La primera diligencia de inspección adelantada por el grupo élite de la Policía Judicial de la Contraloría General de la República en el Ministerio de Hacienda se prolongó por cerca de seis horas durante su primera jornada. La FM conoció que la verificación de información sobre la situación financiera del Gobierno Nacional se extenderá hasta este viernes.
El procedimiento comenzó con el ingreso de cuatro investigadores a la sede del ministerio, con el fin de recolectar documentación física y digital que sustente el análisis que el órgano de control adelanta sobre el manejo de los recursos públicos.
El equipo multidisciplinario está integrado por ingenieros informáticos forenses, expertos financieros, contadores públicos y abogados criminalistas. Las diligencias son lideradas por la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.
Las alertas tras el fin de la Ley de Garantías
El despliegue de la Contraloría se da luego de que el organismo emitiera una alerta sobre la contratación pública posterior al levantamiento de la Ley de Garantías. Según el informe de seguimiento con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones.
Esta cifra representa un incremento del 22,5 % en comparación con el mismo periodo de hace cuatro años.
Además, el ente de control advirtió que más de 11.000 de estos contratos se adjudicaron bajo la modalidad de contratación directa, un mecanismo que requiere especial vigilancia por los riesgos que implica para la transparencia y la planeación del gasto público.
Función de advertencia y riesgos fiscales
Ante estos hallazgos, la Contraloría activó una Función de Advertencia al Gobierno Nacional tras identificar riesgos presupuestales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país. En el informe se destacan alertas específicas en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
El organismo de control enfatizó que las finanzas públicas atraviesan un escenario de alta presión por cuenta del menor recaudo tributario, el incumplimiento en las metas de ingresos, el rezago en reservas presupuestales y la falta de ajustes al Presupuesto General de la Nación.
En ese sentido, la Contraloría advirtió que asumir nuevos compromisos contractuales sin fuentes de financiación ciertas podría aumentar las necesidades de endeudamiento y generar un eventual detrimento patrimonial. Las autoridades no descartan nuevas diligencias una vez se evalúe el material recopilado.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuánto durará la inspección de la Policía Judicial de la Contraloría en el Ministerio de Hacienda?
La primera diligencia se extendió durante cerca de seis horas, pero el procedimiento continuará durante varios días. Según conoció La FM, la verificación y recopilación de información se realizará hasta el próximo viernes con el fin de revisar la situación presupuestal y financiera del Gobierno Nacional.
¿Quiénes integran el grupo élite que adelanta la diligencia y cuál es su misión?
El equipo está conformado por ingenieros informáticos forenses, expertos financieros, un contador público y abogados especializados en criminalística. Su misión es analizar la documentación física y los soportes digitales del sistema contractual para verificar el manejo de los recursos públicos y sustentar el análisis fiscal de la Contraloría.
¿Qué hallazgos motivaron la intervención de la Contraloría en el Ministerio de Hacienda?
La diligencia se originó tras la Función de Advertencia emitida por la Contraloría, luego de detectar que, una vez levantada la Ley de Garantías, se suscribieron 14.414 contratos por cerca de 4,55 billones de pesos, un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. Además, más de 11.000 de esos contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, modalidad que la entidad considera de mayor riesgo para la transparencia.
¿Cuáles son los principales riesgos fiscales identificados por la Contraloría?
El organismo de control advirtió presiones sobre las finanzas públicas debido al menor recaudo tributario, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajustes al Presupuesto General de la Nación, rezagos en las reservas presupuestales y mayores necesidades de financiación. También alertó que asumir nuevos compromisos sin respaldo financiero suficiente podría afectar el equilibrio fiscal, aumentar el endeudamiento y generar un eventual detrimento del patrimonio público.