El Ministerio de Educación Nacional puso en conocimiento de los organismos de control una serie de presuntas irregularidades identificadas en la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), encargada de orientar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante el periodo 2022-2026.
La decisión se tomó luego de una revisión administrativa y una auditoría interna que evidenciaron deficiencias en la asignación de recursos públicos, problemas en las herramientas tecnológicas y fallas en el seguimiento territorial a la entrega de alimentos en las instituciones educativas.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, aseguró que las situaciones encontradas comprometen aspectos fundamentales para garantizar la alimentación de los estudiantes y su permanencia en las aulas. Por esta razón, anunció una reestructuración de la entidad para fortalecer los controles, corregir las fallas y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
"Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles", afirmó la funcionaria.
Seis hallazgos encendieron las alarmas en el PAE
De acuerdo con el informe del Ministerio de Educación, la revisión de la gestión de la UApA permitió identificar seis situaciones que fueron remitidas a las autoridades competentes para su respectiva evaluación.
Uno de los principales hallazgos corresponde a la asignación de recursos sin una metodología técnica que respaldara los criterios de distribución. Según la cartera educativa, durante las mesas de trabajo adelantadas con la Contraloría General de la República se evidenció que la administración anterior habría distribuido recursos sin garantizar una metodología que permitiera justificar las decisiones y asegurar la trazabilidad de los dineros públicos.
También se detectó una posible sobrestimación de costos en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), situación que, según el Ministerio, requiere un seguimiento estricto para evitar que las ineficiencias en el gasto afecten la cobertura y la atención efectiva de los estudiantes beneficiarios del programa.
Otro de los problemas identificados está relacionado con el funcionamiento del Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (SIPAE), contratado con Colombia Digital. Según la auditoría, la herramienta fue recibida sin operar. Además, después de la firma del contrato se establecieron cinco criterios de asignación incompatibles con lo contratado, lo que dejó a la entidad sin un sistema funcional para administrar el programa.
Contratos aumentaron más del 100 % y detectaron contratistas que no se presentaron
La revisión también encontró irregularidades en la contratación de personal. Según el Ministerio, durante 2026 los contratos de prestación de servicios aumentaron más del 100 % frente a vigencias anteriores.
Al verificar los documentos de supervisión, la entidad encontró casos de contratistas que nunca se presentaron a la institución y otros en los que no había evidencia de actividades relevantes que justificaran los servicios contratados.
A estas situaciones se sumaron presuntas actividades de proselitismo político realizadas por integrantes del equipo territorial de contratistas en diferentes regiones del país.
El Ministerio también identificó fallas en la supervisión de la entrega efectiva de los alimentos en las instituciones educativas, así como debilidades en el seguimiento de las denuncias y quejas ciudadanas relacionadas con la operación del PAE.
Para la cartera educativa, estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer los canales de recepción de denuncias, garantizar el seguimiento individual de cada caso y mejorar la coordinación con los organismos de control.
MinEducación anuncia medidas para corregir las irregularidades
Frente a las situaciones identificadas, la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda explicó que la UApA comenzó a implementar una serie de medidas administrativas y técnicas para recuperar la capacidad operativa de la entidad y fortalecer la vigilancia sobre los recursos destinados a la alimentación escolar.
Entre las principales acciones se encuentra la revisión técnica de las 97 asignaciones territoriales realizadas a las Entidades Territoriales Certificadas. Paralelamente, se adelantan mesas técnicas con los organismos de control para construir una metodología transparente que relacione los recursos asignados con los beneficiarios verificables, las necesidades de cada territorio, el comportamiento de las ETC y los costos debidamente sustentados.
En materia tecnológica, se inició una revisión gerencial del SIPAE, con entregables definidos, responsables y pruebas de funcionamiento, con el propósito de adecuar la herramienta a las necesidades reales de la UApA y verificar los cálculos utilizados en la administración del programa.
Otra de las medidas corresponde a la depuración de los contratos de prestación de servicios. El Ministerio informó que comenzó la revisión del personal contratado y que se estructuró el equipo de trabajo para 2027 bajo criterios de resultados y eficiencia.
Suspensión de contratos por presunto proselitismo político
En relación con las actividades políticas identificadas en los equipos territoriales, el Ministerio informó que fueron suspendidos los contratos de las personas vinculadas con estas actuaciones.
Adicionalmente, se establecieron controles sobre las reuniones con las comunidades y se trasladaron las denuncias a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes.
La entidad también anunció el fortalecimiento de los canales oficiales de atención de la UApA, con el objetivo de recibir las alertas ciudadanas y garantizar que cada denuncia tenga un seguimiento verificable.
UApA reporta ahorro de $1.200 millones en gastos administrativos
Dentro de las medidas de reorganización, el Ministerio destacó la aplicación de acciones de austeridad para reducir los costos de funcionamiento de la entidad.
Según el balance oficial, la UApA logró disminuir en un 9 % mensual los costos de su espacio de operación, lo que representa un ahorro cercano a los $1.200 millones.
La reducción de gastos hace parte de la estrategia de depuración administrativa y optimización de los recursos públicos, que busca orientar el presupuesto hacia el cumplimiento de las responsabilidades del programa de alimentación escolar.
"La alimentación de los niños no se negocia"
La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda reiteró que el Gobierno busca corregir las fallas identificadas y fortalecer los mecanismos de control para garantizar que los recursos del PAE lleguen efectivamente a los estudiantes.
"Pese a las fallas heredadas, en este gobierno asumimos el compromiso de poner el Ministerio de Educación en orden, actuar con transparencia y proteger los recursos públicos. La alimentación, el derecho a la educación y el futuro de nuestros niños no se negocian", concluyó.
Con el traslado de los hallazgos a los organismos de control y la implementación de las medidas correctivas, el Ministerio de Educación busca recuperar la capacidad operativa de la UApA, fortalecer la vigilancia sobre los contratos y garantizar que el Programa de Alimentación Escolar cumpla su propósito de contribuir a la permanencia de los niños y jóvenes en las instituciones educativas.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Cuáles fueron las principales irregularidades encontradas por el Ministerio de Educación en la gestión de la UApA entre 2022 y 2026?
La revisión administrativa identificó seis situaciones críticas: asignaciones presupuestales sin sustento técnico, posibles sobrecostos en varias Entidades Territoriales Certificadas, un sistema tecnológico (SIPAE) que fue recibido sin funcionar, un aumento superior al 100 % en los contratos de prestación de servicios durante 2026, presunto proselitismo político por parte de contratistas y fallas en la supervisión de la entrega de alimentos y el seguimiento de las denuncias ciudadanas.
¿Qué encontró el Ministerio de Educación sobre los contratos de prestación de servicios durante 2026?
La auditoría encontró que la contratación por prestación de servicios aumentó más del 100 % frente a vigencias anteriores. Además, al revisar los soportes de supervisión, se identificaron contratistas que nunca se presentaron a la entidad y casos en los que no se acreditaron actividades relevantes que justificaran los contratos.
¿Qué medidas anunció el Gobierno para corregir las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar?
El Ministerio anunció la revisión técnica de las 97 asignaciones territoriales, la recuperación funcional del sistema SIPAE, la depuración de los contratos y la estructuración del equipo de trabajo para 2027. También informó sobre la suspensión de contratos de personas vinculadas con presunto proselitismo político, el fortalecimiento de los controles territoriales y la atención de las denuncias ciudadanas.
¿Cuánto dinero logró ahorrar la UApA y qué acciones se adelantan para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos?
La UApA redujo en un 9 % mensual los costos de su espacio de operación, lo que representa un ahorro cercano a los $1.200 millones. Además, inició la revisión de las asignaciones presupuestales, fortaleció los canales oficiales para recibir denuncias y trasladó los hallazgos identificados a los organismos de control para las investigaciones correspondientes.