Un informe de la Contraloría General advirtió que menos del 20 % de los hogares en resguardos indígenas cuenta con acueducto y que el acceso a alcantarillado es prácticamente inexistente. El estudio señala proyectos suspendidos, atrasos contractuales y desequilibrios en la inversión territorial.
Acceso limitado a servicios básicos
La Contraloría Delegada para Población Focalizada concluyó que la cobertura de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) para comunidades indígenas sigue siendo baja. “Menos del 20 % de los hogares en resguardos indígenas cuentan con acueducto y el acceso a alcantarillado es prácticamente nulo”, señala el informe, que atribuye la situación a fallas estructurales en la planeación y ejecución de los proyectos.
Entre 2018 y el 30 de junio de 2025, el seguimiento evidenció proyectos suspendidos por $62.350 millones, equivalentes al 19 % del total analizado. Para la Contraloría, esta situación “genera riesgos de sobrecostos, pérdida de oportunidad y la posibilidad de que las iniciativas terminen como obras inconclusas”.
Cumplimiento contractual, en entredicho
El estudio revisó 50 proyectos de APSB por $326.353 millones. Solo el 52 % cumple los tiempos contractuales; el 14 % está fuera de plazo y el 34 % figura con ciclo cerrado “sin claridad sobre el cumplimiento de sus objetivos”. Según el organismo de control, estos resultados muestran “limitaciones en la planificación, la gestión administrativa y la medición de resultados”.
En 32 de los 50 proyectos, la principal fuente de financiación es el Presupuesto General de la Nación. La Contraloría advierte la necesidad de “promover esquemas de cofinanciación progresiva” que integren recursos nacionales, territoriales y alternativas como regalías, cooperación internacional o fondos especiales para población étnica, con el fin de diversificar el riesgo financiero.
Desequilibrios territoriales
Aunque los recursos se concentran en 13 departamentos con alta presencia indígena, persisten brechas en cobertura y eficiencia del gasto. El informe indica que departamentos con población indígena significativa como Córdoba (10,6 %), Cesar (2,7 %), Vichada (3,5 %), Atlántico (2 %) y Antioquia (1,6 %) no han sido beneficiados con estas inversiones.
Sobre los compromisos con los pueblos indígenas, la Contraloría señaló que el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 reportó un cumplimiento formal del 100 %, pero “no estableció indicadores de impacto” para verificar el cierre de brechas. En el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, los avances son limitados: el programa de APSB para pueblos indígenas registra 7 % frente al 50 % esperado, y el piloto de hábitat integral en la Amazonía alcanza apenas 5 %.