La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), investigados por las presuntas irregularidades que permitieron el ingreso de una agrupación musical y la realización de una parranda vallenata en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí, sur del Valle de Aburrá.
“Persisten las razones que motivaron la medida cautelar”: Procuraduría
El organismo explicó que la medida se tomó porque persisten las razones que motivaron la medida cautelar y advirtió que el eventual reintegro de los investigados podría facilitar la reiteración de las conductas bajo investigación o interferir en el proceso disciplinario.
Por ello, la Procuraduría consideró que la suspensión sigue siendo una medida idónea para garantizar el esclarecimiento de los hechos.
La medida cautelar fue prorrogada hasta octubre de 2026 y los investigados son los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballes.
También están implicados los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez, al igual que el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia.
Según la Procuraduría, los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando presuntamente se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que ingresó al penal. Además, la investigación apunta a un posible ocultamiento de información y a irregularidades en un informe oficial elaborado tras el evento.
Traslado de cabecillas
La mayoría de los cabecillas criminales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí no fueron trasladados, a pesar de las órdenes presidenciales dadas tras el escándalo de fiestas clandestinas.
En ese sentido, el Inpec confirmó que solo se efectuó el traslado de un interno, alias "Pocho", que según explicó la Mesa de Paz del Valle de Aburrá, fue el único interno que participó en la fiesta vallenata que también hacía parte de la mesa de negociaciones.
Contexto
El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos del sistema penitenciario este año, luego de que se conocieran videos de una parranda vallenata realizada dentro de la cárcel La Paz, en la que participó el cantante Nelson Velásquez junto a cabecillas de estructuras criminales recluidos en ese establecimiento.
La FM reveló posteriormente que la cárcel llevaba cerca de tres años sin un sistema interno de videovigilancia, situación que dificultó la reconstrucción de lo ocurrido durante la celebración y la identificación de los responsables, pues las únicas imágenes disponibles provinieron de cámaras externas y de videos grabados por particulares.
Tras el escándalo, el Inpec realizó un operativo sorpresa en el penal que permitió incautar celulares, computadores, consolas de videojuegos y otros elementos prohibidos, además de decenas de electrodomésticos no autorizados dentro de los pabellones de alta seguridad.
El Gobierno también ordenó reforzar la seguridad del establecimiento, instalar un nuevo sistema de cámaras y desplegar grupos especiales del Inpec, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y penales.
Supuesto plan de fuga
En los últimos días, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, denunció un presunto plan de fuga en el mencionado penal. El presunto plan estaría previsto para ejecutarse antes del 7 de agosto de 2026 y contaría con apoyo logístico externo, incluyendo vehículos y la posible participación de personal ajeno al establecimiento penitenciario.
De Bedout aseguró que entre los internos que, según él, serían objeto del presunto plan de fuga se encuentran cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre ellos alias "Douglas", "Lindolfo", "Tom", "Carlos Pesebre", "Albert", "Naranjo" y "Mundo Malo".
Ante esto, el Inpec ha reforzado la seguridad en el penal por solicitud del actual Ministerio de Justicia, y la Procuraduría exhortó a las autoridades competentes fortalecer medidas de protección y vigilancia por las denuncias de un presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Hasta cuándo fue prorrogada la suspensión provisional de los 10 funcionarios del Inpec y a quiénes cobija la medida?
La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de los 10 funcionarios del Inpec, por lo que la medida estará vigente hasta octubre de 2026.
¿Por qué la Procuraduría decidió mantener la suspensión provisional de los funcionarios investigados?
El Ministerio Público concluyó que aún persisten las razones que dieron origen a la medida cautelar, por lo que consideró que el eventual reintegro de los funcionarios podría facilitar la repetición de las conductas investigadas o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario.
¿Qué irregularidades son objeto de la investigación disciplinaria?
La investigación se centra en los hechos ocurridos el 8 de abril de 2026, cuando presuntamente se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes de una agrupación musical que ingresó al establecimiento penitenciario. Además, la Procuraduría investiga un posible ocultamiento de información y presuntas inconsistencias en un informe oficial elaborado por funcionarios del Inpec después de la realización de la fiesta.
¿Qué otros hallazgos y decisiones se conocieron tras el escándalo de la parranda en la cárcel La Paz?
Luego de que se conocieran los videos de la celebración en el penal, La FM reveló que la cárcel llevaba cerca de tres años sin un sistema interno de videovigilancia en funcionamiento, lo que dificultó reconstruir lo sucedido. Posteriormente, el Inpec realizó operativos en los que incautó celulares, computadores, consolas de videojuegos y otros elementos prohibidos, mientras que el Gobierno ordenó reforzar la seguridad del establecimiento, instalar nuevas cámaras y desplegar grupos especiales para recuperar el control del penal.