El Instituto Nacional de Vías (Invías) rechazó una propuesta presentada dentro de un proceso de contratación para una obra vial en el corredor La Llanada–Sotomayor, en Nariño, luego de identificar alertas en la composición empresarial de uno de los proponentes.
De acuerdo con el Invías, la decisión se produjo tras el análisis de la propuesta presentada por el proponente plural Consorcios Caminos Estratégicos 2026, dentro del cual participaba la sociedad ING Construguajira S.A.S.
Durante la revisión se detectó que esa empresa incluye en su composición accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en liquidación judicial, firma mencionada en investigaciones relacionadas con el caso Centros Poblados.
Revisión contractual y razones del rechazo
La determinación de rechazar la propuesta se sustentó en hallazgos sobre la situación jurídica de una de las sociedades vinculadas al consorcio.
Según la entidad, ICM Ingenieros se encuentra en proceso de liquidación judicial desde el 25 de agosto de 2022, bajo el marco de la Ley 1116 de 2006, condición que limita su capacidad jurídica a la liquidación de bienes y le impide desarrollar su objeto social.
En medio de la evaluación, Invías también reportó que tras consultas con el liquidador de la compañía, este indicó no haber suscrito documentos relacionados con la constitución de ING Construguajira, aspecto que fue incorporado como parte de las razones para el rechazo del proponente en el proceso contractual.
La propuesta evaluada hacía parte de un proceso de selección para ejecutar obras en el corredor La Llanada–Sotomayor, una vía ubicada en el departamento de Nariño. La entidad señaló que la decisión se adoptó tras una revisión exhaustiva de la documentación y de la composición societaria de los participantes.
El director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, indicó que la medida se enmarca en instrucciones “orientadas al fortalecimiento de controles en los procesos de contratación, bajo lineamientos impulsados desde la dirección de la entidad y el sector Transporte”.
Según la entidad, esas acciones buscan reforzar procedimientos de verificación en las licitaciones y en la evaluación de oferentes.
Controles reforzados en contratación pública
El Invías vinculó esta actuación a un proceso de fortalecimiento de controles internos en contratación. En los últimos meses se han impulsado medidas para profundizar las revisiones sobre propuestas y participantes en los procesos de selección, con énfasis en criterios jurídicos, técnicos y financieros.
Dentro de ese contexto, Invías señaló que actualmente adelanta procesos contractuales que superan los 15 billones de pesos para la ejecución de más de 60 obras estratégicas en distintas regiones del país.
El volumen de estos procesos fue presentado por la entidad como parte del contexto en el que se desarrollan los mecanismos de vigilancia y control contractual.
La entidad también relacionó este caso con la participación de oferentes y ciudadanía en la vigilancia de los procesos.
El Invías destacó la relevancia de alertas y mecanismos de seguimiento dentro de los procedimientos de contratación, en medio del desarrollo de proyectos de infraestructura a nivel nacional.
Proceso se da en medio de vigilancia sobre oferentes
La decisión frente al proponente en Nariño ocurre en un contexto de seguimiento sobre antecedentes empresariales y composición accionaria de los participantes en licitaciones públicas.
La revisión realizada por la entidad se centró en verificar condiciones jurídicas y eventuales alertas que pudieran afectar la validez de la propuesta presentada.
Según el Invías, el rechazo del consorcio obedeció a los hallazgos identificados durante esa revisión y a las verificaciones realizadas sobre la participación de empresas relacionadas dentro del proponente plural.
La actuación se produjo antes de la adjudicación del contrato, dentro de la etapa de evaluación del proceso de selección.
La entidad también informó que mantiene habilitados canales para reportar posibles irregularidades dentro de los procesos contractuales.
Ese llamado fue dirigido a ciudadanos, oferentes y organismos de control como parte de los mecanismos de reporte y seguimiento asociados a la contratación pública.