La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) alertó que el próximo año el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), debería ser del 17,33% para garantizar la adecuada atención de los más de 24 millones de colombianos afiliados al régimen contributivo.
Así lo manifestó el gremio que representa a las EPS del régimen contributivo, cuando se está a la expectativa de que el Gobierno defina un nuevo ajuste.
Destacó que el cálculo, elaborado con la misma metodología utilizada oficialmente por el Ministerio de Salud, se basa en el comportamiento real del gasto en salud, ajustado por inflación y el aumento en la demanda de servicios.
“Con este porcentaje, la UPC del régimen contributivo alcanzaría los $1.785.164, mientras que la del régimen subsidiado se ubicaría en $1.552.403, si se aplicara proporcionalmente el mismo ajuste”, dijo.
Según el estudio, el proceso de depuración de datos realizado este año por el Ministerio, volvió a excluir una cantidad relevante de registros, que representan servicios de salud efectivamente prestados.
“Para las EPS afiliadas a ACEMI, esto significó la eliminación del 6,3% del gasto, equivalente a más de $2,1 billones, lo que a juicio del gremio deriva en una prima subestimada y, en consecuencia, en una financiación insuficiente del sistema”, manifestó.
Además, ACEMI cuestionó la inclusión de análisis realizados por la ADRES como ejercicios de contraste, al considerar que estos presentan errores metodológicos y no corresponden a las competencias de dicha entidad.
Los datos reportados por las EPS a la Superintendencia Nacional de Salud hasta octubre de 2025 muestran un panorama crítico: la siniestralidad del sistema supera el 111%, el nivel más alto de su historia. Este indicador refleja, según ACEMI, que el incremento aprobado para la UPC en 2025 fue insuficiente y que el sistema está operando en condiciones de déficit estructural.
“La agremiación proyecta que al cierre de 2025 el déficit del periodo podría alcanzar los $9 billones, cifra que se suma a los rezagos financieros acumulados de años anteriores”, explicó.
¿Qué dice la Corte Constitucional?
ACEMI recordó que la Corte Constitucional ordenó en enero de 2025 recalcular la UPC desde 2021 y revisar la metodología utilizada para su construcción, así como garantizar el pago oportuno de los Presupuestos Máximos que cubren tratamientos y medicamentos de alto costo. Según el gremio, estas órdenes no han sido cumplidas por el Gobierno Nacional.
“Para financiar de manera adecuada un ajuste del 17,33%, ACEMI estima que se necesitarían $15,3 billones adicionalesen 2026. El Presupuesto General de la Nación ya contempla un aumento del 17% para el sector salud (unos $10,5 billones adicionales), a lo que se sumarían recursos por contribuciones parafiscales, rentas territoriales y otras fuentes que permitirían cubrir la diferencia”, sostuvo.
El gremio subrayó que priorizar el aseguramiento —garantizar la atención y la protección financiera de los usuarios— debe ser la prioridad del sistema, pues “no es compatible invertir en infraestructura y equipos mientras se mantiene desfinanciada la UPC”.
ACEMI pidió al Ministerio de Salud y a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas realizar en lo que resta del año un cálculo “riguroso, reproducible y suficiente”, y adoptar decisiones que reflejen la realidad de la crisis.
“La asfixia del sistema no puede extenderse un año más”, advirtió la agremiación, destacando que de la suficiencia de la UPC depende la sostenibilidad del modelo de aseguramiento y la garantía de los servicios para los pacientes.