Ministerio de Ambiente presentó recursos para destrabar directrices ambientales en la Sabana de Bogotá

La entidad activó mecanismos jurídicos tras fallos judiciales, luego de procesos de concertación y participación sobre ordenamiento hídrico.
La Sabana de Bogotá, saliendo por la Autopista Norte Crédito: Foto de Colprensa

El Ministerio de Ambiente anunció la interposición de recursos legales frente a una decisión judicial que mantiene suspendida la adopción de las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá.

La entidad informó que estas acciones buscan que el proceso sea revisado nuevamente por las instancias judiciales competentes, luego de que se mantuvieran medidas cautelares que impiden su publicación.

Recursos legales y decisiones judiciales

La actuación del Ministerio se produce tras la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de mantener las medidas cautelares vigentes sobre las directrices ambientales. Ante este escenario, la cartera ambiental presentó un recurso de apelación contra el fallo y anunció que solicitará una nueva revisión ante el Consejo de Estado, instancia que previamente había impartido órdenes relacionadas con el proceso de concertación.

La entidad señaló que ha cumplido con las instrucciones judiciales emitidas desde 2025, las cuales exigían adelantar espacios de concertación institucional con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (CECH).

Dicho proceso incluyó ocho jornadas de trabajo desarrolladas entre junio y noviembre de ese año, que culminaron con una audiencia pública realizada el 26 de noviembre y con una decisión adoptada el 4 de diciembre, mediante la cual el CECH solicitó el levantamiento de las medidas cautelares.

La ministra de Ambiente (e) Irene Vélez, confirmó la presentación de los recursos de ley, reiterando que las actuaciones del Ministerio se han desarrollado con respeto por las decisiones judiciales y dentro de los marcos establecidos por las autoridades competentes.

Proceso de concertación y participación

El ministerio informó que además de las jornadas con el CECH, lideró un amplio proceso de participación ciudadana que incluyó 165 espacios de diálogo.

En estas actividades se registró la participación presencial de más de 20.000 personas, entre habitantes de la Sabana de Bogotá, colectivos ciudadanos, gobiernos locales y representantes del sector privado.

Durante este proceso también se recibieron más de 6.500 aportes virtuales y se contabilizaron más de 10.000 visitas al proyecto de resolución, cifras que, según la entidad, hacen parte del cumplimiento de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la concertación institucional y social.

El Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica, junto con los actores involucrados y el Gobierno Nacional, alcanzó un consenso para avanzar en el ordenamiento de la Sabana de Bogotá alrededor del agua, en línea con lo dispuesto por el Consejo de Estado y tras finalizar las jornadas de trabajo previstas.

Alcance de las directrices ambientales

Las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá buscan orientar el desarrollo de más de 420.000 hectáreas distribuidas en 31 municipios de influencia de la región.

Entre sus objetivos se encuentran el fortalecimiento de la resiliencia climática y la garantía de la seguridad hídrica para más de 10 millones de personas.

El documento plantea acciones para la protección de ríos, quebradas y humedales, así como la restauración ecológica de ecosistemas estratégicos como páramos, bosques andinos y zonas de alta montaña. Estas medidas están orientadas a promover un crecimiento urbano compatible con la conservación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales.

El Ministerio contextualizó este proceso como parte de un esfuerzo por atender “una deuda histórica” en el ordenamiento territorial alrededor del agua, señalando que las directrices se enmarcan en compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en lo dispuesto por la Ley 99 de 1993.

La entidad reiteró que continuará adelantando las acciones legales necesarias para que las directrices ambientales puedan ser revisadas nuevamente por las autoridades judiciales y avanzar en su eventual adopción, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley.