La ministra de Salud, Ana María Vesga, afirmó que la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo medida de intervención debe considerarse como la última opción, debido a las consecuencias que podría tener sobre la atención de los usuarios y las deudas pendientes con los prestadores de servicios de salud.
Durante su intervención en el Congreso de Asocajas, la funcionaria señaló que le solicitó al Presidente de la República, Abelardo De La Espriella un plazo para implementar alternativas que permitan resolver la situación financiera de estas entidades antes de recurrir a su liquidación.
“La liquidación de las EPS en medida de intervención debería ser la última de nuestras alternativas o soluciones. Lo más fácil es liquidar. ¿Y a dónde mandamos los usuarios? ¿Y qué hacemos con las deudas de la prestación?”, expresó la ministra.
Vesga explicó que el Gobierno busca avanzar en una hoja de ruta que permita atender los problemas financieros de las EPS intervenidas, establecer compromisos de pago con hospitales y clínicas y recuperar la continuidad de los servicios de salud.
Ministra advierte sobre $7,5 billones en embargos
Uno de los puntos centrales de la intervención fue la advertencia sobre los recursos comprometidos en embargos judiciales. Según la ministra, actualmente hay $7,5 billones en embargos en los juzgados, una situación que, de acuerdo con su explicación, afecta la disponibilidad de recursos para el funcionamiento del sistema.
La funcionaria indicó que, aunque existen disposiciones sobre la inembargabilidad de determinados recursos de la salud, los dineros correspondientes al porcentaje de administración que reciben las EPS de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) terminan siendo objeto de embargos.
“Necesitamos levantar embargos, necesitamos negociar esos pasivos acumulados y necesitamos garantizar el corriente”, manifestó.
La UPC es el valor que se reconoce por cada afiliado para financiar la atención en salud. En ese contexto, la ministra señaló que las dificultades para disponer de recursos y cumplir oportunamente con las obligaciones financieras afectan tanto a las aseguradoras como a los prestadores.
Negociar las deudas y garantizar los pagos corrientes
La propuesta del Ministerio contempla separar las deudas acumuladas de las obligaciones corrientes, es decir, distinguir los compromisos financieros pendientes de los pagos necesarios para garantizar la prestación cotidiana de los servicios.
Según Vesga, la incertidumbre sobre el pago de los servicios prestados afecta la relación entre las EPS y las instituciones de salud. Advirtió que algunos prestadores pueden limitar la prestación cuando no tienen certeza de recibir el dinero correspondiente.
“¿Qué necesitan los prestadores? Certeza sobre el corriente. Si el corriente se cumple, el sistema vuelve a fluir”, afirmó.
La ministra sostuvo que garantizar los pagos corrientes permitiría dar mayor estabilidad a la operación de hospitales y clínicas, mientras se definen acuerdos para responder por las obligaciones acumuladas.
En paralelo, planteó la posibilidad de establecer compromisos de pago con plazos definidos, incluso si los acuerdos implican reconocer una parte de las deudas y renegociar las condiciones para cancelar el saldo.
Como ejemplo, mencionó que un prestador podría considerar un acuerdo que contemple el pago del 60 % o el 70 % de una deuda, siempre que exista un compromiso serio y un plazo cierto para cumplirlo. Sin embargo, aclaró que actualmente el Gobierno no cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para implementar ese tipo de mecanismos en los términos planteados.
Gobierno busca un mecanismo jurídico para reestructurar las deudas
Para avanzar en la normalización financiera de las EPS intervenidas, Vesga señaló que el Gobierno estudia dos rutas legales y busca el acompañamiento del Congreso de la República para encontrar la alternativa que permita actuar con mayor rapidez.
Entre las posibilidades mencionó la creación de un mecanismo jurídico similar al contemplado en la Ley 1116 de 2006, que regula procesos de insolvencia empresarial y reorganización, con el propósito de facilitar la renegociación de pasivos y recuperar la operación de las entidades.
La propuesta, según explicó, permitiría avanzar en el reperfilamiento de las deudas, establecer acuerdos con los acreedores y generar condiciones para que las obligaciones financieras no sigan comprometiendo la prestación de los servicios.
La ministra insistió en que la prioridad es encontrar instrumentos que permitan atender las deudas acumuladas sin desatender las obligaciones del presente. Para ello, consideró necesario conciliar los saldos entre aseguradores y prestadores, definir planes de pago y garantizar los recursos destinados a la operación corriente.
La liquidación, como última alternativa
Las declaraciones de Vesga dejan en evidencia que la discusión sobre el futuro de las EPS intervenidas no se limita a determinar si deben continuar operando o ser liquidadas. También incluye la búsqueda de mecanismos para responder por las deudas, reducir el impacto de los embargos y garantizar que los usuarios puedan acceder a los servicios.
La ministra señaló que estas medidas hacen parte de la hoja de ruta que el Gobierno espera desarrollar durante los próximos meses y reiteró la necesidad de contar con herramientas legales para ponerlas en marcha.
Por ahora, la propuesta expuesta en el Congreso de Asocajas se centra en tres objetivos: levantar los embargos, negociar los pasivos acumulados y asegurar los pagos corrientes. Su implementación dependerá de las alternativas jurídicas que se definan y del acompañamiento legislativo requerido para avanzar en la reorganización financiera de las EPS intervenidas.
El planteamiento del Ministerio busca evitar que la liquidación sea la primera respuesta a la crisis financiera de estas entidades, en medio de las preocupaciones por la continuidad de la atención de los afiliados y el pago de las obligaciones con hospitales y clínicas.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Por qué la ministra de Salud pide que la liquidación de las EPS intervenidas sea la última alternativa?
La ministra Ana María Vesga afirmó que liquidar estas entidades podría generar dificultades para trasladar a los usuarios y resolver las deudas pendientes con hospitales y clínicas. Por eso, solicitó al presidente de la República un plazo para implementar otras medidas antes de considerar la liquidación.
¿Cuánto dinero está comprometido en embargos judiciales, según la ministra?
Vesga advirtió que hay $7,5 billones en embargos judiciales. Según explicó, esta situación afecta la disponibilidad de recursos de las EPS y dificulta el funcionamiento del sistema de salud, especialmente por los embargos que recaen sobre recursos destinados a su administración.
¿Qué propone el Gobierno para resolver las deudas de las EPS con hospitales y clínicas?
La propuesta consiste en conciliar las deudas entre aseguradores y prestadores, negociar los pasivos acumulados y establecer acuerdos de pago con plazos definidos. Además, busca separar esas obligaciones de los pagos corrientes para garantizar que hospitales y clínicas reciban oportunamente los recursos por los servicios que prestan.
¿Qué mecanismo jurídico busca el Gobierno para reorganizar las deudas de las EPS intervenidas?
La ministra señaló que el Gobierno estudia dos rutas legales y busca el apoyo del Congreso para crear mecanismos que permitan renegociar las deudas y normalizar la operación de las entidades. Entre las alternativas mencionó un instrumento similar al de la Ley 1116 de 2006, que regula procesos de insolvencia y reorganización empresarial. La estrategia contempla levantar embargos, negociar los pasivos acumulados y garantizar los pagos corrientes.