La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) en una carta enviada al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le expresó su preocupación por los alcances del Decreto 182 de 2026 y sus posibles efectos sobre la operación del aseguramiento en el sistema de salud.
El director de la entidad Juan Carlos Giraldo, afirmó que el mayor riesgo está relacionado con el traslado de afiliados entre aseguradoras y el impacto en la red de prestadores.
“Las medidas contempladas en la norma podrían generar mayores dificultades en un sistema que ya enfrenta problemas financieros y operativos”, dijo.
Contexto actual del sistema
El documento apunta que en condiciones ideales de funcionamiento, mecanismos de reorganización como los planteados en el decreto, podrían contribuir a mejorar el acceso de los usuarios y equilibrar la operación del sistema.
“Sin embargo, es importante señalar que en el contexto actual dista de ser el adecuado para implementar este tipo de medidas”, apuntó.
Según la ACHC, actualmente existen 28 Entidades Promotoras de Salud (EPS) habilitadas, de las cuales ocho están bajo medida de intervención para administrar, dos se encuentran en vigilancia especial y, de las restantes, solo dos cumplen con los indicadores de permanencia exigidos por la regulación, representando menos del 1 % de la población afiliada.
“Las fallas del aseguramiento se reflejan en el aumento de peticiones, quejas y reclamos, así como en la creciente deuda con la red de prestadores de servicios de salud. Esta situación, indican, ha obligado a muchas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a limitar su capacidad de atención o a restringir algunos servicios por falta de recursos e insumos”, sostuvo.
EPS en crisis
La asociación señaló particularmente la situación de Nueva EPS, que concentra el mayor número de afiliados en el país y actualmente se encuentra bajo intervención.
De acuerdo con el estudio de cartera de la ACHC con corte a junio de 2025, esta entidad acumula una deuda de $6,7 billones con las IPS, lo que equivale al 43,1 % del total de la cartera del sistema, además de registrar una morosidad del 60,9 %.
“Para la asociación, estas cifras evidencian que la entidad no tendría capacidad suficiente para responder a sus usuarios actuales y mucho menos para recibir más afiliados en el marco de un eventual proceso de redistribución poblacional. Estas condiciones evidencian que la Nueva EPS no tiene la capacidad para responder a sus usuarios actuales y menos aún para recibir más población y garantizar el equilibrio y estabilidad de la red de IPS”, señala el documento.
Derecho a la elección
El gremio también expresó su preocupación por el impacto que eventuales traslados de afiliados podrían tener en la estabilidad de la atención, así como por el respeto al principio de libre elección de los usuarios, considerado un derecho fundamental dentro del sistema de salud colombiano.
La entidad solicitó al Gobierno nacional priorizar medidas que permitan mejorar la liquidez del sistema y garantizar el pago oportuno a los prestadores.
“Se propone ampliar el mecanismo de giro directo, permitir la utilización de reservas técnicas para el pago de deudas, reglamentar líneas de crédito con aval de la ADRES y revisar procesos que generan glosas injustificadas o devoluciones masivas de cuentas”, sostuvo.
El gremio reiteró que los hospitales y clínicas del país han realizado grandes esfuerzos para mantener la prestación de servicios pese a las dificultades financieras, pero advirtió que decisiones como las planteadas en el Decreto 182 no resuelven la problemática estructural actual y podrían agravarla si no se adoptan medidas complementarias que fortalezcan la sostenibilidad del sistema.