Diversos colectivos sociales, organizaciones de pacientes, gremios médicos, universidades y actores del sector salud, lanzaron una nueva alerta por la actual crisis financiera del sistema de salud colombiano.
Afirman que la crisis se ha profundizado hasta convertirse en una emergencia humanitaria. Advirtieron que la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 está generando consecuencias directas sobre la vida y la salud de los pacientes.
A través de un pronunciamiento público, el Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud exigieron al Gobierno Nacional corregir de manera inmediata y técnica la UPC 2026, garantizar su suficiencia real y cumplir integralmente las órdenes de la Corte Constitucional, en especial lo dispuesto en el Auto 2049 de 2025.
Según los representantes del sector salud, el deterioro del sistema ya se traduce en interrupción de tratamientos, desabastecimiento de medicamentos, aumento de muertes prevenibles, precarización laboral del talento humano en salud y un crecimiento histórico de las acciones de tutela.
“Esta crisis no es una percepción, está ampliamente documentada por organizaciones de pacientes, órganos de control, la Corte Constitucional y estudios técnicos basados en información oficial”, señalaron.
Consecuencias irreversibles
Las organizaciones de pacientes han alertado sobre el impacto irreversible de la crisis. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) denunció la muerte de miles de personas con enfermedades huérfanas.
Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales calificó la situación como una crisis sanitaria sin precedentes, caracterizada por barreras sistemáticas de acceso a los servicios y el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales.
Ante este escenario, esta última organización informó que acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección, argumentando una transgresión sistemática del derecho fundamental a la salud en Colombia.
Alertas y cifras críticas
La Procuraduría General de la Nación también ha advertido de manera reiterada sobre el deterioro de la sostenibilidad financiera del sistema y la vulneración masiva del derecho a la salud.
Señaló que entre 2022 y 2025 se registró un incremento exponencial de quejas y tutelas, que en 2024 alcanzaron 1,6 millones de quejas y más de 265.000 tutelas, afectando de manera desproporcionada a la población más vulnerable.
A esto se suma que las deudas acumuladas del sistema de salud superan los $32,9 billones, una cifra que, según los colectivos, pone en grave riesgo la continuidad de la atención y la estabilidad de hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios.
Orden constitucional incumplida
En el auto 2049 de 2025, la Corte Constitucional reiteró que el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar la suficiencia de la UPC, aplicar correctamente la metodología de cálculo y asegurar el flujo oportuno de los recursos.
Para los firmantes del pronunciamiento, el incumplimiento de estas órdenes no constituye un debate técnico, sino una vulneración directa del derecho fundamental a la salud, con eventuales consecuencias jurídicas.
De acuerdo con análisis técnicos basados en información oficial del Ministerio de Salud, la UPC 2026 debería ajustarse entre un 15 % y un 17,33 %, con el fin de reflejar el gasto real del sistema, la inflación y el aumento en el uso de los servicios.
Mantener una UPC insuficiente, advirtieron, profundizaría la crisis y multiplicaría las acciones judiciales.
“No es opcional, es un deber”
En el comunicado, enfatizaron que la salud no puede administrarse desde la negación de la evidencia técnica y jurídica. Por ello, exigieron poner a los pacientes en el centro del sistema, proteger las condiciones laborales del talento humano en salud y atender las advertencias de los organismos de control.
“Corregir la UPC 2026 no es opcional: es un deber constitucional, institucional y humanitario”, concluyeron.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones de pacientes, asociaciones científicas, universidades, clínicas, gremios empresariales, centrales sindicales y exministros y exviceministros de Salud, quienes coincidieron en que la corrección de la UPC es una medida urgente para evitar que la crisis del sistema de salud continúe cobrando vidas en el país.