Con un auto de 78 páginas, la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió el Decreto 182 de 2026, el acto administrativo con el que el Gobierno nacional cambió las normas para afiliarse a determinadas EPS en el territorio nacional.
El decreto preveía trasladar unos tres millones de pacientes a Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, que ya cuenta con once millones de usuarios y está a cargo del Ejecutivo, que no solo la intervino, sino que es su accionista mayoritario.
Actualmente, la norma está suspendida por orden del Tribunal Administrativo de Antioquia, que, al igual que el Consejo de Estado, preliminarmente concluyó que la norma es desproporcionada y afecta los derechos fundamentales.
Nueva EPS presenta un “contexto de debilidad financiera y operativa” marcado por el incumplimiento del capital mínimo para funcionar, un “déficit en reservas técnicas” —falta de plata para cubrir deudas— y un aumento de tutelas en su contra.
Un freno hasta la decisión de fondo
La magistrada Nubia Margoth Peña, de la Sección Primera, es la autora de la suspensión, que es provisional, como en el Tribunal de Antioquia. Es decir, el decreto seguirá suspendido hasta que llegue un fallo de fondo.
El Consejo analiza una demanda de nulidad que interpuso la congresista Katherine Miranda. El tribunal, por su parte, avanza en una acción popular de Víctor Raúl Palacio Bohórquez, de la Asociación de Usuarios de Sanitas, otra EPS que el Gobierno intervino hasta que en septiembre de 2025 la Corte Constitucional se la devolvió al grupo empresarial Keralty.
Los colegios médicos de Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca y Bogotá, habían advertido de la reorganización del esquema sanitario del Decreto 182. Nueva EPS habría acaparado unos catorce millones de usuarios mientras permanece en una vasta crisis.
Las fallas de Nueva EPS
"Resulta preocupante porque la EPS, que actualmente se encuentra bajo manejo del Gobierno nacional desde abril de 2024, viene presentando un deterioro en indicadores financieros y de calidad, situación evidenciada en quejas, tutelas y reportes publicados por entidades de control”, indicaron.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Daniel Quintero como superintendente recién posesionado, administra seis EPS, luego de que dos tribunales le arrebataran Coosalud y Savia Salud: Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
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