Dejar un empleo para dedicarse al cuidado de los hijos, las labores domésticas o las responsabilidades familiares puede generar una dependencia económica dentro del matrimonio. Cuando llega una separación, esa persona puede enfrentar dificultades para cubrir sus gastos mientras busca una nueva fuente de ingresos o reorganiza su vida económica.
La situación económica después de la ruptura puede convertirse, por eso, en uno de los asuntos que requiere atención durante el proceso de divorcio.
En Colombia, la terminación del matrimonio no implica que desaparezcan de inmediato todas las obligaciones económicas entre los cónyuges. La Ley 2442 de 2024 incorporó al ordenamiento una causal que permite solicitar el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los integrantes de la pareja.
La otra persona no puede impedir la terminación del vínculo por el simple hecho de no estar de acuerdo, aunque sí puede controvertir las condiciones relacionadas con los efectos del divorcio.
La misma legislación establece que la propuesta de divorcio puede incluir disposiciones sobre las obligaciones alimentarias y la liquidación de la sociedad conyugal. Además, la norma contempla protección para el cónyuge que carezca de medios para su subsistencia cuando el divorcio se tramite por la causal de voluntad unilateral.
¿Cuándo una persona puede solicitar alimentos a su pareja?
El hecho de no tener empleo no significa, por sí solo, que exista un derecho automático a recibir una cuota. La situación requiere un análisis de las condiciones económicas de ambas partes y de las circunstancias que llevaron a una persona a depender de su pareja.
La Corte Constitucional señala tres criterios para estudiar las obligaciones alimentarias entre cónyuges o excónyuges: necesidad de quien solicita los alimentos, capacidad económica de quien debe pagarlos y permanencia de las condiciones que originaron la obligación. El juez debe revisar estos elementos de acuerdo con las particularidades de cada caso.
La necesidad corresponde a la imposibilidad de cubrir de manera autónoma los gastos básicos. La capacidad económica, por su parte, exige revisar los recursos con los que cuenta el otro cónyuge y evitar una obligación desproporcionada frente a sus ingresos. La permanencia implica comprobar que las circunstancias que justificaron la cuota continúan. Si la situación económica cambia, el juez puede revisar el valor de la obligación o determinar su terminación cuando desaparezca la necesidad.
En ese análisis puede resultar relevante explicar por qué una persona dejó de trabajar. No representa lo mismo una decisión de abandonar voluntariamente una actividad laboral que una salida del mercado de trabajo relacionada con la distribución de las responsabilidades familiares.
La información sobre la vida laboral y económica permite al juez conocer las circunstancias que rodearon la dependencia.
¿Qué documentos pueden demostrar la dependencia económica?
La persona que busque acreditar su situación puede reunir documentos que permitan reconstruir su trayectoria laboral y las responsabilidades asumidas durante el matrimonio. Entre ellos aparecen la historia laboral, las semanas cotizadas a pensión y los documentos relacionados con la vida familiar.
También pueden servir matrículas escolares, registros de citas médicas, testimonios y mensajes que permitan establecer cómo se distribuían las tareas dentro del hogar. Estos elementos pueden ayudar a demostrar qué actividades realizaba cada integrante de la pareja y cuál fue la razón por la que una persona dejó de trabajar.
La Corte Constitucional también reconoce que las labores de cuidado pueden producir consecuencias económicas para quien las asume. En una decisión de 2025, la corporación abordó situaciones en las que una persona dedicada al hogar enfrenta una reducción de sus ingresos después de la separación debido a la falta de remuneración por las tareas de cuidado.
Por eso, la documentación no debe limitarse a los ingresos actuales. También resulta pertinente conservar información que permita conocer la trayectoria laboral y las condiciones económicas durante el matrimonio. Estos datos pueden aportar elementos para establecer si existe una necesidad que justifique la solicitud de alimentos.
Hijos, alimentos y bienes: tres asuntos que no deben mezclarse
Durante un divorcio pueden aparecer varias obligaciones económicas que corresponden a situaciones distintas. Una de ellas consiste en los alimentos destinados a los hijos; otra corresponde a los alimentos que, bajo determinadas condiciones, puede solicitar uno de los cónyuges; y otra se relaciona con la liquidación de la sociedad conyugal y el reparto de los bienes.
La cuota de alimentos de los hijos responde a las necesidades de los menores y no debe confundirse con una eventual cuota para el cónyuge. La liquidación de la sociedad conyugal, a su vez, corresponde al patrimonio que deba distribuirse después de la terminación del matrimonio. Cada asunto requiere un análisis separado.
Tener una vivienda, un vehículo u otro bien tampoco permite concluir automáticamente que una persona dispone de dinero suficiente para cubrir sus gastos cotidianos. Patrimonio y dinero disponible no representan necesariamente la misma situación, por lo que el análisis de la necesidad económica requiere revisar las circunstancias concretas.
La Ley 2442 de 2024 establece que, una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio, se disuelve la sociedad conyugal, mientras ciertos derechos y deberes entre los cónyuges pueden continuar según el caso, incluidos los relacionados con los alimentos.
Por esta razón, durante una separación resulta conveniente mantener por separado la información relacionada con los hijos, los alimentos entre cónyuges y los bienes. Reunir documentos financieros, laborales y patrimoniales permite contar con soportes para cada asunto y evita confundir obligaciones que responden a derechos diferentes.
También conviene revisar con cuidado cualquier acuerdo antes de firmarlo. Una propuesta de divorcio puede incluir disposiciones sobre alimentos y patrimonio, pero cada punto debe quedar identificado de manera clara para determinar qué derecho regula y cuáles son las obligaciones que asume cada parte.
¿Una persona desempleada puede pedir alimentos a su pareja?
Sí puede solicitar alimentos cuando considere que carece de medios para su subsistencia y cumpla las condiciones legales. El desempleo por sí solo no garantiza una cuota, pues el juez debe revisar la necesidad, la capacidad económica de la otra persona y la permanencia de las circunstancias que justifican la obligación.
¿Dejar de trabajar para cuidar a la familia puede ser relevante?
Sí. La trayectoria laboral y la distribución de las responsabilidades familiares pueden aportar elementos para establecer cómo surgió la dependencia económica. Los documentos y demás pruebas permiten al juez analizar las circunstancias particulares del matrimonio y la situación que enfrenta cada persona.
¿Los alimentos y los bienes del matrimonio son lo mismo?
No. Los alimentos buscan cubrir las necesidades de quien carece de recursos suficientes, mientras la liquidación de la sociedad conyugal corresponde al reparto del patrimonio que resulte sujeto a liquidación. Por eso, ambos asuntos deben analizarse por separado dentro del proceso de divorcio.