La Contraloría General de la República presentó los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, en el que se analizó la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 universidades públicas del país.
El informe advierte que solo una institución es financieramente autosostenible y que más de la mitad de los ingresos del sistema provienen de recursos nacionales.
Según el órgano de control, “el 50,1 % de los ingresos que perciben las universidades públicas provienen de aportes nacionales”, lo que limita la planeación de largo plazo y profundiza las brechas regionales.
El estudio también señala que el 97 % de las instituciones analizadas no logra sostener su operación con recursos autogenerados.
Concentración de recursos y brechas regionales
El informe identifica una alta concentración de los recursos públicos en un grupo reducido de universidades.
La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.
Esta distribución impacta la equidad del gasto público y se refleja en amplias diferencias en los ingresos por estudiante. Mientras en la Universidad Nacional el ingreso por alumno alcanza los $11.426.139, en la UNAD es de $525.777, frente a un promedio nacional de $4.512.090 para el periodo analizado.
Gasto y solvencia financiera
El análisis del gasto muestra que las universidades con mayor cobertura concentran una proporción significativa del gasto total del sistema.
En el orden nacional, la Universidad Nacional y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos, mientras que en el nivel territorial la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentraron el 36,4 %.
En términos de solvencia, el estudio señala que el 75,8 % de las instituciones presenta indicadores iguales o superiores a tres, lo que evidencia capacidad para respaldar sus obligaciones financieras.
No obstante, el 24,2 % restante registra niveles inferiores, con una menor capacidad de maniobra financiera.
Pasivo pensional, principal carga
El informe advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público asciende a $10,3 billones en 2024 y se mantiene como la carga estructural más relevante.
La Contraloría alertó que esta cifra “podría incrementarse exponencialmente ante la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades”.
El pasivo está concentrado principalmente en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que en conjunto representan el 57,8 % del total. Según el estudio, esta carga desvía recursos que podrían destinarse a docencia e infraestructura y limita la capacidad de crecimiento institucional.
Reforma a la Ley 30 e impacto fiscal
La Contraloría también evaluó el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones para el periodo 2027-2040, el órgano de control estima un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036.
Aunque la entidad reconoce que la iniciativa “avanza en la dirección correcta hacia la gratuidad y hacia niveles de financiación como proporción del PIB comparables con los países de la OCDE”, advirtió que cualquier incremento debe estar respaldado por fuentes de financiación claras y sostenibles en el largo plazo.
Desfinanciación estructural del sistema
El estudio concluye que, pese a algunos avances en inversión y gestión presupuestal, persisten desigualdades en la asignación de recursos, limitaciones para generar ingresos propios y presiones derivadas del pasivo pensional.
“La educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades públicas del país”, señaló la Contraloría, que llamó a revisar el modelo de financiación vigente y a definir la ruta que debe asumir el Estado para garantizar la estabilidad del sistema universitario público.