La corrupción ha sido uno de los problemas estructurales más persistentes en Colombia, afectando la confianza ciudadana en las instituciones y debilitando la capacidad del Estado para responder a necesidades sociales fundamentales. Durante años, escándalos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, contratación irregular y financiación ilegal de campañas han generado millonarias pérdidas que impactan directamente la inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura.
Además de sus efectos económicos, la corrupción erosiona la legitimidad democrática, profundiza la desigualdad y alimenta la percepción de impunidad, convirtiéndose en un obstáculo clave para el desarrollo y la estabilidad institucional del país.
A un año de la puesta en marcha de la Línea 157 Anticorrupción, el Ministerio de Defensa presentó un balance que evidencia el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana dentro del sector, así como avances en la lucha contra prácticas que afectan la transparencia institucional y el manejo de los recursos públicos.
Durante el acto conmemorativo, encabezado por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, junto al ministro del Interior, altos mandos de la Fuerza Pública y representantes de organismos internacionales, se destacó que esta herramienta se consolidó como el único canal oficial del Sector Defensa para recibir denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción.
Según el balance oficial, la Línea 157 ha atendido 29.862 llamadas desde su creación, en las que se identificaron 258 presuntos incidentes de corrupción que actualmente son objeto de verificación y seguimiento por parte de las autoridades competentes.
El evento contó con la participación del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, Amado Philip de Andrés, y del director de INL de la Embajada de Estados Unidos, Lance Hegerle, cuya cooperación ha sido clave para fortalecer las capacidades institucionales en la prevención e investigación de delitos económicos.
Resultados del índice anticorrupción
Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa presentó además los resultados del Índice Anticorrupción del Sector Defensa (IASD) correspondiente a 2025, indicador incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y que mide el riesgo de corrupción en una escala de 0 a 100.
El sector alcanzó un puntaje de 83,3 sobre 100, lo que representa un incremento del 30 % frente a la medición anterior y un cumplimiento 28 % superior a la meta proyectada para 2025.
“El combate contra la corrupción no es simbólico. La corrupción no es un concepto abstracto, es un cáncer que debilita la legitimidad del Estado, erosiona la moral institucional y traiciona la confianza ciudadana”, afirmó el ministro Sánchez.
En comparación, en 2024 el sector había obtenido 64,4 %, superando ya la meta nacional fijada para ese año. El resultado más reciente permitió anticipar el cumplimiento del objetivo cuatrienal que buscaba elevar el indicador hasta el 71 % en 2026.
La evaluación se desarrolló durante cinco meses, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, e incluyó entrevistas presenciales a más de 130 servidores públicos de 21 entidades, bajo coordinación de la Oficina de Control Interno Sectorial y con auditorías cruzadas de las inspecciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
El índice analiza cinco áreas críticas: ambiente institucional, finanzas y presupuesto, talento humano, contratación y operaciones, con un enfoque preventivo orientado a fortalecer la cultura de la legalidad dentro de la Fuerza Pública.
Llamado a denunciar y garantías para los ciudadanos
El ministro de Defensa reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos irregulares dentro del sector.
“No importa el rango, el cargo o la trayectoria; si existen pruebas, habrá investigación, y si hay responsabilidad, habrá sanción”, señaló, al invitar tanto a ciudadanos como a integrantes de la Fuerza Pública a utilizar la Línea 157.
El funcionario también destacó el fortalecimiento de la política de cero represalias contra quienes denuncien irregularidades, asegurando garantías reales de protección. “La corrupción prospera donde el silencio es cómplice”, concluyó.
Herramienta clave de cara a las elecciones
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, ante la cercanía de las elecciones del 8 de marzo, el Gobierno busca garantizar condiciones de transparencia y legalidad en todo el país.
Explicó que la Línea 157 permitirá prevenir y denunciar delitos electorales como la compra de votos, la financiación ilegal de campañas, el constreñimiento al elector y el uso indebido de recursos públicos, especialmente en territorios priorizados por riesgo electoral.
“El Gobierno no compite en las elecciones; garantiza las elecciones. El Gobierno no interfiere; protege el proceso democrático”, afirmó.
A su turno, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, destacó que el mecanismo no funciona únicamente como receptor de denuncias, sino que está articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, lo que permite estructurar noticias criminales en tiempo real y activar rutas de investigación con acompañamiento al denunciante.
Con estos resultados, el Gobierno busca consolidar la Línea 157 como una herramienta permanente para fortalecer la confianza ciudadana y cerrar espacios a la corrupción dentro del sector defensa.