En una decisión que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial por presunta corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín negó este lunes la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía contra el exdirector de la entidad, Juan David Palacio, y otras tres personas vinculadas a la investigación.
La determinación fue adoptada durante la quinta audiencia del proceso, en la que el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín escuchó los argumentos de las defensas de los implicados: el exdirector Juan David Palacio, la exsubdirectora Ambiental Ana María Roldán, Diana María Montoya Velilla y Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñó como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Los argumentos del juez
En su extensa intervención, el juez explicó que, si bien se cumple el requisito objetivo y existe inferencia razonable de autoría (aspecto que ya fue avalado en la imputación), no se satisfacen las dos finalidades necesarias para imponer una medida restrictiva de la libertad: el peligro de obstrucción a la justicia y el peligro para la comunidad o la sociedad.
"Considera esta adjudicatura que no se torna necesario, adecuado, proporcional en sentido estricto y razonable imponer alguna medida de aseguramiento restrictiva a la libertad", señaló el juez, quien destacó la disposición de los procesados a colaborar con la justicia y el hecho de que ninguno de ellos ocupa actualmente cargos públicos que impliquen ordenación del gasto o manejo de recursos públicos.
El juez hizo énfasis en que, aunque la Fiscalía presentó elementos como el formateo de computadores y advertencias sobre irregularidades en comités de dirección, estos no son suficientes para demostrar que los imputados constituyan un peligro actual para la sociedad.
La postura de la Fiscalía y la víctima
Durante las audiencias, el apoderado y representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Majer Abushihab, reveló que se hallaron contratos con sobrecostos de entre el 261 % y el 474 %, en los que fueron cobrados suministros y kits con más del 200 % del valor real, evidenciando un presunto detrimento patrimonial significativo para la entidad.
Las defensas y la situación actual de los procesados
Los abogados defensores, por su parte, presentaron múltiples elementos para desmentir los riesgos señalados por la acusación. Destacaron que los procesados han comparecido juiciosamente a todas las sesiones de las audiencias, que han mostrado disposición para atender los requerimientos de la Fiscalía desde el año anterior y que actualmente se desempeñan en empleos donde no manejan recursos públicos.
En el caso de Ana María Roldán, se acreditó que actualmente trabaja como investigadora titular en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, donde no es ordenadora del gasto. Diana María Montoya, por su parte, se encuentra vinculada mediante múltiples contratos con el Grupo Agua y la Corporación Cuenca Verde, desempeñando funciones acordes con su formación como ingeniera ambiental. Juan David Palacio, según se informó, trabaja actualmente en la empresa privada.
"Han sido vinculados los ciudadanos a una investigación penal y deberán atender los requerimientos de la administración de justicia", recordó el juez.
Las reacciones y la suspensión de la audiencia
Tras conocer la decisión, tanto la Fiscalía como el apoderado de la víctima anunciaron que interpondrán recurso de apelación. El delegado de la Fiscalía, solicitó un tiempo para organizar los elementos y la argumentación necesaria para sustentar el recurso, petición que fue respaldada por el abogado Abushihab.
El juez informó que este martes 17 de febrero continuará con la audiencia de apelación, a las 2:30 de la tarde.
"Me encuentro no solo cansado por mi turno sino agotado por esta diligencia, es la más larga que he tenido en mi ejercicio profesional", manifestó el juez, quien recordó que el proceso se ha extendido desde el pasado 26 de enero.
Lo que sigue
Con esta decisión, los procesados continuarán en libertad mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la representación de la víctima.
El juez reiteró en su mensaje final: "El que no se imponga una medida de aseguramiento no significa que no se administre justicia. Ya han sido vinculados los ciudadanos a una investigación penal y deberán atender los requerimientos de la administración de justicia".