El gremio de los defensores públicos protestó nuevamente por la falta de pagos. El Ministerio de Hacienda no ha desembolsado los recursos para cumplir con los honorarios de diciembre de 2025, pese a los reclamos de la Defensoría del Pueblo.
Una fuente del organismo indicó que según un monitoreo, los principales plantones ocurrieron en Cesar, Meta y Norte de Santander. "Obviamente, contra el Ministerio de Hacienda", narró. Las alertas no son nuevas.
"Hacemos un llamado de atención de los defensores públicos a quienes, a hoy, no se les ha cancelado el mes de diciembre", advirtió el Colegio de Abogados Penalistas, la asociación académica más grande de Colombia en el derecho penal, en sus redes sociales.
Videos divulgados en redes sociales muestran pancartas en las que sindicatos de la Defensoría, exigiendo "trabajo en condiciones dignas", rechazan "el acoso laboral" y la "injusta y arbitraria decisión", que le atribuyen al Gobierno nacional, de no pagarle a contratistas.
Más de 4.000 integrantes del sistema de defensa pública no han recibido los honorarios de fin de 2025. La agrupación en la que cada miembro alcanza a cargar hasta 400 casos de personas procesadas que no pueden pagar un abogado particular, pierde la paciencia.
Una disputa recurrente entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Hacienda
El pasado 25 de diciembre, el Colegio reiteró su denuncia. "No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna", sostuvo, y describió a los defensores y las defensoras públicas como "el eslabón más débil de la cadena del sistema penal", indicó el Colegio de Abogadosd
La Defensoría asegura que su intención fue pagar antes de las festividades, pero que el Ministerio de Hacienda no lo permitió. El episodio muestra una nueva disputa entre la entidad encargada de vigilar los derechos humanos en el país y la que controla los desembolsos.
No es una confrontación inédita. A lo largo del 2025, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro —que ternó a Iris Marín en 2024 para liderar la Defensoría— negó peticiones del órgano adscrito al Ministerio Público, a diferencia de, por ejemplo, las de la Procuraduría.
El Congreso le avaló al Ejecutivo un presupuesto de $546,9 billones para 2026. En el primer debate, cuando las comisiones económicas cortaron diez billones de lo que el Gobierno radicó inicialmente, la Procuraduría iba a recibir $1,51 billones. En segundo, la cifra fue de $2,1 billones.
La amplificación coincidió con la aprobación de la Universidad de la Procuraduría, un proyecto insignia del procurador general, Gregorio Eljach, y el avance de la conmemoración del bicentenario del ente de control, con la que la Nación se comprometió a entregar unos $200.000 millones.
Un recorte presupuestal se suma a la falta de pagos
En contraste, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio de Hacienda unos $1,34 billones, teniendo en cuenta su presupuesto actual, la inflación y la llegada de un año electoral.
Tanto el ministeriocomo el Congreso ignoraron la petición. La propuesta del Ejecutivo rondó los $1,21 billones, y el Congreso finalmente asignó $1,19 billones, que representan una reducción de aproximadamente $60.000 millones frente a los rubros actuales.
Iris Marín reconoció que el año pasado la Defensoría no tuvo los recursos suficientes para "el pago oportuno" de los defensores públicos, aunque cada uno "lleva más procesos de los que es razonable". Hacienda se comprometió a girar en enero de 2026 la plata de diciembre de 2025, y hasta ahora no cumple.
La funcionaria grabó un video para los contratistas de la entidad y para el equipo de defensa pública. En él ratificó que de acuerdo con una comunicación del ministerio, no se podrá pagar oportunamente ningún contrato de prestación de servicios.
"Esta situación es completamente ajena a las competencias y decisiones de nuestra institución", sostuvo. La Constitución señala que la Defensoría tiene autonomía administrativa y presupuestal, lo que la ex magistrada auxiliar cuestiona.
Independencia en entredicho y cambios en el modelo de defensa pública
A pesar de la mentada independencia, el Gobierno asignó a su parecer el presupuesto que consideraba adecuado para la Defensoría, el Congreso lo disminuyó y en diciembre llegó la notificación de que no habría pagos para más de cinco mil contratistas y defensores.
Los recursos "estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto", como relató Marín en su cuenta de X. Además, estaban "comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas".
"¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?", reparó la defensora. El Colegio de Penalistas afirmó que "la defensoría pública no es prioridad del Estado". "Es hora de hablar de los abusos que se cometen contra los defensores", concluyó.
Una de las alegadas extralimitaciones era la asignación automática de defensores públicos en ciertos procesos aunque los imputados o acusados tuviesen abogados de confianza. La Defensoría lanzó el 31 de diciembre una directiva que lo modificó.
A partir de este año se confirmó que la defensa pública es un mecanismo subsidiario. "Se acabaron los defensores llanta de repuesto", celebró el Colegio, que le agradeció a Marín. La defensora, por su parte, manifestó confiar en la judicatura para hacer efectiva la nueva norma.
Vienen más protestas
Un comunicado del Sindicato Nacional de Empleados y Contratistas de la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) promete más plantones. La federación alega "pasividad y desinterés" de parte de la Defensoría y le expresa "su más enérgico rechazo" al Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el texto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha expedido el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) —el mecanismo con el que el tesoro nacional distribuye los fondos que deben ejecutarse en determinada vigencia— de diciembre de 2025.
"Esta arbitraria decisión ha generado, a la fecha, el no pago de los honorarios de más de cuatro mil doscientas (4.200) defensoras y defensores públicos, así como de numerosos contratistas de apoyo a la gestión de la Defensoría del Pueblo" que llevan 45 días sin remuneración, dice la misiva.
Sinecodep convocó a "plantones de exigencia" el 19 de enero entre las ocho de la mañana y las doce del mediodía en inmediaciones del Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogotá. La concentración comenzará en la Plaza de Bolívar quince minutos antes.
Desde las dos de la tarde habrá una demostración más, en la sede central de la Defensoría del Pueblo, en la localidad de Chapinero. En Medellín habrá un plantón el mismo lunes. Y El 20 de enero habrá un cese de actividades a nivel nacional. Las actividades "obedecen al espíritu de solidaridad y unión".