El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional por las secuelas físicas y mentales que sufrió un menor de cuatro años tras recibir una inyección mal aplicada en la Clínica de la Policía de Envigado. Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2008 y la decisión definitiva llegó 18 años después.
Según el abogado de la familia, Javier Villegas Posada, esa noche el niño llegó a urgencias con fiebre y dolor generalizado, y una auxiliar de enfermería le aplicó media ampolla de dipirona en el glúteo derecho. El menor perdió el conocimiento por la intensidad del dolor. A la madre le dijeron que los efectos podían durar hasta un mes, pero no cedieron, y la familia tuvo que recurrir a una tutela para que lo valorara un neurólogo, porque en la clínica no había contratos vigentes con especialistas.
Las consecuencias de la inyección y el diagnóstico tardío
El diagnóstico llegó casi tres meses después: una lesión del nervio ciático derecho, porque la inyección no se aplicó en la zona segura del glúteo. El dolor se volvió crónico y, para controlarlo, el niño fue tratado con opioides como el tramadol y la morfina. En 2010, Medicina Legal dictaminó una deformidad física y una perturbación funcional permanentes: el menor quedó con cojera y con el pie derecho en posición equina, una alteración que le impide apoyar el talón en el suelo.
En 2014, peritos de la Universidad CES documentaron además un daño permanente en su salud mental, derivado del dolor crónico y de la dependencia a los medicamentos, que le causaron depresión respiratoria, convulsiones y dependencia física y psicológica. Según el dictamen, la lesión exigió el tratamiento de una decena de especialidades.
El fallo del Consejo de Estado y la responsabilidad de la Policía
El Consejo de Estado, en segunda instancia, declaró la responsabilidad de la Policía por una falla probada del servicio y la condenó a indemnizar al menor por perjuicios materiales y morales y por daño a la salud. A sus familiares deberá pagarles perjuicios morales.
Para el alto tribunal, el daño fue cierto, personal y permanente, y no se redujo a la lesión del nervio ciático: comprende también la deformidad física, la perturbación funcional del órgano de la locomoción, el dolor crónico y la dependencia a los opiáceos, que comprometió gravemente su salud mental.
La historia clínica de 2013 registra dos intentos de suicidio y una hospitalización por sobredosis que obligó a un proceso de desintoxicación en el Hospital San Vicente de Paúl. Así lo dijo el abogado Javier Villegas Posada, representante de la familia.
“La dependencia a los opiáceos derivada del manejo analgésico de ese dolor comprometió gravemente su salud mental, llevándolo incluso a atentar contra su propia vida, por lo menos en dos oportunidades”, declaró.
La Policía sostuvo que la atención fue oportuna y diligente, y que el estado del menor se debió a que la madre incumplió el deber de cuidado y las recomendaciones médicas. El Consejo de Estado rechazó ese argumento y concluyó que la entidad no demostró que la madre hubiera provocado o agravado el daño.
El impacto económico y familiar de casi dos décadas de tratamientos
La familia también pagó un alto costo económico: los padres vendieron su casa y el pequeño negocio que les daba el sustento para cubrir los tratamientos, y terminaron viviendo en la casa de la abuela. La madre llegó a encadenarse en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra, en Medellín, en busca de apoyo. Hoy el joven tiene más de 20 años, padece limitaciones físicas invalidantes y ha sufrido graves problemas de salud mental permanentes.
Esta noticia en cinco preguntas
¿Por qué el Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional?
El alto tribunal encontró una falla probada del servicio en la atención médica que recibió el menor en la Clínica de la Policía de Envigado. La decisión establece que la inyección de dipirona fue aplicada en una zona inadecuada del glúteo derecho y ocasionó una lesión del nervio ciático. La Policía fue declarada responsable de las consecuencias físicas y mentales que se derivaron de ese procedimiento.
¿Qué secuelas le dejó al menor la aplicación de la inyección?
El joven quedó con una lesión permanente del nervio ciático derecho, cojera y el pie en posición equina, una condición que le impide apoyar el talón en el suelo. También desarrolló dolor crónico que requirió medicamentos opioides, entre ellos tramadol y morfina. Los peritos documentaron afectaciones permanentes en su salud mental y dependencia física y psicológica a los medicamentos.
¿Qué relación tuvo el tratamiento del dolor con los problemas de salud mental?
De acuerdo con el abogado de la familia, Javier Villegas Posada, el manejo del dolor crónico con opioides derivó en una dependencia que comprometió gravemente la salud mental del joven. La historia clínica de 2013 registra dos intentos de suicidio y una hospitalización por sobredosis, que hizo necesario un proceso de desintoxicación en el Hospital San Vicente de Paúl. Los dictámenes médicos también documentaron otras complicaciones, como depresión respiratoria y convulsiones.
¿Qué argumentos presentó la Policía durante el proceso judicial?
La institución sostuvo que la atención médica había sido oportuna y diligente, y atribuyó el estado del menor a un supuesto incumplimiento de la madre frente al deber de cuidado y las recomendaciones médicas. Sin embargo, el Consejo de Estado descartó esa explicación porque la Policía no logró demostrar que la madre hubiera causado o agravado las lesiones y sus consecuencias.
¿Qué ordenó el Consejo de Estado y cómo afectó el caso a la familia?
En segunda instancia, el Consejo de Estado ordenó indemnizar al joven por perjuicios materiales y morales y por daño a la salud. También reconoció perjuicios morales para sus familiares. Durante estos años, los padres tuvieron que vender su vivienda y el negocio del que obtenían sus ingresos para pagar los tratamientos. La familia terminó viviendo en casa de la abuela, mientras la madre buscaba apoyo institucional y llegó a encadenarse en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra, en Medellín.