La aprobación, este miércoles, de la ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia fue celebrada por la quindiana Fallon Yamileth Hernández, directora de la Fundación Vulvarte en el Quindío, quien calificó la decisión como un avance histórico para la protección de las niñas, aunque advirtió que el país enfrenta ahora el desafío de cumplir la norma sin estigmatizar a las comunidades indígenas donde se ha identificado esta práctica.
“La ley reconoce una realidad que durante años fue ignorada”
Para Fallon Yamileth Hernández, el país finalmente reconoce una problemática que históricamente permaneció subrepresentada dentro de las políticas públicas y de la discusión nacional sobre las violencias basadas en género.
“Representa un gran avance para el reconocimiento de esta afectación a la salud que durante mucho tiempo no recibió la importancia que necesitaba”, afirmó.
La activista destacó además que la ley fue construida bajo una lógica distinta a la de la sanción o el castigo. A su juicio, uno de los principales aciertos del proyecto es que prioriza los procesos de prevención, educación y sensibilización comunitaria.
“No busca ser punitiva con las comunidades. Lo que busca es hacer procesos comunitarios, procesos de prevención y de educación que permitan avanzar hacia la erradicación de estas prácticas”, sostuvo.
La implementación será la verdadera prueba
Aunque celebró la aprobación de la ley, Hernández advirtió que el principal desafío comienza ahora, pues el país enfrenta el reto de garantizar que los compromisos establecidos en la norma se conviertan en acciones efectivas y sostenidas en el tiempo.
“Hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado y del Gobierno colombiano. Lo que esperamos es que realmente pueda cumplirse y que no haya más mutilaciones de ningún tipo”, señaló.
La directora de Vulvarte explicó que la organización participó durante 2025 en espacios de incidencia política relacionados con el proyecto de ley y con su futura implementación. Como resultado de ese trabajo, la fundación impulsó el documento “Tejiendo múltiples voces para erradicar la mutilación genital femenina en Colombia”, un policy brief que reúne recomendaciones para fortalecer la aplicación de la norma.
Entre los planteamientos se encuentra la necesidad de ampliar la mirada territorial sobre la problemática, comprender que puede extenderse más allá de los lugares donde históricamente se ha identificado y fortalecer las estrategias de prevención desde un enfoque intercultural.
Más allá de la mutilación física
Uno de los aspectos sobre los que insistió Hernández es que la discusión no debe limitarse exclusivamente a la ablación genital femenina. Desde su perspectiva, el debate también debe servir para reflexionar sobre otras formas de violencia simbólica y cultural que afectan el cuerpo de las mujeres.
La activista señaló que todas las prácticas que buscan controlar la sexualidad, el placer o la autonomía corporal femenina hacen parte de una misma problemática estructural.
“Es importante que no se estigmatice solamente a las mujeres indígenas. Todas las prácticas que afectan la vulva tienen que ver con el control y la domesticación de la sexualidad y del placer femeninos”, afirmó.
En ese sentido, destacó que la aprobación de la ley puede convertirse en una oportunidad para abrir una conversación más amplia sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.
La decisión del Congreso también fue respaldada por Erika González, quien considera que la norma protege a niñas y adolescentes frente a una práctica que vulnera su integridad y limita el ejercicio pleno de su sexualidad. Y por Derly Zapata, quien señaló que la medida fortalece el respeto por la autonomía corporal y reafirma la necesidad de que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus propios cuerpos.
¿Qué aportó el Quindío a la discusión de esta ley?
De acuerdo con Fallon Yamileth Hernández, la Fundación Vulvarte participó durante el último año en procesos de incidencia política relacionados con el proyecto y su implementación, orientadas a fortalecer la prevención, ampliar el enfoque territorial y evitar la estigmatización de las comunidades donde se ha identificado la práctica.
¿Por qué la ley sigue siendo necesaria en Colombia?
La magnitud del problema quedó reflejada en las cifras más recientes del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), divulgadas por la Fundación PLAN. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 fueron reportados 98 casos de mutilación genital femenina en Colombia, principalmente en comunidades donde esta práctica ancestral aún persiste. El 56 % de las víctimas tenía entre 0 y 5 años de edad y el 83 % de los casos ocurrió dentro del hogar.
Además, organizaciones que acompañaron la construcción de la ley han advertido además que existe un alto subregistro, por lo que la cifra real podría ser superior. Por ello, defensoras de derechos humanos consideran que la aprobación de la norma representa apenas el primer paso de un proceso que busca garantizar que ninguna niña vuelva a ser víctima de esta práctica en el país.