La Veeduría Cívica Armenia y Quindío expresó su preocupación por varias obras importantes que estarían inconclusas en esa región del país.
Según reveló la denuncia, una de las obras es el estadio de Calarcá, que estaba proyectado como una apuesta turística, pero terminó abandonado.
La veeduría alertó sobre una presunta 'incoherencia en las prioridades de inversión' del Gobierno departamental, al contrastar la inauguración de un proyecto de iluminación y pantallas LED en el edificio administrativo, en comparación con el estado de múltiples obras inconclusas en el territorio.
Más de $5.000 millones para las luces de Navidad.
Indicaron que la instalación de las luces navideñas en el edificio de la Gobernación tiene un costo de $5.433 millones, mientras persisten necesidades urgentes en zonas vulnerables del departamento.
Ese organismo señaló que "la nueva iluminación funciona como un elemento decorativo, mientras miles de familias continúan viviendo en condiciones precarias, en invasiones con pisos de tierra, equipamientos deteriorados y carencias en servicios públicos".
La Veeduría sostuvo que en otro punto del departamento, "el Laboratorio de Salud Pública en El Caimo fue señalado como una millonaria inversión que no cumple su propósito" y que se convirtió en un “elefante blanco”, pese a las necesidades en vigilancia en salud.
También reportaron un "deterioro en el coliseo del barrio La Patria en Armenia, cuya cubierta y espacios presentan afectaciones que inciden en la seguridad y el derecho a la educación de niños y adolescentes".
Mientras tanto, en el municipio de Salento, se advirtió la falta de una PTAR efectiva en La Calzada y Boquía, que según la veeduría, ha generado impactos ambientales y dificultades asociadas al manejo del agua.
A esa situación se suman las condiciones de los escenarios de los Juegos Nacionales y Paranacionales, que, según ese organismo, presentan retrasos, improvisaciones y entregas incompletas.
La veeduría le exigió a la Contraloría General, a la Procuraduría, a la Asamblea, personeros y concejos, realizar una revisión integral de los proyectos señalados y publicar información contractual y técnica de cada obra.
Finalmente, la Veeduría invitó a la ciudadanía y a organizaciones sociales a documentar las obras pendientes, al señalar que "las inversiones públicas deben traducirse en proyectos útiles y completos, no en iniciativas de impacto visual que oculten las necesidades del departamento".