La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a prevenir una nueva escalada de violencia en Colombia, luego de los ataques, hostigamientos y hechos con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes regiones del país.
Los hechos se concentraron principalmente en el Cauca y Nariño, aunque también se reportaron acciones en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Ataques con drones y explosivos
De acuerdo con la entidad, en un periodo corto se presentaron ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
La Defensoría señaló que, por ahora, la información disponible no permite establecer que exista una ofensiva nacional coordinada. Sin embargo, advirtió que los hechos reflejan las dinámicas territoriales de distintos actores armados en medio de la fragmentación de las estructuras ilegales.
Uno de los puntos que genera preocupación es que varias de estas acciones ocurrieron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por las comunidades. Algunos de estos hechos ya han dejado afectaciones a civiles y restricciones en la movilidad.
La entidad recordó que su Sistema de Alertas Tempranas ha advertido sobre el uso recurrente de drones y artefactos explosivos y sobre el riesgo que representan estas modalidades cuando son utilizadas en zonas pobladas.
"La población civil no puede ser puesta en riesgo"
La Defensoría hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que no conviertan a las comunidades en escenario de sus acciones. "La población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza".
La entidad insistió en que las acciones armadas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
También pidió que cesen las conductas que puedan afectar la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.
La Defensoría explicó que la existencia de un objetivo militar en una zona poblada no elimina las obligaciones de protección sobre los civiles y los bienes que se encuentren en sus alrededores.
Llamado al nuevo Gobierno
Ante el comienzo de un nuevo Gobierno, la Defensoría planteó la necesidad de fortalecer desde los primeros días la respuesta estatal frente a la situación de seguridad en los territorios.
La entidad consideró que la respuesta debe combinar las acciones de seguridad y defensa con medidas de prevención y protección para las comunidades expuestas a estos hechos.
En ese sentido, destacó la información recopilada por las instituciones y las advertencias del Sistema de Alertas Tempranas como herramientas para anticipar riesgos y orientar respuestas de acuerdo con las condiciones de cada territorio.
La Defensoría anunció que continuará haciendo seguimiento a los ataques registrados y a sus efectos sobre la población.
"La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia", concluyó la entidad.
Claves de este tema en cuatro preguntas:
¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo sobre los recientes ataques en Colombia?
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes regiones de Colombia.
¿En qué departamentos se registraron los ataques?
Los principales hechos se registraron en Cauca y Nariño. También hubo reportes en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
¿Qué tipo de ataques se han registrado?
La Defensoría reportó acciones con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
¿La Defensoría confirmó una ofensiva nacional coordinada?
No. La entidad señaló que la información disponible no permite afirmar que los hechos correspondan a una ofensiva nacional coordinada. Según la Defensoría, responden a dinámicas territoriales y a la actuación de diferentes grupos armados en un escenario de fragmentación.