La superintendente de la Economía Solidaria, María Navarro Muñoz, afirmó en entrevista con La FM que la entidad adelanta vigilancia sobre Coosalud debido a hallazgos que fueron trasladados a la Fiscalía y que estarían relacionados con un “presunto entramado para desviar los recursos de la salud”, según explicó durante la conversación radial.
¿Qué irregularidades detectó la Superintendencia en Coosalud?
Navarro señaló que la intervención a la cooperativa Coosalud responde a una serie de operaciones que, según dijo, buscaban “simular compras de cartera de obligaciones financieras de la EPS”.
Indicó que la estructura involucraba varias empresas con representantes legales coincidentes, entre ellas la cooperativa, la EPS y una firma denominada Coosalud Inversa, desde donde se habrían trasladado pasivos.
La funcionaria explicó que el entonces gerente, Jaime González, actuaba simultáneamente como representante legal de varias de estas entidades, lo que permitió, según su versión, mover obligaciones financieras entre ellas. “No había una confiabilidad de los estados financieros de la EPS”, afirmó, al indicar que los reportes mostraban una situación distinta a la encontrada posteriormente.
También reveló que desde esa estructura se solicitó un crédito por 221.000 millones de pesos, en el que se puso como garantía a la EPS y a la cooperativa. “No está permitido poner recursos de la EPS, recursos públicos, como garantía de un crédito a particular”, aseguró.
¿Qué pasará con los usuarios y el control de la EPS?
Durante la entrevista, Navarro indicó que los hallazgos ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, con la que se adelantan reuniones periódicas. “Todos estos hallazgos con pruebas además las hemos entregado a la Fiscalía”, dijo, al señalar que el caso hace parte de una revisión más amplia sobre el uso del modelo cooperativo.
En relación con las consecuencias, sostuvo que estas conductas “claro que sí” podrían tener implicaciones penales para directivos y administradores. Además, cuestionó la posibilidad de que el exgerente retome funciones, al señalar que “cursan investigaciones en la Fiscalía por todo lo que hemos denunciado”.
La superintendente detalló que del crédito mencionado, una parte habría llegado a la EPS, mientras que otra se habría girado a terceros. “Salieron 100.000 millones de pesos para la EPS, pero 120.000 millones de pesos a terceros”, precisó, al explicar que los desembolsos se hicieron mediante cheques de gerencia.
Sobre el impacto en los usuarios, indicó que la prestación del servicio continúa bajo el equipo actual. “La prestación del servicio debe continuar y así se está haciendo”, afirmó, al referirse a los más de tres millones de afiliados de la entidad.
Finalmente, Navarro explicó que la orden judicial que suspendió la intervención debe cumplirse mediante un procedimiento. “Debe ser la asamblea de accionistas la que le diga a la Superintendencia quién va a recibir la EPS”, señaló, al enfatizar que no es posible asumir el control de manera inmediata sin seguir los pasos establecidos.