El presidente Gustavo Petro, acompañado de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; del ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, y del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, hizo la entrega de 3.600 hectáreas, a través de la Agencia Nacional de Tierras, a más de 1.000 campesinos afectados por las inundaciones en Córdoba.
En municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté, la ANT recuperó y entregó 714 hectáreas, correspondientes a 11 predios que eran de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y fueron adquiridos por la Agencia. La mayoría estuvo en poder de los condenados Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’; Camilo Torres, ‘Fritanga’, y del exsenador Musa Besaile Fayad, condenado por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación.
En Cereté, el Gobierno del presidente Gustavo Petro recuperó y entregó dos bienes rurales, de 105 y 83 ha, a las organizaciones campesinas Apacis, Asoparcer y Asopico. En Planeta Rica, la ANT aprehendió cinco predios: tres de ellos, de 31, 55 y 26 ha, fueron entregados a la Asociación de Productores Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello; mientras que los dos restantes, de 26 y 35 ha, pasaron a la Asociación de Productores Manos Campesinas.
“Aquí estamos resistiendo y por eso nos encontramos hoy muy felices: porque llegó el Gobierno que estábamos esperando. Llegó la hora de que los campesinos que estábamos en la Ciénaga de Corralito podamos tener tierra. Así es que la gloria nos está apareciendo. Muy congratulados con la presencia del señor Felipe Harman”, dijo emocionado el presidente de la Asociación de Campesinos Artesanales de Cereté, Rafael Espitia.
En Sahagún fue recuperado un predio de 50 ha, el cual fue entregado a la Asociación de Campesinos Productores de la Lucha (Ascaprolu). Este bien rural perteneció al excongresista Musa Besaile Fayad, previo a un proceso de extinción de dominio penal.
“Quiero darle las gracias a este Gobierno por pensar en el campesinado que ha vivido todo este tiempo trabajando con las dificultades en este tipo de humedales y que no tenemos la dignificación para laborar y trabajar por nuestras comunidades. Hoy quiero dirigirme a este Gobierno progresista, Gobierno que ha pensado en las mujeres, las víctimas, en toda la población”, expresó Sherly Miranda, beneficiaria de la reubicación a un predio en acción liderada por la Agencia Nacional de Tierras.
En el municipio de Buenavista se logró la recuperación de tres predios: uno de 101 ha, entregado a la Asociación de Mujeres Campesinas de Costa Rica; otro de 91 ha, destinado a la Asociación Desarrollo Verde del San Jorge, y un tercero de 108 ha, que pasó a la Asociación de Productores y Comercializadores Piscícolas, Agropecuarios, Artesanales y Conservadores del Medio Ambiente.
“Y esa época, en la que las autoridades terminaban amangualándose para quitarle la tierra al campesino, cambió. Eso no pasa en este Gobierno y así lo queremos resaltar. Hoy hemos dispuesto de una cruzada que tiene como decisión política recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba, recuperar los bienes baldíos de la nación, para entregárselos a sus campesinas y campesinos”, acentuó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.
Petro sanciona ley de Jurisdicción Agraria en Córdoba
Desde Cereté, Córdoba, el presidente Gustavo Petro Urrego firmó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Esta decisión del Gobierno permite que el país avance en la construcción de una justicia agraria especializada, con jueces y tribunales dedicados exclusivamente a resolver conflictos de tierras en todo el territorio.
Con la implementación de la jurisdicción agraria, hoy la solución de conflictos por la tierra y la producción agraria podrá resolverse de manera oportuna y respetuosa del régimen agrario, acercando la justicia a las poblaciones campesinas y étnicas.
“No es poco lo que aquí estamos celebrando. Es una manera de hacer la Reforma Agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado. […] Hemos traído libertad, superando las necesidades vitales de mucha gente, y aún hay que seguirlo haciendo (porque) aún falta agua potable, aún falta más comida, aún falta mucha más educación, aún falta mucha más salud”, destacó el presidente Gustavo Petro.
Los jueces y magistrados deben ser expertos en derecho agrario y ambiental. De esta manera, se busca que los conflictos agrarios encuentren soluciones que armonicen los intereses del campesinado y los productores agropecuarios con la protección de los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos.
La nueva ley también introduce la figura de facilitadores agrarios, que tendrán la tarea de orientar a los ciudadanos de forma gratuita, asegurando que los procesos sean claros y comprensibles para todos. También se priorizará la atención en las zonas más afectadas por el conflicto (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET) y donde el conflicto agrario es más intenso.
Con la sanción presidencial de la Ley Estatutaria, el Consejo Superior de la Judicatura podrá iniciar la implementación de la Jurisdicción Agraria, organizando y creando los tribunales y juzgados agrarios y rurales, y avanzando en los procesos de formación y conformación de los despachos judiciales y los equipos técnicos que los acompañarán en la toma de decisiones.
“Tenemos el orgullo de presentar la Ley que este Gobierno sacó con el Congreso de la República para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelven la dignidad al campesinado, y que no sea la violencia la que dirima los conflictos. Fue la apuesta esencial del Acuerdo de Paz y, delante de ustedes, podemos decir que sigue siendo la apuesta más importante del pueblo agrario de Colombia: buscar la paz. Hoy, presidente, decimos con orgullo que hemos cumplido y que sancionamos de sus manos, junto con esta ministra y este pueblo cordobés, la historia de la lucha agraria. Porque hoy hay justicia agraria en manos del primer Gobierno progresista y del campesinado que resiste y persiste”, manifestó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.
Así las cosas, la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural se convierte en un instrumento crucial para consolidar la paz territorial, la equidad social y la seguridad jurídica en el campo colombiano.
“La sanción de esta ley nos permite avanzar en un propósito fundamental: llevar una justicia más cercana al territorio, con jueces que comprendan las dinámicas del campo y respondan de manera efectiva a sus conflictos”, destacó el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo.
Para Juan Felipe Harman, “este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.