La Contraloría General de la República activó una Función de Advertencia dirigida al Gobierno Nacional, tras identificar una serie de riesgos presupuestales, financieros y contractuales que, según el organismo de control, podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y el equilibrio fiscal del Estado.
La decisión se sustenta en un informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y la contratación pública, elaborado con información correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, en el que la entidad analizó el comportamiento de la contratación estatal una vez finalizó la restricción establecida por la Ley de Garantías.
De acuerdo con la Contraloría, durante ese periodo se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos, cifra que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo lapso registrado cuatro años atrás.
El organismo también llamó la atención porque más de 11.000 contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, modalidad que, según señaló, requiere un seguimiento especial debido a los riesgos que puede representar para la transparencia, la planeación y el control de los recursos públicos.
Contraloría advierte presiones sobre las finanzas del Estado
En el informe, el organismo sostuvo que el Gobierno Nacional enfrenta un escenario de presión sobre sus finanzas debido a diferentes factores, entre ellos el menor recaudo tributario, el incumplimiento de la meta de ingresos, la ausencia de un ajuste al Presupuesto General de la Nación, rezagos en las reservas presupuestales y nuevas necesidades de financiación.
Frente a ese panorama, la Contraloría advirtió que cualquier decisión relacionada con nuevos compromisos presupuestales o contractuales, debe contar con respaldo financiero suficiente.
"La aprobación de nuevas transferencias, asignaciones presupuestales o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación podría profundizar las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, afectar el equilibrio presupuestal, incrementar las necesidades de endeudamiento y generar un eventual detrimento del patrimonio público", señaló la Contraloría.
Adicionalmente, el organismo informó que identificó riesgos específicos en procesos contractuales y presupuestales de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, por lo que instó a fortalecer los mecanismos de control para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Siete factores de riesgo y llamado al Gobierno Nacional
Como resultado del análisis, la Contraloría identificó siete factores de riesgo que, según indicó, requieren seguimiento permanente dentro del ejercicio de control fiscal preventivo y concomitante.
Entre ellos mencionó la insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa, la concentración de contratos y posibles debilidades en los mecanismos de supervisión y control contractual.
"Es importante señalar que la aceleración de la contratación pública registrada durante el último mes demanda una vigilancia constante para verificar que las obligaciones adquiridas correspondan a una adecuada planeación financiera y que exista capacidad real para ejecutar y supervisar los proyectos durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal", indicó el organismo.
La Función de Advertencia fue dirigida al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, en su calidad de gestor fiscal del Presupuesto General de la Nación, y a los ordenadores del gasto de las entidades que conforman el Gobierno Nacional.
Finalmente, la Contraloría reiteró que esta actuación preventiva busca evitar que los riesgos detectados deriven en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio del Estado o eventuales procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria. Asimismo, recordó que la gestión fiscal no solo implica ejecutar recursos, sino garantizar que cada decisión presupuestal sea financieramente sostenible, jurídicamente viable y acorde con la capacidad real de financiación del Estado.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Contraloría General activó una Función de Advertencia al Gobierno Nacional?
Porque identificó riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado, en medio de presiones sobre la caja del Gobierno, restricciones de financiación y un incremento acelerado de la contratación pública.
¿Qué hallazgos encontró la Contraloría sobre la contratación pública tras el levantamiento de la Ley de Garantías?
El organismo evidenció que se suscribieron 14.414 contratos por cerca de 4,55 billones de pesos, un 22,5 % más que en el mismo periodo de hace cuatro años. Además, más de 11.000 contratos fueron adjudicados mediante contratación directa.
¿Cuáles son los principales riesgos señalados en el informe de la Contraloría?
Entre los principales riesgos están la insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa, la concentración contractual y posibles debilidades en la supervisión y el control de los contratos.
¿Qué recomendación hizo la Contraloría al Gobierno Nacional frente al manejo del presupuesto?
Recomendó que toda decisión de transferencias, asignaciones presupuestales o nuevos compromisos financieros cuente con una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente, para evitar afectar el equilibrio de las finanzas públicas y el patrimonio del Estado.