La organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones en el país, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal) y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación.
El vocero de la entidad, Denis Silva, afirmó que se ha tenido el incumplimiento consciente, reiterado y material de varias órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y a sus autos de cumplimiento.
“Esto es está relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos que financian servicios y tecnologías no cubiertas por esta”, dijo.
Apuntó que esas omisiones y decisiones administrativas habrían puesto en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios.
Señalamientos por presuntos incumplimientos
Silva afirmó que la denuncia señala que pese a las advertencias expresas contenidas en los autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025, el Ministerio habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado por la Corte Constitucional.
“Entre ellas, no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y fijar el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos completos”, explicó.
Incumplimiento del Ministerio de Salud
Afirmó que la Corte ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales, en materia de suficiencia financiera del sistema.
“Se advierte que las mesas técnicas ordenadas por el alto tribunal para revisar la suficiencia de la UPC habrían sido utilizadas como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real”, indicó.
Resaltó que las restricciones en el acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones previamente definidas por el Ministerio de Salud.
“Las Organizaciones de pacientes y otros actores del sistema habrían denunciado públicamente que sus aportes técnicos fueron ignorados, que no se garantizó una participación efectiva y que, incluso, voceros del Ministerio manifestaron en dichas mesas la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales”, señaló.
Solicitud de medidas cautelares
Denis Silva afirmó que lo que está en juego “no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país”.
Según el pronunciamiento, la conducta del ministro configuraría un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes, mediante actos aparentes de cumplimiento.
“La denuncia solicita a la Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del ministro por presunto fraude a resolución judicial y otros delitos que puedan derivarse del proceso. Además, pide la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias y la evaluación de una suspensión temporal de las funciones relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos mientras avanzan las investigaciones”, agregó.
Desfinanciamiento
Para los denunciantes, estas medidas serían necesarias para evitar la prolongación de un escenario de desfinanciamiento que, según afirman, ya estaría afectando la atención, oportunidad y continuidad de los servicios de salud en el país.
“Pacientes Colombia reiteró finalmente su llamado a que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional y se adopten, sin más dilaciones, las medidas estructurales necesarias para garantizar la suficiencia de los recursos del sistema y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud”, puntualizó.