La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, estaba “plenamente informado” sobre la situación de seguridad en la Comuna 13 y las operaciones de la Fuerza Pública entre 2001 y 2004. La afirmación fue hecha por el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez durante la presentación de la decisión del subcaso Antioquia 1 del Caso 08, en La Escombrera. La JEP compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que evalúen posibles responsabilidades del exmandatario.
La información que habría recibido el entonces alcalde
Las unidades señaladas, la Cuarta Brigada y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, eran las que se reunían con el alcalde. Según Salazar, la administración de Pérez Gutiérrez tuvo un énfasis particular en seguridad y convivencia, y él tuvo un papel activo en el diseño de políticas y en los consejos de seguridad y de gobierno con esas dos instituciones, donde había información permanente que el mandatario y sus secretarios de gobierno recibían. Así lo dijo el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez.
“Entonces, lo primero es que el entonces señor alcalde Luis Pérez Gutiérrez estaba plenamente informado de lo que estaba sucediendo. En el desarrollo del testimonio, él manifestó que no conocía detalles de algunas de las operaciones o que era informado a posteriori. Nosotros comprobamos básicamente que eso se pone en duda porque había habido reuniones y varios de los comparecientes manifestaron que el señor alcalde había sido informado”, declaró.
El dato pesa por el contexto de la decisión. La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 máximos responsables, ocho del Ejército y cuatro de la Policía, y estableció que entre 2001 y 2004 existió un patrón macrocriminal en la Comuna 13: la estigmatización de la población civil como enemiga y un pacto de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara, de las AUC.
Los hallazgos de la JEP en la Comuna 13
Según la Sala, esa alianza se expresó en el intercambio de listados y fotografías de personas señaladas, el uso de paramilitares como guías en operaciones oficiales y la tolerancia frente a su accionar. La decisión documentó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas, entre ellos 87 desapariciones forzadas y 80 homicidios.
Con base en esos hallazgos, la JEP compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen posibles responsabilidades del exalcalde en los hechos que hacen parte del patrón de macrocriminalidad. Salazar aclaró que la compulsa no es una acusación: es una señal a la autoridad competente para que evalúe si hubo conductas penales o disciplinarias. Pérez Gutiérrez no es uno de los 12 imputados.
Al rendir testimonio, el exalcalde dijo que no conocía detalles de algunas operaciones o que era informado después. Para el magistrado, esa versión queda en duda, porque hubo reuniones y varios comparecientes manifestaron que sí fue informado.
Las operaciones Mariscal y El Cebollal
El caso más notorio, dijo Salazar, es la Operación Mariscal, del 21 de mayo de 2002. Según los registros de la unidad intermedia de San Javier, la primera víctima civil ingresó a las 5:15 de la mañana, y la operación había comenzado hacia las tres de la madrugada. En total fueron 37 víctimas civiles, muchas de ellas menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. La pregunta que la Sala le planteó es por qué ni él ni la Secretaría de Salud hicieron algo para informar o detener el accionar de la tropa, siendo el alcalde jefe de policía y con capacidad de pedir protección para la población civil.
El magistrado también señaló que en 2003, luego de la exhumación de cuerpos en El Cebollal, un consejo de seguridad en el que estaba el alcalde afirmó que los cadáveres eran de milicianos o de paramilitares de otra época. Según la Sala, esa información no tenía fundamento y desviaba la necesidad de verdad en un contexto de desaparición forzada. Después se comprobó que los cuerpos eran de víctimas con entre tres o cuatro semanas y ocho meses de haber sido asesinadas, es decir, durante su administración.
Claves de la noticia:
¿Qué concluyó la JEP sobre el conocimiento que tenía Luis Pérez Gutiérrez de la situación en la Comuna 13?
La JEP concluyó que el entonces alcalde de Medellín estaba plenamente informado sobre lo que ocurría en materia de seguridad en la Comuna 13 y sobre las operaciones de la Fuerza Pública. El magistrado Gustavo Salazar explicó que el mandatario participaba en consejos de seguridad y de gobierno con la Cuarta Brigada y la Policía Metropolitana, espacios en los que recibía información permanente junto con sus secretarios de gobierno.
¿Qué decisión tomó la JEP frente al exalcalde?
La jurisdicción compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que esas entidades evalúen posibles responsabilidades penales o disciplinarias de Pérez Gutiérrez. El magistrado aclaró que esta decisión no constituye una acusación contra el exmandatario. Además, precisó que Pérez Gutiérrez no hace parte de los 12 máximos responsables a quienes la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad.
¿Qué patrón de macrocriminalidad identificó la JEP en la Comuna 13?
La Sala estableció que entre 2001 y 2004 existió un patrón de estigmatización de la población civil como enemiga y un pacto de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa relación habría incluido el intercambio de listados y fotografías de personas señaladas, el uso de paramilitares como guías en operaciones oficiales y la tolerancia frente a sus acciones.
¿Cuántas víctimas documentó la decisión y cuáles fueron algunos de los hechos registrados?
La JEP documentó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas. Entre los casos registrados hay 87 desapariciones forzadas y 80 homicidios. También se refirió a la Operación Mariscal, realizada el 21 de mayo de 2002, en la que se reportaron 37 víctimas civiles, muchas de ellas menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.
¿Qué cuestionamientos hizo el magistrado sobre la Operación Mariscal y el caso de El Cebollal?
Sobre la Operación Mariscal, el magistrado planteó por qué el entonces alcalde y la Secretaría de Salud no habrían informado o intervenido para proteger a la población civil, pese a las funciones y capacidades que tenía el mandatario. En cuanto a El Cebollal, señaló que en un consejo de seguridad de 2003 se afirmó que los cuerpos exhumados correspondían a milicianos o paramilitares de otra época. Según la JEP, esa información carecía de fundamento y posteriormente se estableció que las víctimas habían sido asesinadas entre tres o cuatro semanas y ocho meses antes de la exhumación, durante la administración de Pérez Gutiérrez.