El reciente fallo del Tribunal de Bolívar que establece la suspensión de la medida de intervención a Coosalud EPS, al considerar que no sirvió la acción tomada por el gobierno, encendió las alarmas en el sistema de salud sobre la efectividad de las acciones adoptadas por el Gobierno frente a las EPS que se encuentran en crisis.
Para el director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, la decisión judicial deja un mensaje contundente: la intervención no sólo no resolvió los problemas de la entidad, sino que los agravó.
“El Tribunal está diciendo que la intervención ha sido un fracaso”, afirmó Galán, al explicar que, según el fallo, las medidas adoptadas no garantizaron el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados.
“Por el contrario, evidencian un deterioro en el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios”, señaló.
Deterioro en la atención
De acuerdo con el análisis, el fallo pone sobre la mesa cómo la situación de los usuarios se ha complicado durante el proceso de intervención, especialmente en aspectos críticos como la entrega de medicamentos y la atención oportuna.
Galán advirtió que esta decisión no solo cuestiona el caso puntual de Coosalud, sino que plantea dudas sobre la estrategia de intervenciones masivas aplicada a otras EPS en el país.
“Lo que se está cuestionando de fondo es todo el proceso de intervenciones colectivas, que ha realizado el gobierno nacional”, señaló, al indicar que será necesario evaluar si este precedente puede extenderse a otras entidades bajo medidas similares.
Un precedente con alcance nacional
En la misma línea, Jorge Alberto Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, destacó que la decisión del Tribunal establece una “regla supremamente importante” para el sistema.
Según Toro, los hallazgos evidencian que la intervención no mejoró indicadores clave como la atención a los usuarios, los pagos a prestadores y las garantías de derechos, sino que profundizó la crisis.
“Esta decisión podría convertirse en un precedente jurídico que impacte a otras EPS intervenidas, dado que muchas presentan problemáticas similares”, señaló.
Llamado a replantear la estrategia
El directivo también planteó la necesidad de que la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes interventores revisen a fondo este fallo y lo utilicen como base para redefinir la hoja de ruta de las entidades bajo intervención.
“La decisión puede generar una jurisprudencia replicable”, advirtió Toro, al señalar que el sistema requiere ajustes estructurales que permitan realmente mejorar la atención y garantizar los derechos de los pacientes.
Un debate que apenas comienza
El fallo del Tribunal de Bolívar no solo tiene implicaciones inmediatas para Coosalud, sino que abre un debate más amplio sobre el futuro del modelo de aseguramiento en salud en Colombia y la efectividad de las intervenciones estatales.
Mientras tanto, los usuarios siguen siendo el centro de la discusión, en un contexto donde persisten dificultades en el acceso a servicios, medicamentos y continuidad en la atención, factores que hoy vuelven a estar bajo la lupa tras esta decisión judicial.
Decisión del Tribunal
El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión inmediata de la intervención forzosa sobre Coosalud EPS, al encontrar graves inconsistencias en su ejecución y un deterioro progresivo en la prestación del servicio de salud.
La decisión, adoptada mediante el Auto Interlocutorio No. 072, responde a una acción popular que busca proteger el derecho colectivo a la moralidad administrativa y evitar un perjuicio irremediable para los usuarios del sistema.
El fallo judicial concluye que, lejos de mejorar la situación de la EPS, la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024 y prorrogada en 2025, habría profundizado los problemas administrativos, financieros y asistenciales de la entidad.
“En conclusión, alega la parte actora que la intervención no cumplió su finalidad legal ni constitucional; agravó los indicadores asistenciales, financieros y administrativos; se adoptó y prorrogó sin valorar las causas estructurales del sistema de salud (insuficiencia de la UPC y pagos tardíos de Presupuestos Máximos); desconoció órdenes expresas de la Corte Constitucional (Sentencia T-760 de 2008 y autos de seguimiento); configura un perjuicio irremediable que justifica acudir a la acción popular sin requerimiento previo”, dice.
Los análisis del tribunal dictaminaron que esta intervención no presenta mejoras en la atención.
“De lo anterior, evidencia el Despacho que, si bien el propósito de la toma de posesión para administrar COOSALUD estuvo orientado a corregir situaciones económicas y administrativas, principalmente, las condiciones objetivas que amenazaban su estabilidad, continuidad y permanencia, con el fin de situar a la intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social. El plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios, al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración; no se observa el cumplimiento de las acciones de mejora que dieron lugar a la intervención, lo que incluso hubiese justificado su continuidad”, sostuvo.
Entre los hallazgos más preocupantes, el Tribunal destaca:
Un aumento del 32% en las peticiones, quejas y reclamos (PQR), que pasaron de 81.072 en 2024 a 107.252 en 2025.
Más de 20.000 acciones de tutela por fallas en la prestación del servicio.
Deterioro financiero significativo, con patrimonio negativo y caída en la liquidez.
Incremento en la siniestralidad y en las deudas de la entidad.
Además, se evidenció una alta inestabilidad administrativa, con la designación de cinco interventores en menos de un año, lo que afectó la continuidad en la gestión.