El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0742 del 9 de julio de 2026, una nueva reglamentación que establece, por primera vez en la historia del país, la obligación de proteger los derechos laborales y sindicales de los trabajadores durante el cierre de operaciones mineras.
La norma busca garantizar que los procesos de cierre de minas no se limiten a aspectos técnicos y ambientales, sino que también contemplen medidas para proteger el empleo, asegurar el pago de las obligaciones laborales y promover nuevas oportunidades para los trabajadores y las comunidades afectadas.
Protección laboral obligatoria
Según el Ministerio de Trabajo, la regulación sobre el cierre de minas se concentraba principalmente en los aspectos operativos, ambientales y técnicos.
“Con el nuevo decreto, el Gobierno incorpora un componente laboral de carácter obligatorio que busca evitar que los trabajadores queden desprotegidos cuando finalicen las actividades extractivas”, dijo.
Sanguino destacó que entre las principales obligaciones que deberán cumplir las empresas titulares de proyectos mineros se encuentran:
- Elaborar un censo y caracterización de todos los trabajadores, tanto directos como tercerizados, que puedan verse afectados por el cierre.
- Diseñar y ejecutar un plan para garantizar el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social.
- Realizar exámenes médicos ocupacionales de egreso para hacer seguimiento a posibles enfermedades relacionadas con la actividad laboral.
- Dar prioridad de contratación a los trabajadores cesantes cuando exista sustitución patronal o se desarrollen nuevos proyectos mineros.
“Es importante implementar programas gratuitos de reconversión laboral, capacitación y certificación de competencias en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras entidades del Estado”, sostuvo.
El diálogo social será obligatorio
El Ministerio del Trabajo señaló que uno de los principales cambios introducidos por la nueva reglamentación es que el diálogo con las organizaciones sindicales deja de ser voluntario y pasa a convertirse en un requisito obligatorio.
“El decreto establece que las empresas deberán adelantar procesos de concertación previa con los sindicatos existentes para definir conjuntamente las medidas orientadas a prevenir, mitigar y compensar los efectos sociales y laborales derivados del cierre de las minas”, explicó.
Recalcó que con esta disposición, las organizaciones sindicales tendrán participación activa en las decisiones relacionadas con el futuro laboral de los trabajadores afectados.
Mayor vigilancia del Ministerio del Trabajo
La nueva normativa del Ministerio de Trabajo también fortalece el papel de la entidad durante estos procesos. A través del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección y del cuerpo de inspectores de trabajo, la entidad realizará labores permanentes de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
“Además, podrá ordenar medidas preventivas cuando identifique incumplimientos y emitir conceptos técnicos que harán parte de la evaluación de los planes de cierre presentados por las empresas mineras”, sostuvo.
Transición energética con justicia laboral
La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, aseguró que el decreto representa un cambio histórico en la protección de los trabajadores del sector.
"Este decreto marca un antes y un después en la protección de las y los trabajadores del sector minero. Por primera vez el cierre de una mina deja de ser únicamente un procedimiento técnico para convertirse también en un compromiso con la dignidad del trabajo, la concertación sindical y la protección del mínimo vital de miles de familias", afirmó.
La funcionaria agregó que la transición energética solo será legítima si garantiza justicia laboral y nuevas oportunidades para quienes dependen de la actividad minera.
Nuevas alternativas para las regiones mineras
Aseguró que el Decreto 0742 también incorpora la figura del cierre técnico gradual para la pequeña minería, con el propósito de facilitar una transición ordenada que permita la articulación entre las entidades del Estado y promueva la diversificación económica en los territorios históricamente dependientes de la minería.
Según el Gobierno, esa medida busca impulsar nuevas alternativas productivas para las comunidades y reducir el impacto social que generan los cierres definitivos de explotaciones mineras.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué cambia con el nuevo Decreto 0742 sobre el cierre de minas en Colombia?
El Decreto 0742 de 2026 establece, por primera vez, que los procesos de cierre de minas deben incluir medidas obligatorias para proteger los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. La norma exige garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y otras obligaciones laborales durante el cierre de las operaciones mineras.
¿Qué obligaciones tendrán las empresas mineras cuando cierren sus operaciones?
Las empresas deberán elaborar un censo de los trabajadores afectados, garantizar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, realizar exámenes médicos ocupacionales de egreso, priorizar la contratación de trabajadores cesantes en nuevos proyectos e implementar programas de reconversión laboral y capacitación en coordinación con el SENA y otras entidades del Estado.
¿Qué papel tendrán los sindicatos y el Ministerio del Trabajo en los procesos de cierre de minas?
El decreto convierte el diálogo social en un requisito obligatorio, por lo que las empresas deberán concertar con las organizaciones sindicales las medidas para mitigar los impactos laborales del cierre. Además, el Ministerio del Trabajo fortalecerá las labores de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores.
¿Cómo busca el Gobierno que la transición energética beneficie a los trabajadores y las comunidades mineras?
La nueva reglamentación incorpora mecanismos como el cierre técnico gradual para la pequeña minería, programas de reconversión laboral y estrategias para promover nuevas actividades productivas en los territorios. El objetivo es que la transición energética avance con justicia laboral, protegiendo el empleo y generando oportunidades económicas para las comunidades que dependen de la actividad minera.