El Ministerio de Transporte dio una respuesta que podría ser clave en la investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra F2X S.A.S., empresa propietaria de Flypass. La entidad aseguró que no ha autorizado a ningún operador de peajes electrónicos a cobrar a los usuarios un valor adicional a la tarifa del peaje.
El pronunciamiento se conoce luego de una denuncia relacionada con descuentos de aproximadamente $220 por cada paso por un peaje que, según los denunciantes, se estarían realizando a usuarios de Flypass.
La respuesta del Ministerio del pasado 7 de septiembre de 2026, ya fue incorporada al expediente que lleva la SIC y podría convertirse en un elemento importante dentro de la investigación.
La pregunta que le hicieron los ciudadanos al Ministerio
Todo comenzó con un derecho de petición presentado el pasado 14 de agosto por Hernán Antonio Panesso Mercado y Manuel Antonio García Giraldo.
Los ciudadanos le preguntaron al Ministerio de Transporte si había autorizado a alguno de los intermediarios del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular a cobrar a los usuarios una suma adicional a la tarifa oficial del peaje.
La pregunta tenía un segundo componente: si existía esa autorización, solicitaron que se les entregara una copia del documento que la permitía. La respuesta fue negativa: el Ministerio no presentó ningún acto administrativo que autorizara ese tipo de cobros. Por el contrario, señaló que no ha autorizado a ningún operador del sistema a cobrar valores adicionales a los usuarios.
¿Qué dice la norma sobre estos cobros?
En su respuesta, el Ministerio recordó lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 20213040035125 de 2021.
Esta disposición establece que no se pueden imponer al usuario cobros adicionales a la tarifa del peaje por la prestación de los servicios relacionados con el sistema de recaudo electrónico.
La entidad también citó la Circular Externa 20255000000467 del 13 de agosto de 2025, en la que se reiteraron lineamientos relacionados con las condiciones de recarga y el cumplimiento de las reglas vigentes.
En otras palabras, el Ministerio sostiene que el valor que debe pagar el conductor por utilizar un peaje electrónico no puede incrementarse simplemente por el uso del sistema.
Los denunciantes hacen una precisión
Para los ciudadanos que presentaron la denuncia, la respuesta del Ministerio es relevante porque, según ellos, existe una diferencia entre informar un cobro y tener autorización para hacerlo.
Hernán Antonio Panesso Mercado explicó que la consulta no buscaba determinar si los usuarios conocían previamente el descuento: “Nosotros no le preguntamos al Ministerio si el cobro estaba publicado. Le preguntamos si alguien lo había autorizado”, afirmó.
Su argumento es que avisarle a un usuario que se realizará un cobro no significa necesariamente que exista una autorización de la autoridad competente para hacerlo. Ese punto deberá ser analizado ahora por la Superintendencia dentro del proceso que adelanta contra F2X S.A.S.
El cobro de $220 que está bajo la lupa del Ministerio y la SIC
La denuncia está relacionada con un descuento cercano a los $220 adicionales por cada paso por un peaje para algunos usuarios de Flypass.
A primera vista puede parecer una suma pequeña. Sin embargo, los denunciantes ponen el foco en la cantidad de transacciones que realiza la plataforma. Según la información incluida en la denuncia, Flypass registra cerca de cuatro millones de transacciones cada mes.
Esto significa que un descuento que individualmente puede pasar desapercibido podría repetirse cada vez que un vehículo atraviesa un peaje utilizando el servicio. Por ahora, corresponde a la SIC determinar si el cobro denunciado se ajusta a las normas de protección al consumidor y a las reglas que regulan el sistema de peajes electrónicos.
Flypass ya tiene un antecedente ante la SIC
F2X S.A.S. ya había enfrentado una actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio. En abril de 2025, la entidad sancionó a la compañía con una multa superior a $700 millones por hechos relacionados con prácticas contractuales abusivas y cobros no autorizados.
Sin embargo, esa decisión corresponde a hechos diferentes y no debe confundirse con la investigación que actualmente está en curso. El nuevo proceso está identificado con el radicado 25-632620 y es adelantado por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.
Con la respuesta del Ministerio de Transporte ya incorporada al expediente, la SIC tendrá que establecer ahora qué alcance tiene ese pronunciamiento y si el cobro cuestionado por los usuarios cumple con las normas establecidas.