuentas del municipio directamente a su cuenta personal, crear egresos sin soporte válido con pagos a su propia cuenta o a supuestos proveedores, y modificar egresos por valores mayores a los que correspondían.
Captura y aceptación de los cargos
La mujer fue capturada y cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario en marzo de 2025, cuando no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía 52 Seccional de Administración Pública. El 21 de abril de 2026, en la audiencia de acusación, cambió de postura y se allanó a los cargos, lo que le significó una rebaja de una tercera parte de la pena.
Multa y negativa de prisión domiciliaria
Además de la prisión, el juez le impuso una multa de 33.333 salarios mínimos mensuales y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, pues el artículo 68A del Código Penal prohíbe esos beneficios para delitos contra la administración pública y la pena supera los límites legales para acceder a ellos.
La defensa pidió la prisión domiciliaria alegando que Castro Sánchez es madre cabeza de familia y sostiene a su madre y a su hijo. El despacho concluyó que no demostró ser la única responsable del hogar: no se aportó un estudio sociofamiliar ni un diagnóstico médico sobre la salud de su madre, y su hijo es mayor de edad. La condenada seguirá pagando su pena en un centro de reclusión que asignará el INPEC, y el proceso pasará a los jueces de ejecución de penas.
Esta noticia en cinco preguntas
¿Quién es la mujer condenada y cuál fue la pena impuesta?
Eliana Yesenia Castro Sánchez, de 41 años, fue condenada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó a 12 años de prisión, equivalentes a 144 meses. La sentencia la declara responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público agravada.
¿Cuánto dinero habría apropiado y cuándo ocurrieron los hechos?
De acuerdo con el fallo, entre 2021 y 2024, cuando trabajaba como auxiliar administrativa de la Secretaría de Hacienda de San Roque, Castro Sánchez se apropió de cerca de 5.275 millones de pesos de recursos públicos del municipio.
¿Qué mecanismos utilizó para apropiarse de los recursos?
La decisión judicial describe tres mecanismos: transferencias de dineros de las cuentas municipales a su cuenta personal, creación de egresos sin soportes válidos para realizar pagos a ella misma o a supuestos proveedores, y modificación de egresos para registrar valores superiores a los que correspondían. Estas actuaciones sustentaron la condena por los delitos contra la administración pública y la fe pública.
¿Por qué recibió una rebaja en la pena?
La mujer fue capturada en marzo de 2025 y en ese momento no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, el 21 de abril de 2026, durante la audiencia de acusación, se allanó a ellos. Esa decisión le permitió acceder a una rebaja de una tercera parte de la pena.
¿Por qué no podrá cumplir la condena en su domicilio?
La defensa solicitó la prisión domiciliaria con el argumento de que Castro Sánchez era madre cabeza de familia y sostenía económicamente a su madre y a su hijo. Sin embargo, el juzgado consideró que no se acreditó que fuera la única responsable del hogar. Entre los elementos que tuvo en cuenta estuvo la ausencia de un estudio sociofamiliar y de un diagnóstico médico sobre la salud de su madre, además de que su hijo es mayor de edad. El juez también señaló las restricciones legales para conceder beneficios en delitos contra la administración pública. Por esa razón, deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario que determine el INPEC.