La Contraloría General de la República informó que la aeronave tipo C-130 Hércules, identificada con matrícula FAC 1016, que sufrió un accidente el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, no contaba con una póliza de seguro vigente al momento del siniestro. Este hecho implica que el Estado podría asumir directamente los costos derivados del accidente, incluyendo posibles indemnizaciones.
De acuerdo con el organismo de control, la ausencia de aseguramiento limita los mecanismos de transferencia del riesgo, lo que expone al patrimonio público a impactos económicos significativos. La situación adquiere relevancia fiscal debido a las posibles obligaciones que surgirían tras el evento, tanto en términos de reparación como de compensación.
Baja cobertura de seguros en la flota aérea: solo el 19% de las aeronaves tienen seguro
El análisis realizado por la entidad reveló que solo el 19% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuentan actualmente con algún tipo de aseguramiento. Esta cifra evidencia una brecha considerable en la cobertura de riesgos dentro del componente aéreo del sector defensa.
Asimismo, se identificaron debilidades en la gestión del riesgo relacionadas con el aseguramiento de aeronaves. Entre ellas, se encuentra la subestimación del riesgo en aeronaves que operan en zonas de mayor exposición a eventos adversos, así como la sobreestimación en aquellas con menor nivel de riesgo. Según la Contraloría, estas inconsistencias reflejan problemas en la estructuración de las políticas de aseguramiento y en la asignación eficiente de los recursos disponibles.
Presupuesto en aumento, pero insuficiente
La Contraloría también señaló que, aunque el presupuesto del sector defensa ha registrado un crecimiento sostenido durante los años 2024, 2025 y 2026, este incremento no ha sido suficiente para cubrir las necesidades estructurales del sector. Aspectos como la modernización, el mantenimiento de aeronaves, la reposición de equipos y la gestión del riesgo continúan presentando limitaciones.
El informe advierte que existe una alta proporción de gasto destinada al funcionamiento en comparación con la inversión, lo que restringe el fortalecimiento de capacidades estratégicas. Aunque en 2026 se observa una recuperación en los niveles de inversión, la entidad insiste en la necesidad de que esta tendencia sea sostenida y responda a una planeación estructural orientada a la seguridad operacional y la protección del personal.
Riesgos estructurales y seguimiento fiscal
Dentro de los hallazgos, la entidad identificó otros riesgos que afectan la sostenibilidad del sector defensa. Entre ellos, el rezago en tecnología e innovación, así como el impacto fiscal del régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los 140 billones de pesos. Estas condiciones, sumadas a las restricciones presupuestales, configuran un escenario de presión financiera para el sector.
La Contraloría expresó preocupación por las implicaciones que la falta de aseguramiento podría tener sobre los mecanismos de compensación para los tripulantes y demás integrantes de la Fuerza Pública afectados por el accidente. En este contexto, anunció que realizará seguimiento a las actuaciones relacionadas con este caso dentro de sus funciones de control fiscal.
El organismo reiteró la necesidad de fortalecer las políticas de aseguramiento, mejorar los modelos de valoración del riesgo, incrementar la inversión y adoptar medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sector defensa. Estas acciones buscan reducir la exposición a riesgos fiscales y mejorar la administración de activos estratégicos del Estado.