El Ministerio de Educación y la Gobernación del Tolima acordaron fortalecer el trabajo conjunto para atender las afectaciones que dejaron el sismo y los incendios registrados en el departamento, que comprometieron la infraestructura de cientos de establecimientos educativos y también generan retos para garantizar la alimentación escolar.
Durante reunión entre la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco Rebolledo, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se presentó un balance sobre la situación de las instituciones y las medidas adoptadas para mantener la prestación del servicio educativo.
Número de afectaciones en del departamento
De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades locales, de las 1.810 sedes educativas existentes en el Tolima, 464 presentan algún nivel de afectación tras las emergencias. De ese grupo, 190 fueron clasificadas como prioritarias debido a la gravedad de los daños.
El informe señala que 105 sedes presentan colapso parcial, mientras que otras 65 están bajo condición de riesgo inminente. Además, 19 establecimientos registraron colapso total, situación que ha obligado a las autoridades a implementar diferentes alternativas para evitar la interrupción de las clases.
Continuidad de los procesos de formación
En algunos municipios, las comunidades educativas han sido trasladadas temporalmente a otros espacios, mientras que también se han puesto en marcha estrategias de trabajo en casa y educación apoyada en herramientas virtuales. Estas medidas buscan garantizar la continuidad de los procesos de formación mientras se recuperan las instalaciones afectadas.
Como respuesta de corto plazo, la gobernadora Adriana Magali Matiz propuso instalar aulas prefabricadas en las zonas con mayores necesidades, con apoyo del Batallón de Ingenieros. La iniciativa busca disponer de espacios alternativos que permitan retomar las actividades académicas en condiciones adecuadas.
Condiciones particulares de cada territorio
Por su parte, el Ministerio de Educación anunció que conformará un equipo técnico para acompañar a la Gobernación en la evaluación, organización y priorización de las sedes que requieren intervención, de acuerdo con la magnitud de los daños y las condiciones particulares de cada territorio.
La alimentación escolar también fue uno de los asuntos centrales del encuentro. Para 2026, el departamento solicitó revisar la aplicación de la Resolución 0003 de ese año, considerando las circunstancias derivadas de las emergencias.
De cara a 2027, las entidades acordaron avanzar desde ahora en la planeación y financiación del PAE. Los incendios afectaron la producción agropecuaria y las cadenas locales de abastecimiento, lo que podría dificultar las compras públicas locales y el suministro de determinados alimentos.
El compromiso es mantener la coordinación institucional para recuperar los espacios educativos y garantizar tanto las clases como la alimentación de los estudiantes afectados.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuántas sedes educativas del Tolima resultaron afectadas por el sismo y los incendios?
De las 1.810 sedes educativas del departamento, 464 presentan algún tipo de afectación. De ellas, 190 requieren atención prioritaria, debido a la gravedad de los daños registrados.
¿Cuál es la situación más crítica en las instituciones educativas afectadas?
El reporte señala que 105 sedes presentan colapso parcial, 65 están en condición de riesgo inminente y 19 registraron colapso total. Ante esta situación, algunas comunidades educativas fueron reubicadas temporalmente y otras recurren al trabajo en casa y a herramientas virtuales.
¿Qué medidas se plantearon para garantizar la continuidad de las clases?
La Gobernación propuso instalar aulas prefabricadas con apoyo del Batallón de Ingenieros en los territorios más afectados. Además, el Ministerio de Educación enviará un equipo técnico para apoyar la evaluación y priorización de las sedes que requieren intervención.
¿Cómo se garantizará la alimentación escolar tras las emergencias?
Para 2026 se revisará la aplicación de la Resolución 0003 de 2026, mientras que para 2027 se busca anticipar la planeación y financiación del PAE. Los incendios afectaron la producción agropecuaria y las cadenas locales de abastecimiento, lo que podría dificultar las compras públicas y el suministro de algunos alimentos.